Por la presencia de pornografía en la web del Mº de Educación

Profesionales por la Ética estudia denunciar al Gobierno de Zapatero por corrupción de menores

 

Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, ha asegurado que estudian «denunciar al Gobierno de Zapatero por corrupción de menores, concretamente por el artículo 186 que establece prisión o multa para los que difundan o exhiban material pornográfico entre menores de edad», por el material que existe en el apartado de recursos educativos de la web del Ministerio de Educación.

17/10/11 8:03 AM


 

(PpE/InfoCatólica) Urcelay ha asegurado que “asimismo, vamos a exigir al Partido Popular la inmediata derogación de la actual legislación sobre el aborto porque consagra un modelo de educación sexual que carece de consenso científico y social y atenta gravemente contra los derechos de los menores y sus padres”.

El pesidente de Profesionales por la Éticaha adelantado esa posible denuncia al hacer público el “Informe Ideas clave sobre educación sexual en los centros escolares. Consideraciones científicas y éticas” realizado por el Área de Estudios de la asociación.

El citado informe asegura que las estrategias de prevención realizadas a través de campañas, o mediante programas de salud sexual introducidos en el ámbito escolar, carecen de consenso científico y social nacional e internacional, lo que confirma la necesaria neutralidad ideológica del Estado y las administraciones en esta materia.

“Los dirigentes políticos”,  ha explicado Urcelay, “deben conocer cinco condiciones básicas para considerar científica y éticamente aceptable cualquier actividad en el ámbito escolar”:

  1. Veracidad de la información transmitida.
  2. Nivel de evidencia que sustente las actuaciones preventivas propuestas.
  3. Eficiencia esperable.
  4. No maleficencia resultante de las actuaciones realizadas.
  5. No actuar en contra de la voluntad de padres o tutores.

En España, siempre según el Informe de Profesionales por la Ética, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo y en especial su capítulo educativo, se ha considerado “parte fundamental de las políticas preventivas y del derecho a la salud pública” pero no cumple ninguno de los 5 requisitos formulados como estándares de obligado cumplimiento.