Polémica en Panamá por un proyecto de ley para introducir la pena de muerte

(Fides/InfoCatólica) El proyecto de ley está en conflicto con el artículo 30 de la Constitución panameña, que prohibe la pena de muerte. Es también contrario a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre y los convenios internacionales de los que Panamá es parte, que suponen la supresión de la pena capital.

Entre los católicos, la noticia ha causado un gran malestar. Maribel Jaén, miembro de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica dice que la aprobación de la pena de muerte es "inhumano" y va en contra de la doctrina cristiana: “Nosotros, como Iglesia, creemos en el sentido profundo de la vida, por lo tanto, ningún Estado tiene derecho a quitar la vida a nadie”.

Sin embargo, el Catecismo de la Iglesia Católica no descarta la pena de muerte en algunos casos:

2266 La preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio. Por este motivo la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir, en casos de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte. Por motivos análogos quienes poseen la autoridad tienen el derecho de rechazar por medio de las armas a los agresores de la sociedad que tienen a su cargo.

Aunque a su vez propone medios incruentos para proteger a la sociedad de los delincuentes:

2267 Si los medios incruentos bastan para defender las vidas humanas contra el agresor y para proteger de él el orden público y la seguridad de las personas, en tal caso la autoridad se limitará a emplear sólo esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana.

Maribel Jaén también recordó que muchos países ya han abolido la pena de muerte después de constatar que esta pena no consigue reducir el crimen.

Esta polémica recuerda a la nacida en el debate sobre la reforma del código penal, cuando la Iglesia se expresó en defensa del derecho a la vida.

El Defensor del Pueblo, Patria Portogallo, rechazó el proyecto de ley, diciendo que esto no ayuda a reducir la delincuencia en el país.

Su posición es apoyada también por el anterior Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, quien señala: "Esto es dar un paso atrás en el progreso democrático, no es la mejor manera de luchar contra el crimen", y cree que es necesario rechazar de inmediato lo que llamó una "propuesta imprudente e inadecuada".