5.12.12

 

Cataluña es, todavía, una región de España en la que la que coexisten dos idiomas oficiales: español -también llamado castellano- y catalán. De hecho la mitad de la población catalana es hispano-hablante. Sin embargo, la totalidad de los niños y jóvenes que acuden a la escuela reciben las clases en catalán, sin que sea respetada la voluntad de los padres que desearían que sus hijos sean enseñados en el idioma oficial de todo el estado.

Se da además la circunstancia de que diversos tribunales han dado la razón a esos padres que quieren algo tan elemental como que sus hijos puedan utilizar en la escuela el idioma que han aprendido desde la cuna. El Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias en ese sentido, pero las autoridades autonómicas catalanas, haciendo gala de un desprecio a la legalidad y a la justicia, han desobedecido al alto tribunal.

Por primera vez en décadas, parece que hay un ministro que quiere acabar con ese sinsentido. José Ignacio Wert pretende que la Generalidad catalana, ante la falta de colegios públicos donde se ofrezca el español como lengua vehicular en la enseñanza, se haga cargo del concierto de colegios privados donde tal opción esté disponible. De esa manera, se podría cumplir con la voluntad de los padres y garantizar el derecho de los niños.

Como cabía esperar, gran parte de la clase política catalana -también el PSC y ICV- ha puesto el grito en el cielo. Llevan tanto tiempo restringiendo el uso del español en el ámbito de lo público -hay leyes que impiden rotular los negocios solo en ese idioma- que no soportan que el gobierno central quiera defender a los que hablan el idioma común para todos los españoles.

Pero lo que de verdad clama al cielo es que ahora asome un obispo catalán, el de Gerona, a defender ese totalitarismo linguístico. Mons. Francesc Pardo se sube al carro nacionalista para arremeter contra la reforma propuesta por el ministro Wert. Y lo hace usando el argumento victimista de que la defensa del español constituye una agresión al idioma catalán. Lo cual es absurdo a más no poder, ya que en ningún momento se elimina la posibilidad de que los alumnos estudien en la lengua catalana.

Que un obispo católico haga de portavoz de algo que va en contra de la legalidad en una cuestión tan delicada es un escándalo. Que además lo haga desde la mentira, aumenta el escándalo. Y que encima se permita el lujo de usar su condición de pastor de la Iglesia para semejante injusticia, merece el mayor de los rechazos.

No olvidemos que la Iglesia en Cataluña ya está ejerciendo, de hecho, una labor de boicot a los fieles que hablan habitualmente en español. El número de misas que se celebran en la lengua de Cervantes está muy lejos del porcentaje de católicos que rezan en ese idioma. Una cosa es celebrar todas -o la mayoría- las misas en catalán en las poblaciones y comarcas donde el catalán es aplastantemente mayoritario y otra hacer lo mismo allá donde el pueblo de Dios usa el castellano en el ámbito familiar.

No se trata de atacar al catalán. Se trata de proteger el español. Un obispo católico no puede ser instrumento de desprecio del idioma que hablan gran parte de sus fieles. Un obispo católico no puede prestarse a ser portavoz de una ideología totalitaria que usa a los niños como carne de cañón para lograr un uniformismo linguístico, que va en contra del bien común de toda una comunidad autónoma.

El cardenal Cañizares publicó ayer un artículo en La Razón defendiendo la unidad de España, a la que considera un bien moral digno de ser protegido. Y lo hizo desde la defensa del respeto a la diversidad identitaria y cultural de las diversas regiones de este país. Pues bien, buena parte de la Iglesia en Cataluña, obipos incluidos, es hoy un peligro para esa unidad. Sería bueno que el cardenal le contara esa realidad al Santo Padre. Es necesario que en Roma sepan qué obispos trabajar por el bien común de los españoles y cuáles se transforman en agentes de desunión. Quizás esa sea la única manera de que en un futuro, los nombramientos episcopales para Cataluña tengan en cuenta ese factor.

Luis Fernando Pérez Bustamante