Según la secretaria general de Sanidad
El aborto por motivos médicos o de salud seguirá siendo financiado por el Estado
La secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, ha asegurado que «no va a salir» de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) «ninguna prestación sanitaria» que obedezca a motivos médicos o de salud, tampoco en el caso de los abortos. Así lo ha asegurado antes de la presentación del estudio Epine 2011, en respuesta a los periodistas que le han preguntado expresamente por la posibilidad de que esta prestación saliera de la nueva cartera de servicios básicos que prepara el Ministerio junto con las comunidades autónomas
03/05/12 4:20 PM
(InfoCatólica/EP) La pasada semana, representantes de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) denunciaron que Sanidad no descarta la posibilidad de retirar el aborto de la cartera básica.
Actualmente, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva permite el aborto libre y voluntario hasta la semana 14 de gestación, siempre que haya recibido información sobre sus derechos y las ayudas de que puede disponer para la maternidad, al menos tres días antes del aborto.
Todavía no ha quedado claro si los abortos que no están motivados por razones médicas seguirán formando parte de dicha cartera básica. En todo caso, cabe recordar que con la anterior ley del aborto, el supuesto que despenalizaba en caso de "riesgo para la salud psicológica" de la madre se convirtió en un auténtico coladero por el cual se llegó a más de cien mil abortos al año.
Criterios de eficacia y calidad
La responsable de Sanidad ha recordado que tras el último Real Decreto Ley aprobado por el Ejecutivo la semana pasada, se creará una Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones Sanitarias que será la que decida las prestaciones que estarán en la cartera de servicios, atendiendo a "criterios de eficacia y calidad".
El Real Decreto Ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario aprobado recientemente por el Gobierno establece que el Gobierno acordará con las comunidades autónomas una cartera básica de prestaciones común para todo el territorio nacional.