22.02.12
Perú: la universidad más “rebelde” que nunca
La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se resiste a cambiar su estatuto, pese a la solicitud expresa del Vaticano. Representantes de profesores y alumnos se manifestaron en las últimas horas contra el ultimátum impuesto por la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que puso al 8 de abril como límite para presentar enmendada la normativa interna universitaria. Las autoridades de la casa de estudios están ante una encrucijada: cumplir las peticiones de Roma o mantener su rebeldía y exponerse a una drástica sanción.
“Nuestra universidad se rige por la Constitución Política del Perú, la legislación peruana y su estatuto”, declaró el vicerrector Efraín González de Olarte en un video publicado este lunes 21 de febrero en el sitio de internet de la PUCP. Con esas palabras el funcionario mantuvo la postura ya decretada por la Asamblea Universitaria el 23 de septiembre de 2011: una posición de rechazo a la solicitud vaticana de adherir formalmente a la constitución apostólica “Ex Corde Ecclesiae”.La PUCP debió cambiar sus documentos internos más de 10 años atrás, para incluir en los mismos una serie de indicaciones desprendidas de dicha constitución emanada por Juan Pablo II en 1991. Nunca lo hizo y, por el contrario, se enfrascó en una controversia con el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani Thorne, quien al mismo tiempo funge como “gran canciller” de la institución.
Pero los tiempos del diálogo y la negociación tuvieron su punto final este lunes 21 en Roma, cuando el rector Marcial Rubio fue recibido por el secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone. La audiencia duró apenas 15 minutos, en un ambiente para nada amistoso. El cardenal se limitó a entregar al funcionario una carta en la cual le instó a modificar el estatuto “por el bien de la misma PUCP y de la Iglesia en el Perú”.
En la capital peruana la reacción al ultimátum fue negativa. La presidenta de la Federación de Estudiantes del centro educativo, Sigrid Bazán, dijo a la estación de radio RPP Noticias que los alumnos rechazan cualquier reforma.
“La postura de los estudiantes es no aceptar las reformas si siguen siendo las que presentó el cardenal Cipriani el año pasado. Es un rechazo a todas las reformas que planteo él, pero en todo caso, la posible pérdida del título honorifico de Pontificia no afectaría a cuestiones como la calidad académica”, aseguró.
Con esas palabras Bazán se refirió a dos puntos fundamentales de la actual controversia: por un lado al papel del gran canciller en la administración cotidiana de la universidad y, por otro, a las represalias que podría sufrir la misma si se niega a cumplir las exigencias de Roma.
En su carta entregada al rector Rubio, Bertone indicó que la universidad está obligada a introducir en su estatuto una serie de indicaciones emitidas por la Congregación para la Educación Católica del Vaticano en julio de 2011. Se trata de una lista larga de enmiendas que, ante todo, reservan el derecho del gran canciller de intervenir en la administración cotidiana de la casa de estudios, desde la protección de su identidad católica hasta la elección de futuros rectores.
Las modificaciones exigidas por la Santa Sede buscan terminar con una situación irregular que se arrastra desde hace muchos años, incluso antes de la llegada de Juan Luis Cipriani al arzobispado de Lima. Porque, con el correr de las décadas, la PUCP logró forjar un sistema de gestión interna independiente de todas las estructuras eclesiásticas, que en la actualidad se encuentran totalmente marginadas de su vida institucional.
Mientras el gran canciller es ignorado por todas las instancias, tampoco son tomados en cuenta por la Asamblea Universitaria los cinco representantes del episcopado peruano (diversos obispos del país), quienes desde hace cuatro años optaron por no asistir a las sesiones de trabajo de ese organismo.
A esta situación el rector Marcial Rubio y sus colaboradores la llaman “autonomía universitaria”, que se extiende también al ámbito económico y administrativo. De hecho, paralelamente al conflicto eclesiástico, existe un contencioso jurídico entre las autoridades de la PUCP y el arzobispo limeño por el manejo de los bienes de la institución, especialmente los terrenos heredados a la misma por el poeta y político José de la Riva Agüero en la década de los 40 del siglo pasado.
Al donar esas tierras el benefactor estableció, como una de sus condiciones, que vigilara sobre los mismos una Junta de Administración formada por representantes de la universidad y del arzobispado. El órgano funcionó correctamente por más de 50 años hasta que, en 1994, el entonces rector Salomón Lerner y Carlos Valderrama, nombrado por el entonces Arzobispo de Lima, cardenal Augusto Vargas Alzamora, “convinieron en que la intención de Riva Agüero los conducía a acordar que la universidad debería ser quien administrara sus bienes, y que la junta sólo administraría las mandas testamentarias”.
Este acto también dio independencia administrativa a la PUCP para decidir unilateralmente sobre unas posesiones que, según una auditoría de 2010 realizada por la firma estadounidense Pricewaterhouse Coopers, asciende en la actualidad a 219 millones de euros (unos 290 millones de dólares).
Para defender su control independiente sobre esos recursos las mismas autoridades universitarias abrieron -en 2007- un proceso ante la justicia civil que llegó hasta el Tribunal Constitucional peruano y que, en todas las instancias, dio la razón al arzobispado de Lima. La última sentencia data de diciembre de 2012 y, hasta el momento, no ha tenido cumplimiento efectivo.
Por ello y con el objetivo de resolver definitivamente este conflicto, con todas sus aristas, El Vaticano realizó un último esfuerzo y ordenó una visita apostólica, una auditoría que encargó al cardenal húngaro Peter Erdö. La misma tuvo lugar del 5 al 11 de diciembre pasado. ¿Su resultado? Un rotundo fracaso, porque no logró mover ni un ápice la posición de franca rebeldía de quienes dirigen la casa de estudios.
Con todos estos antecedentes no es difícil comprender el ultimátum impuesto por la Secretaría de Estado del Vaticano. El 8 de abril es la fecha límite para que la universidad demuestre su filial adhesión a la Iglesia y al Papa, modificando su estatuto. Si no cumple corre el riesgo de sufrir una sanción drástica: perder sus títulos de “pontificia” y “católica”.
A eso se refería la líder de los estudiantes Bazán. Para algunos en Lima si la Sede Apostólica decide privar a la institución de esos nombres, poco importa. Pero el riesgo, a esta altura del conflicto, es real y las consecuencias serían deplorables, especialmente para los alumnos. Si deja de ser “pontificia”, denominación que ostenta desde 1942, tendría serias dificultades en lo que respecta a su capacidad de otorgar títulos de grado.
Además un desconocimiento oficial de parte del Vaticano provocaría una transferencia de los bienes donados por Riva Agüero al arzobispado de Lima, que se vería obligado a fundar otra universidad.
Por lo pronto el rector Marcial Rubio informará el próximo 26 de febrero de su reunión con Tarcisio Bertone a la Asamblea Universitaria. Ese día quedará clara cuál será la posición oficial de las autoridades universitarias. ¿Mantendrán su abierta rebeldía?