20.07.11

 

Europa Laica, nombre dado a una organización laicista anticatólica -y por tanto herramienta del progresismo en este país- anda intentando tocarnos las narices a los católicos desde hace tiempo. Algunos de sus argumentos son tan ridículos que parecen más bien propios del guión de la actuación de unos payasos de circo. Dicho sea esto con todo el respeto a esos magníficos profesionales que alegran la vida de niños y adultos.

Por ejemplo, en su última propuesta han tenido la genial idea de pedir a la Fiscalía General del Estado que esté vigilante ante las palabras del Papa en la próxima JMJ. Les preocupa cualquier crítica del Papa contra formas de convivencia de la sociedad española, leyes aprobadas democráticamente o debates legislativos. En otras palabras, si al Papa le da por decir verdades como que el aborto es un crimen, el matrimonio homosexual algo contra natura y el divorcio un cáncer de la sociedad, entonces la Fiscalía ha de intervenir. No se sabe bien en base a qué ley quieren que intervenga, pero ellos lo piden. Una cosa es segura. Esos tipos quieren poner una mordaza al Papa. Pues bien, lo lleváis claro, majetes.

De hecho, lo que sí existe en el código de derecho penal español es el siguiente artículo:

Artículo 525.
1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.

Lo mismo va siendo hora de que los católicos pidamos a la Fiscalía que vigile las declaraciones y las actividades de Europa Laica, que sin duda van en contra de nuestros sentimientos y además son anticonstitucionales. Y es que, les guste o no a esos señores, la Constitución española dice lo siguiente en su artículo 16:

Artículo 16.

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Puede que el punto 3 de ese artículo de nuestra Constitución moleste profundamente a esos anticlericales decimonónicos de Europa Laica, pero por sí solo basta para desmontar la payasada de argumentos que utilizan vez tras vez para atacar a la Iglesia. Así que, señores, si les molesta que el Papa venga a decir lo que tiene que decir, son libres de decirlo. Pero hagan el favor de dejar en paz a las instituciones del Estado. No son suyas. Al menos no más que nuestras. De hecho, esas instituciones tienen el deber constitucional de cooperar con la Iglesia Católica.

Luis Fernando Pérez Bustamante