La sentencia del TEPJF afecta a cualquier ministro de culto

La Archidiócesis de México considera propio de una dictadura impedir la libertad de expresión de los sacerdotes

 

A través de su órgano oficial de difusión, Desde la Fe,
la archidiócesis de México calificó como aberrante y propio de una
dictadura la de­ter­mi­na­ción del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), de callar a los ministros de culto
bajo la supuesta defensa del Estado laico y advirtió que la
libertad de opinión no es una concesión benévola del Estado, sino
que forma parte de los derechos fundamentales del hombre.

11/07/11 8:18 AM


 

(La Prensa) Desde la fe lamenta la decisión del TEPJF de sancionar al encargado de Comunicación Social de la Arquidiócesis de México, padre Hugo Valdemar, por pedir a sus fieles no votar por el PRD por promover el aborto, el matrimonio entre homosexuales y la posibilidad de adopción por parte de parejas del mismo sexo, lo cual se contrapone a los dogmas católicos.

La publicación denostó la decisión de los magistrados que consideraron que la opinión de un sacerdote puede atentar contra los valores democráticos de la sociedad, lo que a su parecer, no es más que una aberración. A decir de la Archidiócesis de México, la posición de los magistrados reprime el derecho de los sacerdotes a formar parte de una sociedad democrática y plural.

Considera que el tratar de imponer mordaza a los ministros de culto conculca la libertad de opinión, que es un derecho humano universal que alcanza a todos los seres "muy a pesar de los promotores del laicismo" extremo, cuya posición se ha convertido en la "gran dictadura" de nuestro tiempo.

Desde la Fe opina que la justificación de la sanción a Hugo Valdemar por el Tribunal Elector "se olvida que todo ciudadano sea o no sacerdote tiene derecho de manifestar su punto de vista según sus valores y principios, ya que éstas son las reglas en la democracia". Desgraciadamente, lamenta lacónicamente, "nuestros magistrados no han acabado de entenderlo".

A manera de pregunta, la Archidiócesis advierte la necesidad de que gobernantes, legisladores y jueces entiendan que la libertad de opinión no es una concesión benévola del Estado, sino que forma parte de los derechos fundamentales del hombre reconocidos no sólo en la Constitución, sino en los tratados internacionales firmados por México.

De ahí que critica severamente la forma tan "plana y simplona" con que aquellos que imparten justicia -interponiendo los derechos políticos por encima de los humanos- interpretaron las leyes a favor de sus intereses y a costa de las garantías fundamentales no sólo de un sacerdote de la Iglesia Católica, sino de cualquier ministro de culto que expresa su opinión con relación a algún partido político.