Andrés Beltramo Álvarez

Ordenado sacerdote en 1958, su carisma y personalidad le permitieron lentamente asumir un creciente poder no sólo en la parroquia sino también en la Pía Unión Sacerdotal, un semillero local de vocaciones. En la década de los 80 tomó el control del templo del Bosque, que convirtió en un intenso centro pastoral.

Por su obra pasaron decenas de sacerdotes e incluso los obispos Juan Barros Madrid (vicaría castrense) y Andrés Arteaga (auxiliar de Santiago de Chile). Para sus seguidores su “fama de santidad” era indiscutible, aunque estuviera todavía vivo; para la Iglesia chilena su labor era ejemplar. Pero la verdadera historia era otra: abuso de poder, manipulación psicológica y pederastia.

El 22 de junio último el actual arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati Andrello, informó a Fernando Karadima que la Santa Sede había decidido rechazar la apelación a una sentencia en su contra por abusos sexuales de menores.

En un documento de dos páginas (fechado el 18 de marzo) la Congregación para la Doctrina de la Fe ordenó al sacerdote retirarse a una vida de penitencia y oración, le prohibió ejercer de manera pública su ministerio de por vida, dirigir espiritualmente, confesar, tener contacto con los miembros o ejercer cargo alguno en la Pía Unión Sacerdotal.

El texto, firmado por el cardenal William Joseph Levada (prefecto) y Luis Francisco Ladaria (secretario), fue la conclusión definitiva al primer proceso canónico que aplicó, hasta sus últimas consecuencias, las nuevas normas sobre “Delicta graviora” (delitos graves de los sacerdotes) aprobadas por el Papa en julio de 2010.

El “escándalo Karadima” se convirtió en un emblema de justicia vaticana por varios motivos: porque la Doctrina de la Fe tomó con seriedad las primeras denuncias (recibidas en 2010) sin importar el espesor eclesiástico del involucrado; porque condujo una investigación minuciosa y dictó sentencia pese a que la justicia civil había cerrado el caso.

De hecho los magistrados chilenos se vieron obligados a reabrir sus pesquisas luego que el arzobispo de Santiago anunció públicamente, el 18 de febrero, la sentencia de culpabilidad contra Karadima emitida por la Santa Sede. Aquel inédito anuncio, en rueda de prensa y con la lectura del fallo en la televisión nacional, marcó un inédito precedente.

Roma había pedido explícitamente a Ezzati difundir la sanción, aunque se trataba de una primera instancia que podía ser apelada. Inmediatamente el sacerdote fue despojado de su cargo y trasladado a un monasterio de la capital chilena. Su entorno recibió la noticia con estupor, rabia e indignación mientras el acusado mantuvo su declaración de inocencia.

Contra Karadima El Vaticano decidió conducir un proceso administrativo por dos razones: las claras evidencias de culpabilidad y la avanzada edad del imputado (80 años). El sacerdote recibió un trato similar a Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo y abusador de menores. En ambos casos se renunció a celebrar un juicio eclesiástico para evitar la muerte de los acusados sin condena, porque un proceso penal, con las diversas instancias de apelación, consume tiempo y recursos humanos.

Para el caso chileno la Doctrina de la Fe tomó mayores recaudos y designó un comité de tres delegados que lo estudiaron, a diferencia de la costumbre de nombrar un solo delegado, responsable de consultar a especialistas antes de proponer una sentencia. Esto no evitó el recurso de apelación presentado por los defensores de Karadima ante la “feria cuarta”, la plenaria de la Congregación, que lo rechazó ratificando la culpabilidad del imputado.

Con el voto de la “feria cuarta” la Santa Sede cerró el capítulo eclesiástico del escándalo, pero aún resta abierto un capítulo político. La justicia chilena solicitó por vía diplomática a Roma los documentos de la investigación canónica y la Secretaria de Estado vaticana deberá decidir, en las próximas semanas, si responde positiva o negativamente.

Otro de los resultados de la actuación vaticana fue el arrepentimiento público del arzobispo emérito de Santiago de Chile, Francisco Javier Errázuriz, quien pidió perdón a las víctimas por no haberles creído cuando le hicieron llegar sus acusaciones contra Fernando Karadima en el año 2004.

“Ahora yo comprendo que, sobre todo las dos primeras personas que acusaron, al ver que esto quedaba en suspenso, tuvieron un gran sufrimiento. Es un sufrimiento que yo no quise causar de ninguna manera, y por el cual les pido perdón”, sostuvo. Pero, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos o Irlanda, en este caso El Vaticano intervino con prontitud, claridad y contundencia en un proceso que se ha convertido en un verdadero modelo de justicia canónica. Mientras tanto la justicia civil sigue su curso.

Escándalo Karadima: justicia vaticana modelo