Iglesia-Estado24 de abril del 2012“Por una sociedad radicalmente laica”, consigna del XXIV congreso de Juventudes Socialistas de Madrid. Objetivos: funerales de estado aconfesionales, eliminar símbolos religiosos de edificios públicos, revisar acuerdos con el Vaticano y suprimir la ‘X’
Juventudes Socialistas de España (JSE) debatirá en su próximo Congreso Federal una propuesta de medidas para una sociedad "radicalmente laica", con respeto a todas las religiones e ideologías, y entre ellas menciona la supresión de la casilla en la Declaración de Hacienda a la Iglesia Católica. "La Iglesia Católica, como ninguna otra confesión, puede tener un trato de favor en lo referente al pago de impuestos".
Estas propuestas forman parte del borrador de ponencia marco para el 24 Congreso Federal. El congreso se celebrará entre el 27 y el 29 de abril en la sede de UGT Madrid y en su transcurso se debatirán estas otras propuestas.
La separación "efectiva y transparente" entre los poderes públicos y "cualquier confesión religiosa" ocupa apenas una página entre las 145 del borrador de ponencia, pero incluye medidas muy concretas, como la supresión de símbolos religiosos en todos los edificios y actos oficiales o que en los funerales de Estado no haya "ningún tipo de participación o de confesión religiosa".
Además, proponen que los poderes públicos puedan participar en actos religiosos, pero que no haya actos de 'ofrecimiento', como que los alcaldes rindan su bastón de mando ante alguna autoridad religiosa.
También estudiarán pedir la reforma del artículo 16 de la Constitución de 1978 para que no haya ninguna referencia a ninguna confesión religiosa en particular, y que se apruebe una Ley de Libertad Religiosa "en la que se consagre la laicidad del Estado" y el derecho de los ciudadanos "a profesar cualquier confesión religiosa que no atente a los derechos fundamentales". El "sometimiento" de las mujeres, la "ablación" y otras prácticas "que anulen a las personas" deben perseguirse y erradicarse, puntualizan.
El borrador también propone que la relación entre los poderes públicos y la Iglesia Católica se base en la "denuncia y revisión" de todos los acuerdos con el Vaticano y en "fiscalización y transparencia suficiente" de las ayudas que recibe la Iglesia Católica, exigencia que extiende a todas las confesiones.