5.04.12

Perú: la “universidad rebelde” quiere salirse con la suya

A las 6:17 AM, por Andrés Beltramo
Categorías : Iglesia en México

Del Vatican Insider

El conflicto por el control de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) está a punto de dar un giro inesperado. La rebeldía de sus directivos contra las autoridades eclesiásticas podría quedar asentada directamente en sus estatutos, gracias a una serie de acuerdos que la Asamblea Universitaria se alista a aprobar. Una reforma que, en la práctica, despojaría a la Iglesia de una institución de su propiedad. Pero no todo está dicho, la última palabra la tiene El Vaticano.

Apenas este 3 de abril la universidad informó públicamente que, tras una serie de conversaciones sostenidas en las pasadas semanas con el arzobispado de Lima y la nunciatura apostólica, se elaboró una “propuesta común” que pondría fin a todos los diferendos en curso. La misma será sometida a votación de la Asamblea el viernes 13 de este mes.

Ese documento pretende responder al “ultimátum” impuesto por la Secretaría de Estado de la Santa Sede con fecha de vencimiento del 8 de abril, fiesta de Pascua. El 21 de febrero el secretario de Estado de la Santa Sede, Tarcisio Bertone, fue muy claro: la universidad debe cambiar sus estatutos para adherir plenamente a la constitución apostólica “Ex Corde Ecclesiae”, emanada por Juan Pablo II en 1990 y que rige a todos los institutos católicos de educación superior del mundo.

El Vaticano fue preciso al solicitar que la reforma incluya en los estatutos todas las recomendaciones emitidas por la Congregación para la Educación Católica en julio de 2011 y que buscan salvaguardar la legítima autoridad eclesiástica sobre el claustro. Pero, en lugar de cumplir cabalmente con esa petición, el rector Marcial Rubio y la Asamblea Universitaria prefirieron abrir una nueva ronda de negociaciones que ocupó gran parte del mes de marzo y llevó a la redacción de la “propuesta común”.

A estas alturas no se cumplirá el “ultimátum”, entre otras cosas porque el rector pidió una prórroga de los tiempos a la Sede Apostólica.

Vatican Insider tuvo acceso al contenido de esa “propuesta común”, explicada a la Asamblea en un texto de presentación -de 10 páginas y con comentarios al margen- distribuido el mismo 3 de abril a todos los miembros del organismo. De ese escrito se desprende que, con el afán de llegar a un acuerdo y evitar la ruptura definitiva, la Iglesia cedió en los puntos fundamentales, permitiendo prácticamente que las autoridades universitarias se salgan con la suya.

Y no sólo eso, el texto reconoce además –de manera implícita- que el rector Rubio y sus colaboradores faltaron a la verdad en varios momentos del conflicto, al declarar públicamente informaciones parciales que distorsionaron la percepción de la comunidad universitaria y de los medios de comunicación sobre el mismo.

En su momento ellos sostuvieron que no tenía mayor importancia si perdían los títulos de “pontificia” y “católica”, que las leyes peruanas les favorecerían en sus litigios contra el Arzobispado de Lima y que nunca iba a proceder un reclamo eclesiástico por los bienes de la universidad.

Ahora la posición cambió sustancialmente. El documento mencionado aceptó, por primera vez y sin ambigüedades, que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los bienes heredados por el benefactor José de la Riva Agüero es totalmente desfavorable a la universidad y condiciona el uso de sus propiedades.

Además señaló las dificultades que enfrentaría si le revocasen sus títulos, tanto de “pontificia” como “católica” y advirtió que, de no adecuar sus estatutos, afrontaría seguramente un reclamo del Estado Vaticano a la República del Perú por la restitución de sus bienes ya que, de alguna manera, la autoridad eclesiástica podría alegar que los mismos le fueron confiscados.

Este último punto es la clave de todo, porque bien saben los directivos universitarios que su institución pertenece a la Iglesia católica. Algo que se negaban a aceptar antes y menos reconocerán ahora, sí en privado pero no en público. Porque, según la interpretación del rector Rubio, el “acuerdo común” permitirá que en sus nuevos estatutos la universidad declare que se rige únicamente por la Constitución del Perú y por las leyes de ese país, sin incorporar automáticamente del Derecho Canónico a su régimen jurídico.

Así las cosas será plasmado, por escrito, que la PUCP es “propiedad de sus docentes, estudiantes y graduados”. Eso permitirá definir -de una vez por todas- que sus bienes no son eclesiásticos, cancelando cualquier reclamo justo de la Iglesia sobre los mismos. Eso sí, la enajenación de algunas propiedades, el estudio del presupuesto y otros manejos administrativos podrán ser fiscalizados por una Comisión Económica Especial conformada por tres “profesionales”: uno designado por el rector (que la presidirá), un representante del Gran Canciller (el arzobispo de Lima) y otro de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP).

El nuevo estatuto entregará a la Asamblea Universitaria la exclusiva potestad para elegir al rector y a los vicerrectores. No existirán ternas que someter al Gran Canciller. Él, junto con los obispos delegados del episcopado en la Asamblea, darán un parecer no vinculante sobre la idoneidad de los candidatos a esos puestos. Pero nada más. No tendrán capacidad alguna de intervenir, sólo se limitarán a recibir los nombres elegidos y someterlos a la sección correspondiente del Vaticano para su aprobación. Una vez autorizados recibirán la profesión de fe de los directivos, con la cual podrán iniciar sus labores.

En este apartado se incluyó un “candado” doctrinal: la condición explícita que el rector elegido debe “llevar una vida en fidelidad al magisterio de la Iglesia”. Una aclaración necesaria pero teórica, porque no se especificó qué ocurriría si el directivo actúa en total contradicción con las enseñanzas católicas.

De hecho el “acuerdo común” consideró otros “candados” similares: otorgar al Vaticano la facultad de vetar cualquier reforma al estatuto universitario si la misma afecta alguna prerrogativa vinculada con la Iglesia, reconocer el derecho de los estudiantes a ser formados en los principios morales y religiosos católicos, y obligar a sus autoridades a velar por el respeto a los representantes de la jerarquía eclesiástica.

Pero es todo teoría, porque en la práctica las cosas quedarán más o menos como hasta ahora, con cambios menores. Quienes tendrán el sartén por el mango serán los mismos que mantuvieron durante años su abierta rebeldía contra el Arzobispado de Lima, la Santa Sede y el Papa. Sólo que ahora esa posición quedará suscrita en unos nuevos estatutos, por escrito y con todas las de la ley.

Siempre y cuando la Asamblea Universitaria apruebe el “acuerdo común”, algo que todavía no es seguro. Si el “ala dura” del organismo triunfa y rechaza cualquier reforma, se consumaría la ruptura definitiva con la autoridad eclesiástica. Todo se dirimiría en los tribunales y, con gran probabilidad, el rector Marcial Rubio renunciaría. El resto sería simplemente caos.

Nota bene.- Tras la publicación de este artículo la PUCP emitió un comunicado (se puede leer completo aquí) en el cual anuncia un “impasse” en las negociaciones con el Arzobispado de Lima. Mal pinta la cosa.