La República Dominicana seguirá considerando un crimen el aborto salvo en caso de peligro de la vida de la madre

Los diputados dominicanos aprobaron ayer en dos lecturas consecutivas el proyecto que modifica el Código Penal del país que, entre otras novedades, aumenta de 30 a 40 años la pena máxima y sigue penalizando la práctica del aborto salvo cuando la vida de la mujer esté en riesgo. El proyecto, que ahora pasará a la Cámara del Senado y que sustituirá al actual Código vigente durante 129 años, recibió el voto favorable de 122 diputados y el rechazo de 3 después de un intenso debate que se extendió por más de seis horas.

26/06/13 9:06 AM

(Agencias/InfoCatólica) La futura ley incluye el cúmulo de penas, castiga el sicariato y la autoría intelectual, al tiempo que penaliza con 40 años de prisión a los acusados de feminicidios.

Asimismo, aumenta de 20 a 30 años la prisión para los secuestradores y establece penas de entre 4 a 10 años para los adultos que utilicen a menores de edad en actos delictivos.

Aunque el Código Penal sigue penalizando el aborto, los diputados aprobaron una propuesta para que este no se castigue cuando la vida de la madre esté en peligro.

La nueva ley impone penas de cárcel de dos a tres años de prisión menor a quienes cooperen o causen el aborto de una mujer por medio de alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o de otro modo, aun cuando ésta lo consienta. Igual pena es prevista para la mujer que aborte. Mientras que los médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la medicina, así como las parteras que «abusando de su profesión u oficio causen o ayuden a causar el aborto serán sancionados con penas de cuatro a diez años de prisión».

Once años de consultas

La extorsión o chantaje se penalizará con uno o dos años de prisión, mientras que el robo se sancionará con penas de 4 a 10 años y el peculado y malversación de fondos públicos con penas de entre 10 y 20 años, según lo aprobado por los diputados.

Los legisladores aprobaron el Código tras once años de consultas, debates, diálogos y vistas públicas.

En una entrevista concedida a Efe el sábado en Madrid, el presidente de la Cámara de Diputados local, Abel Martínez Durán, justificó que el nuevo Código Penal haya tenido once años de debates con el argumento de que se trata de un texto «bien consensuado», que no requiere «ir aprisa», aunque reconoció que «ya es tiempo».

El presidente de la Cámara aseguró que el Código en vigor estaba «obsoleto» en muchos aspectos para combatir al crimen y al delito.

«Es un Código bien trabajado y consensuado, los redactores originales, que son los mejores juristas del país, han estado en esta década con nosotros asesorando», dijo Martínez Durán.