Andrés Beltramo Álvarez, blog Sacro y profano

Todo se remonta a junio de 2009 cuando el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, tomó conocimiento de las acusaciones. Ocurrió en una reunión, durante la cual salieron a relucir rencillas entre varios miembros del prebisterio local. Entonces siete curas enviaron una carta con su denuncia a la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, pero lo hicieron más de un año después.

Silvestre Hernández fue acusado primero de atacar a un niño en 2006. A ese se sumaron otros supuestos casos, y después unos más hasta sumar la hipotética cifra de 45 presuntas víctimas. Al menos eso reportó la prensa mexicana, con información de los sacerdotes acusadores, que originalmente eran siete y a quienes se sumaron otros tres.

El Vaticano intervino inmediatamente cuando recibió su carta, fechada el 4 de agosto de 2010. Lo hizo con una velocidad poco común ya que, algunas semanas más tarde, llegó hasta Oaxaca Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de la vecina Puebla de los Ángeles, para investigar los señalamientos.

La elección de Sánchez resultó significativa, no tanto por su persona sino –más bien- por su cargo. No es común que un arzobispo sea designado por la Sede Apostólica para investigar un asunto en una arquidiócesis ajena a la suya, normalmente compete al propio pastor conducir todo tipo de diligencias en el territorio a su cargo. Por tanto la decisión vaticana de mandar un personaje externo demostró la intención de realizar un estudio independiente y objetivo.

Así se hizo, pero sin resultados. Ni testimonios, ni pruebas objetivas fueron presentadas. Los curas acusadores tuvieron la oportunidad de ofrecer datos concretos y se abrieron. El arzobispo poblano no tuvo más remedio que enviar su reporte al Vaticano con los escasos datos obtenidos.

Con estos antecedentes la Doctrina de la Fe se vio obligada a “desestimar en su mérito” la causa, pero no reconoció la inocencia del imputado. Sólo certificó la falta de elementos para proceder y así lo comunicó a los 10 acusadores, a quienes no gustó esa determinación. Por ello la apelaron, obligando a la Santa Sede a intervenir nuevamente.

Y en eso estaba la cosa cuando, apenas hace unos días, los sacerdotes firmaron una carta pública en la cual acusaron de “estar sesgadas” las pesquisas conducidas por Sánchez Espinosa a nombre del Vaticano. Pero, al mismo tiempo, se “lavaron las manos” de aportar las pruebas necesarias, negándose a ser “parte acusadora” o “investigadora”. Algo así como tirar la piedra y esconder la mano.

Según la praxis eclesiástica un juicio canónico puede avanzar en la Congregación para la Doctrina de la Fe sólo si existe el llamado “fumus commissi deliciti”, es decir una serie de indicios suficientes para suponer la existencia de un crimen. En este campo no valen el “me dijeron”, “supe” o “me contaron”. Se requieren testimonios concretos con cierto grado de verosimilitud. Nadie puede ser condenado por chismes.

Si las familias de las presuntas víctimas deciden no denunciar y otras personas conocedoras de los hechos mantienen el silencio, resulta imposible comprobar delito alguno, especialmente cuando el imputado se declara inocente. Lo más extraño del caso es que, en sus señalamientos a la prensa, los denunciantes han exhibido cartas y otros documentos nunca entregados a la autoridad vaticana.

Si, como algunos han señalado, Gerardo Silvestre Hernández habría sido “solapado” por el arzobispo Chávez Botello, los acusadores no deberían preocuparse porque la praxis también establece que cualquier persona con información puede saltarse al obispo del lugar y escribir, a título personal, directamente al Vaticano.

Si nadie quiere aportar elementos objetivos el caso corre el riesgo de naufragar una vez más, reforzando la declaración del cura quien, legítimamente, defiende su inocencia.

La turbulencia mediática de los últimos días obligó al arzobispo oaxaqueño a emitir un comunicado para expresar su “absoluta” disponibilidad para esclarecer los hechos. El texto fue difundido incluso en el sitio web de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). “Queremos la verdad. No defendemos al acusado asegurando su inocencia pero tampoco podemos condenarlo sin pruebas; nuestra postura es firme en defender la verdad y la justicia, ya lo hemos mostrado en otros tiempos difíciles de Oaxaca”, indicó.

Precisó que, de acuerdo al procedimiento de la Iglesia, el sacerdote fue separado de inmediato de su parroquia para estar presto y dispuesto a cualquier requerimiento que las autoridades civiles y eclesiásticas necesiten para resolver personalmente, penal y canónicamente, lo que sea necesario. Y reconoció la existencia también una demanda ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca.

“Pedimos a las autoridades civiles correspondientes agilicen las investigaciones necesarias para asegurar la justicia en la verdad; estamos seguros que la verdad nos hará libres”, apuntó. Claridad definitiva es necesaria.

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