Navarra: en cuatro años solo un médico se ha inscrito en el registro de objetores de conciencia ante el aborto

Solo un médico está inscrito en el registro de profesionales sanitarios objetores al aborto cuando se van a cumplir cuatro años de la aprobación de la ley foral que lo creó, con los votos de PSN, NaBai e IU y el rechazo de UPN y CDN. El Tribunal Constitucional discutirá entre hoy y el jueves el recurso que el PP presentó en 2011 contra la norma navarra al considerar que la inscripción obligatoria vulneraba un derecho fundamental y suponía la creación de listas negras de profesionales.

9/09/14 10:52 AM

(Noticias de Navarra/InfoCatólica) El PSN, impulsor de la ley, sostuvo ayer, por su parte, que el hecho de que solo haya un inscrito prueba que es posible la realización de abortos en la sanidad pública, frente al argumento esgrimido por el Ejecutivo de UPN respecto a la falta de profesionales dispuestos a practicarlas.

Este recurso de inconstitucionalidad, promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, con Federico Trillo como comisionado, fue rechazado el 17 de mayo por una cadena de errores formales: primero el PP se confundió de ley y, posteriormente, presentó el texto cuando ya se encontraba fuera de plazo. Para subsanar los fallos, los populares presentaron un recurso de casación que fue finalmente admitido.

Aunque la ley fue aprobada el 28 de octubre, el fichero no fue creado hasta un año después y tiene por objeto recoger la inscripción y revocaciones de las declaraciones de objeción de conciencia de profesionales sanitarios a realizar abortos y facilitar la información a la Administración para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación sanitaria con el fin de conocer los centros públicos a los que se pueda dirigir la mujer que quiera abortar.

El PSOE dice que es un lavado de conciencia

«Si dimos ese paso fue porque cuando se reclamaba por la mayoría del Parlamento la realización de las IVE en la sanidad pública la respuesta del Gobierno siempre era que existía una objeción generalizada entre los profesionales, una excusa que quedó desmontada por las cartas remitidas a los medios de comunicación por un grupo de ellos. Esto evidenció que el problema no era la objeción sino que políticamente había prejuicios ideológicos para que se hicieran las interrupciones en la sanidad pública. Había voluntad política de no permitirlo», explicó ayer el parlamentario socialista Samuel Caro, quien censuró que los regionalistas prefieran «ponerse la venda y con dinero público financiar las intervenciones en otras comunidades». «Es un lavado de conciencia y un sinsentido», aseguró, tras recordar que la Cámara de Comptos concluyó que realizar los abortos en la sanidad pública supondría un ahorro significativo.

Para los socialistas, el registro «permite que la objeción real tenga cabida» y, a la vez, desmonta la excusa de UPN. «No es discriminatorio sino que permite al objetor serlo y, al que no lo es, estar a disposición de la sanidad pública», argumentó Caro. El parlamentario manifestó su confianza en que el hecho de que solo haya un objetor inscrito no obedezca a presiones de la Administración para desactivar el registro -desde Salud se confirmó que sigue activo- sino al hecho de que no hay objetores».