19.06.12

México: alerta amarilla por reforma sobre libertad religiosa

A las 11:54 PM, por Andrés Beltramo
Categorías : Iglesia en México

Una alerta amarilla se encendió en las últimas horas tanto en la Conferencia del Episcopado Mexicano como en la nunciatura apostólica en la Ciudad de México. ¿El motivo? La ansiada reforma al artículo 24 de la Constitución de ese país, que debería convertirse en un histórico paso adelante en materia de libertad de conciencia y de religión, pero que corre el serio riesgo de naufragar en el marasmo de un mal heredado jacobinismo decimonónico.

En este espacio dimos amplio seguimiento al tema (aquí y aquí). Pese a tratarse de una reforma mutilada, producto de un debate durado años y cargada de pesados consensos políticos, podría nunca ser promulgada si se mantiene la tendencia negativa registrada en los últimos días en varios Congresos de los estados de la República. Como todas las modificaciones a la Carta Magna en México, no basta con el voto favorable del Parlamento federal para que entre en vigor (léase Cámara de Diputados y Senado). Para ser efectiva requiere de la aprobación de, al menos, 17 de los 32 Parlamentos de las entidades que conforman la Federación.

El problema es que la reforma ya cosechó seis no. La rechazaron en Coahuila, Morelos, Michoacán, Zacatecas, Baja California y Oaxaca. Y podría sufrir reveses en otros estados como Veracruz y Yucatán. A pocas semanas de la elección para presidente, prevista para la primera semana de julio, ninguno de los partidos políticos quiere dar un paso en falso y en ese contexto el tema de la libertad religiosa puede ser una “papa caliente”.

Pero resulta contradictorio y hasta provocador el papel jugado en todo este proceso por los “hijos putativos” de Benito Juárez, los modernos herederos del indígena que en el siglo XIX obtuvo tanto educación como ciencia gracias a las órdenes religiosas y que, una vez en la Presidencia del país, impulsó leyes para despojar de todo bien posible a la Iglesia. A nivel nacional ellos condicionaron la aprobación de la reforma al artículo 24 constitucional a otro cambio en la Carta Magna, el del artículo 40, para incluir en el mismo el término “laico” al sistema de gobierno, ya “representativo, democrático y federal”.

Esos mismos partidos que acordaron en la Ciudad de México una cosa, en los estados del país están haciendo todo lo contrario. No sólo están rechazando o dando largas a la modificación en pro de la libertad de conciencia, al mismo tiempo están aprobando expeditamente el Estado laico. Como ya ocurrió en Sinaloa.

Así las cosas es real la posibilidad que, al finalizar todo este proceso, no sólo la libertad religiosa quede fuera de la Constitución sino que ese mismo texto podría sacralizar jurídicamente el laicismo militante.

Serafines susurran.- Que gran interés captó en México la precisión del Vaticano sobre el estado del proceso canónico contra el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, acusado en Oaxaca de abusos sexuales contra menores. Tanto que la información exclusiva manejada en Sacro&Profano y Notimex el viernes último fue leída por el mismo arzobispo oaxaqueño, José Luis Chávez Botello, en una rueda de prensa el domingo (como se puede apreciar en el video de abajo).

Ese mismo día también rompió el silencio el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, el enviado de la Santa Sede que condujo la investigación sobre las denuncias en 2010 y quien, luego de tres meses de pesquisas, no pudo dar con testimonios irrefutables sobre la culpabilidad del imputado.

Ambos prelados completaron el cuadro de lo aquí expuesto con preciosos datos. Por ejemplo, Chávez Botello reveló que, bajo su jurisdicción, se condujeron tres investigaciones en dos pueblos distintos y ninguna arrojó pruebas. Además constató que los 10 sacerdotes denunciantes, ante él y ante El Vaticano, nunca aportaron documentos o revelaciones objetivas que sustentasen sus dichos. Por el contrario, se mostraron siempre urgidos porque el arzobispo sancionase al imputado basándose únicamente en sus argumentaciones.

Víctor Sánchez, por su parte, confirmó que nunca emergieron indicios contundentes a cargo de Hernández pese a que sus indagaciones se extendieron por unos tres meses. Y puso un acento relevante: dijo que a los curas acusadores “no les gustaron los resultados” de sus diligencias.

Ahora resulta claro que la Santa Sede mantiene el caso abierto. Es tiempo que los familiares de las supuestas víctimas o los sacerdotes que se movieron para llevar su denuncia a los medios de comunicación den un paso adelante y aporten los testimonios necesarios para alcanzar la verdad. Sólo así se podrá condenar al culpable. Si lo es, evidentemente.