Iglesia-Estado
06 de agosto del 2013

La Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta se desmarca de las declaraciones en la televisión ceutí, pero critica al PSOE por querer controlar la participación de otros musulmanes

Los socialistas habían propuesto la aprobación en el Pleno de la Asamblea tanto de un Libro de Estilo como de la consulta previa para los mensajes televisados que pudieran incurrir en contenidos contrarios a los derechos constitucionales reconocidos. La Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta ha criticado que se quiera establecer una especie de censura previa solo para los contenidos musulmanes.


 

un líder musulmán ceutí, Malik Ibn Benaisa, lanzó en marzo unas proclamas machistas y denigrantes para la mujer a través de la televisión pública de Ceuta, RTVCE. Las voces de protesta por el contenido de la conferencia televisada no se hicieron esperar.

A las condenas en diferente grado se sumó también la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta (UCIDCE), que manifestó su  "malestar y el rotundo rechazo a esas declaraciones". Pero acto seguido también rechazó "las posibles medidas que se quieren plantear en el pleno para controlar solo a los conferenciantes musulmanes. Esto significa además que en los entes públicos o privados, sea medio prensa, radio y televisión, cuando algo no se ajusta a las leyes vigentes en un estado de derecho la responsabilidad siempre debe recaer en la entidad organizadora o en su caso en la persona colaboradora y nunca en el canal que emite estas informaciones".

Para la UCIDCE, la propuesta socialista incurre en un agravio comparativo que supone una discriminación por razón de la fe, puesto que la propuesta socialista exige especial control de las palabras en boca de musulmanes. Esta organización considera que, si se aprobase cualquier tipo de control previo, sería necesario "que todo se someta a estudio porque no estamos de acuerdo con algunas películas o debates".

El Pleno de la Asamblea ceutí aprobó la semana pasada un texto de condena en el que recuerda: "su más profunda defensa de lo valores democráticos y, especialmente, de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, condenando las manifestaciones que promuevan cualquier forma de discriminación y del derecho a la libertad religiosa, ideológica y de culto, comprometiéndose a la remoción de cuantos obstáculos limiten sus manifestaciones conformes a la ley".