14.05.12

 

Un tribunal estadounidense ordenó que todos los barrios con cercas de protección en Puerto Rico hallen el modo de permitir el acceso de los testigos de Jehová para que puedan hacer proselitismo, según informa Associated Press. Las comunidades con guardias ya tenían que permitirles el acceso. Ahora las que no tienen guardias en las entradas deben facilitarles el acceso para el día 15 de mayo.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles dijo en una declaración el pasado 11 de mayo por la noche que el fallo beneficia a todos los grupos religiosos, políticos y sociales. En Puerto Rico, las calles dentro de comunidades cercadas son consideradas vías públicas.

La congregación de los testigos de Jehová en Puerto Rico calcula que a sus miembros no se les ha permitido el acceso a 587 comunidades cercadas en 57 municipalidades. Dicen que aproximadamente la mitad de dichas comunidades en la isla tienen guardias. Puerto Rico cuenta 318 congregaciones de esa secta con un total de unos 25.000 miembros.

Libertad de culto y de expresión

Según informa el medio puertorriqueño El Nuevo Día, permitir la entrada de los testigos de Jehová a las urbanizaciones con control de acceso -como ordena la reciente sentencia del Tribunal Federal- protege los derechos constitucionales de culto y libertad de expresión de esa congregación sin que se coarten, necesariamente, los derechos a la privacidad e intimidad de los residentes.

En opinión del licenciado Osvaldo Burgos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, la sentencia, firmada por el juez federal Gustavo A. Gelpí el pasado 2 de febrero, también confirma que las urbanizaciones con control de acceso siguen siendo espacios públicos aunque estén cerradas. “El planteamiento constitucional que hay detrás de la decisión es la libertad de culto y de expresión. El derecho a la intimidad no está en juego pues el que los testigos de Jehová entren a la urbanización no quiere decir que entrarán a las casas”, dijo Burgos.

La sentencia le aplica a las urbanizaciones con control de acceso en Bayamón, Caguas, Dorado, Gurabo, Guaynabo, Ponce, San Juan y Trujillo Alto. Gelpí le ordenó a esos municipios asegurarse que en las urbanizaciones con control de acceso en las que haya guardias se permita la entrada de los testigos de Jehová, siempre y cuando estos se identifiquen. En las urbanizaciones en las que no haya guardia, deberá contratarse personal durante el día o para días específicos.

Los municipios deberán entregar en o antes del próximo 1 de octubre un “plan de acción” detallando cómo se les permitirá la entrada a los testigos de Jehová que antes se les negó. Asimismo, a partir de ahora, todas las urbanizaciones que soliciten permiso para control de acceso deberán tener guardias que permitan la entrada de los testigos de Jehová.

Quienes incumplan estas órdenes se exponen a sanciones, desacato y/o a que abran los controles de acceso. “Estamos satisfechos, sin lugar a duda, de que se nos permita entrar a las comunidades. Nuestra obra no supone una amenaza para la seguridad de las urbanizaciones”, dijo Reinaldo Candelaria, ministro portavoz de los testigos de Jehová en la Isla.

Gastos inesperados

Para los vecinos a quienes les afecta la sentencia, sin embargo, representa un gasto económico no planificado. José Velilla, presidente de la Asociación de Residentes de Villa Paz, en Trujillo Alto, indicó que su urbanización, de apenas 22 casas, es una de esas que no tiene guardias en el control de acceso, por lo que tendrán que contratarlos. “Les dimos otras alternativas y no aceptaron, por ejemplo, que entraran por el portón peatonal. Esto nos obligará a incurrir en un montón de gastos extra”, acotó Velilla.

En tanto, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, indicó que ya le notificó a las asociaciones de residentes la decisión del tribunal, de manera que puedan ponerse de acuerdo con los testigos de Jehová para establecer horarios y días de visita. De esta forma, dijo, se evitará que personas ajenas ganen acceso haciéndose pasar por ellos. El Nuevo Día obtuvo copia de una carta en la que el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, también se comunica con las asociaciones de residentes.

“Están invadiendo mi espacio”

Todo aquel que pertenezca a un movimiento ideológico, no necesariamente religioso, tendría libre entrada a las urbanizaciones cerradas a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Federal que ordenó que se permita el acceso de los testigos de Jehová a estos complejos de viviendas. Este escenario, consecuencia lógica de que el Estado y sus tribunales no pueden emitir sentencias que favorezcan a una creencia sobre otra, ha levantado banderas de alerta entre algunos residentes de urbanizaciones con control de acceso, quienes temen que personas con “malas intenciones” se hagan pasar por religiosos y atenten contra su seguridad.

“Bajo el mismo criterio (del caso de los testigos de Jehová) hay que permitirle el acceso a otros grupos que vayan a expresarse, independientemente del contenido de la expresión”, dijo ayer el licenciado Osvaldo Burgos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. “Lo que se está defendiendo aquí es el espacio público y la libertad de expresión. Tienen que protegerse otros tipos de expresión porque de lo contrario sería darle trato preferencial a manifestaciones religiosas… y eso sí sería inconstitucional”, agregó.

El Nuevo Día visitó la urbanización Torrimar, en Guaynabo, una de las que le aplica la orden emitida por el juez federal Gelpí. Sentada en la marquesina de su casa, Yvonne Acosta, quien vive hace 40 años en Torrimar, se expresó tajantemente en contra de la decisión judicial porque, a su juicio, no sólo coarta su derecho a la privacidad, sino que permite que personas ajenas quieran imponerle una religión. “Estoy pagando por una privacidad y una seguridad y, para mí, ellos están invadiendo mi espacio”, dijo Acosta, quien recibió una visita de los testigos de Jehová tan reciente como el sábado anterior después de más de tres años de ausencia.

Este dato lo confirmó Marian Maldonado, quien trabaja como guardia de seguridad en Torrimar y fue quien dejó pasar a los adeptos de la secta. La oficial relató que el grupo se detuvo en el portón, se registró y entró “sin problemas”. “Aquí se están dando muchos asaltos y esta decisión podría fomentar que el delincuente entre”, señaló, por su parte, Eduardo Font, quien vive hace 26 años en Torrimar y también piensa que los testigos de Jehová invaden su privacidad.

José Meléndez, entretanto, residente hace dos años en la urbanización, dijo estar a favor de la entrada de los religiosos porque respeta su libertad de culto. Reconoció, sin embargo, que le preocupa que “personas sospechosas” se aprovechen y ganen acceso para cometer delitos. Reinaldo Candelaria, ministro portavoz de los testigos de Jehová en Puerto Rico, señaló que “por respeto” a la orden judicial, no emitirían comentarios sobre las denuncias de los vecinos.

Cambian las reglas de acceso a urbanizaciones

Según informa El Nuevo Día, los residentes de urbanizaciones con control de acceso tienen varias forma de cumplir con la reciente decisión del Tribunal Federal que permite el libre acceso de los testigos de Jehová. Las instrucciones indican que los ocho Municipios incluidos en la demanda deberán presentar un plan en o antes del 1 de octubre de 2012 con las medias que tomarán las urbanizaciones para que los miembros de la congregación puedan entrar a realizar sus trabajos de evangelización casa a casa.

Aunque se ha señalado como alternativa que se contrate a un guardia de seguridad para aquellas urbanizaciones que no los tienen, también se permitirán “soluciones innovadoras” para que el portón esté supervisado, explicó la abogada Nora Vargas Acosta, representante legal de los testigos de Jehová a nivel local. La abogada Irma Castro Dieppa, a su vez, señaló que la decisión del Tribunal Federal no aplica a aquellas urbanizaciones que sean responsables de todos los servicios y costos de mantenimiento dentro de sus predios.

A continuación, respuestas a algunas dudas sobre la determinación.

¿Se aplica a los condominios la determinación judicial?

La abogada Nora Vargas Acosta indicó que la apertura del control de acceso no incluye a los condominios ya que estos son propiedades privadas en su totalidad. A diferencia de las urbanizaciones, los condominios no tienen espacios públicos -como calles o parques- donde los gobiernos municipales invierten fondos.

¿Qué pueden hacer los testigos de Jehová dentro de las urbanizaciones?

La decisión judical sólo les permite realizar labores para diseminar su fe, dijo Vargas Acosta. El ministro portavoz de la congregación, Reinaldo Candelaria, indicó que la evangelización -casa por casa- es parte de su misión hace más de 60 años y ellos solo visitan las viviendas para hablar con los residentes y repartir material de lectura.

¿Hasta dónde puede llegar el testigo de Jehová?

La abogada Irma Castro Dieppa, experta en urbanizaciones y la Ley de Propiedad Horizontal, indicó que la decisión judicial establece que las calles y las aceras de las urbanizaciones son lugares públicos, por lo que pueden transitar por ellas. La licenciada Vargas Acosta señaló que los feligreses tocarán las puertas de las residencias, pero se abstendrían de hacerlo en el futuro si éstos les informan que no están interesados en que los visiten.

¿Por qué los testigos de Jehová tienen que evangelizar casa por casa?

El ministro portavoz de los testigos de Jehová, Reinaldo Candelaria, explicó que las visitas a las residencias tiene su raíz en el libro de Hechos de la Biblia y la enseñanza de evangelizar en persona viene de los ejemplos que estableció Jesús. “Si quieres ayudar realmente a una persona no le puedes mandar un email o un aviso por el celular, tienes que verlo cara a cara”, destacó.

¿Un residente puede recoger firmas para oponerse a que algún visitante, aunque sea religioso, toque su puerta?

La abogada Irma Castro Dieppa recordó que una decisión del Tribunal Supremo local fue la que le dio el poder a los residentes de las urbanizaciones con control de acceso a rechazar el paso hacia su casa de visitas no autorizadas. Por esto, comentó que las asociaciones de residentes podrían dialogar con los testigos de Jehová para informarles qué residentes no desean recibirlos. No obstante, esto no es parte de la decisión judicial y no tendría que ser aceptado.

¿Qué pasa con las urbanizaciones que no tienen inversión pública?

Castro Dieppa explicó que la titularidad de las calles y controles de acceso la tienen los municipios. Si una urbanización no quiere cumplir con la orden del Tribunal, tendrían que rechazar la inversión pública y asumir la titularidad de las áreas y su mantenimiento.