Cuando se pretende tomarnos el pelo con el aborto a los católicos

 

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso Rafael Hernando considera, en entrevista concedida a Europa Press, que no tendría sentido que la reforma de ley del aborto que planea el Gobierno hiciera retroceder la legislación española a los tiempos anteriores a 1983. Entonces se aprobó la ley de supuestos que, a su juicio, «funcionó razonablemente bien» y que es a la que se debería volver ahora, derogando la ley de plazos aprobada durante el gobierno del PSOE.

12/05/13 6:51 PM


Cuando uno lee unas declaraciones así, uno no puede por menos de preguntarse si unos cuantos políticos no piensan que el pueblo español en general y los católicos en particular somos bobos. Cuando el número de abortos en España con la anterior Ley fue de 63756 en el 2000, 69.857 en el 2001, 77.104 el 2002, 79870 el 2003, pretender que esa Ley funcionó razonablemente bien es reírse de los ciudadanos a menos que el objetivo sea fomentar el aborto, o si quieren Vds. la interrupción voluntaria del embarazo que es lo mismo, pero suena menos duro.

La Iglesia Católica condena la Ley actual del 2010, pero también la anterior de 1983. El derecho a la vida es el derecho humano fundamental, hasta el punto que todos los derechos humanos se apoyan en él. El ser humano en cuanto ser humano está bajo la protección de Dios, no a merced de nuestro arbitrio, y si olvidamos esto, estamos olvidando el verdadero fundamento de los derechos humanos. No atentar contra la vida humana no nacida sino defenderla y protegerla es no sólo un precepto cristiano, sino un mandato humano universal.

La ley española de 1983 sobre el aborto, permitía éste por motivos de salud (aborto terapéutico), de violación y de malformación (aborto eugenésico), y merece desde el punto de vista cristiano muy severas críticas. Las leyes no son justas por el hecho de haber sido aprobadas democráticamente, sino por su adecuación a la dignidad humana. Las leyes que toleran y regulan la violación del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas, pues no es justo permitir que unos padres maten a su hijo. Además la experiencia prueba que los límites legales sirven de poco, pues el aborto se realiza de hecho sin restricciones de ningún tipo, incluso en muchos casos que no están despenalizados. Nuestra Conferencia episcopal ha denunciado en repetidas ocasiones esta legislación y despenalización como «gravemente injusta y que debe ser abolida» por ejemplo el 28-VI-85, el 25-III-91 , el 17-II-00 y el 27-IV-2001.

La despenalización del aborto en los pocos casos en que realmente corre peligro la vida de la madre estaba ya asumida judicialmente con la eximente de extrema necesidad. El aborto indirecto, permitido por la Iglesia, supone poner una acción en la que se busca un efecto bueno muy importante, por ejemplo curar un cáncer de matriz, pero la operación produce, sin buscarlo ni desearlo, la muerte del feto. La experiencia indica que los mal llamados abortos terapéuticos se hacen en su gran mayoría invocando razones de salud mental de la madre, defendiendo las clínicas abortivas que el hecho que una mujer quiera abortar ya supone un peligro para su salud psíquica si no aborta, con lo que la ley es un coladero, que permite que el aborto sea prácticamente libre, sin ni siquiera límite de tiempo. Además el aborto no cura ninguna enfermedad física ni psíquica, sino por el contrario, las agrava. Incluso hay hoy más ocasiones de peligro de muerte como consecuencia de un aborto provocado que como consecuencia de un embarazo, sin olvidar que la medicina se desprestigia y descalifica a sí misma cuando lo que pretende no es respetar ni defender la vida.

El caso de violación es el más delicado. El abortar no va a quitar ningún dolor físico o psicológico producido por la violación, sino que al contrario le va a agregar las complicaciones físicas o psíquicas que ya el aborto tiene por sí. Dar la muerte a un ser humano porque su padre ha cometido un delito, es una injusticia clamorosa. Recordemos que el embarazo por violación es excepcional (se calcula en alrededor de uno por mil) y que en un centro sanitario pueden emplearse métodos, como el uso de espermicidas, que dificulten la fecundación si se realizan poco después de la violación. Pero si el embarazo se produjera, las consecuencias de una agresión injusta no pueden legitimar otra injusticia, de la que esta vez sí sería responsable la madre, como sería la supresión de una vida inocente, de alguien que es hijo suyo. Por ello las madres que aceptan y educan a estos hijos o los dan en adopción realizan una acción admirable que Dios no puede dejar sin recompensa.

En cuanto al aborto eugenésico la presencia de anomalías o malformaciones no priva de dignidad humana a los que la sufren, siendo preocupante la mentalidad que considera que las personas portadoras de estas anomalías deben ser suprimidas antes de su nacimiento. El feto con algún defecto sigue siendo persona humana, como lo es una persona ciega, sordomuda o paralítica y no es progreso social eliminar a los disminuidos, sino que lo es el mejorar el modo de acogerlos y cuidarlos. Y no olvidemos que cuando estos minusválidos pueden expresar su opinión, están encantados de haber nacido y no suelen ser precisamente partidarios de que les hubiesen abortado.

En resumen: estamos ante una ley antidemocrática porque viola los derechos humanos al permitir la muerte violenta de seres humanos inocentes y a la hora de opinar sobre ella, no hay que olvidar este no pequeño detalle. Para la Iglesia el derecho a la vida es una exigencia del bien común que el Estado tiene obligación de proteger activa y eficazmente. La ley despenalizadora del aborto es una ley inhumana y anticristiana porque atenta contra el derecho a la vida de los seres humanos más débiles y necesitados de protección.

«La Iglesia está llamada a manifestar nuevamente a todos, con un convencimiento más claro y firme, su voluntad de promover con todo medio y defender contra toda insidia, la vida humana, en cualquier condición o fase de desarrollo en que se encuentre.

Por esto la Iglesia condena, como ofensa grave a la dignidad humana y a la justicia, todas aquellas actividades de los gobiernos o de otras autoridades públicas, que tratan de limitar de cualquier modo la libertad de los esposos en la decisión sobre los hijos. Por consiguiente, hay que condenar totalmente y rechazar con energía cualquier violencia ejercida por tales autoridades en favor del anticoncepcionismo e incluso de la esterilización y del aborto procurado. Al mismo tiempo, hay que rechazar como gravemente injusto el hecho que, en las relaciones internacionales, la ayuda económica concedida para la promoción de los pueblos esté condicionada a problemas de anticoncepcionismo, esterilización y aborto procurado»( Exhortación de Juan Pablo II Familiaris Consortio, nº 30).

Y como se ha afirmado que la Iglesia sólo protestaba contra el aborto con gobiernos del PSOE, pero no del PP, he aquí la lista de las intervenciones de la Conferencia Episcopal Española o sus organismos, sobre el aborto durante el gobierno de Aznar: Comisión Permanente «El aborto con píldora también es un crimen»(18-VI-98), Comité Ejecutivo «Licencia aún más amplia para matar a los hijos. Declaración»(13-IX-98), Comisión Permanente «Con la píldora también se mata. Nota»(21-X-98), Comisión Permanente «Nota con motivo de la autorización de la píldora RU 486»(17-II-00), Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida «Sobre la píldora del día siguiente. Nota»(12-XII-00), Asamblea Plenaria «La ‘píldora del día siguiente’, nueva amenaza contra la vida. Exhortación»(27-IV-01).