La Comisión Nacional de Justicia y Paz de Argentina pide acoger a cristianos perseguidos en Irak

La Comisión Nacional de Justicia y Paz de Argentina, que preside Gabriel Casteli, sugirió ayer jueves a las autoridades que ofrezca asilo en el territorio argentino a familias cristianas perseguidas por los yihadistas del Estado Islámico y le pidió que redoble los esfuerzos internacionales para garantizar «efectivamente» el derecho a la libertad religiosa, según la misiva a la que tuvo acceso la agencia AICA.

10/10/14 12:45 PM

(Infobae/Aica/InfoCatólica) En el escrito remitido al Secretario de Culto de la Nación, Guillermo Oliveri, el organismo mayormente laico de la Conferencia Episcopal Argentino dijo querer «atraer la atención» de la Cancillería sobre «la necesidad de que en el marco de la política de defensa y promoción de los derechos humanos que llevan a cabo las autoridades, sean redoblados los esfuerzos a nivel internacional para que se garantice efectivamente el derecho a la libertad religiosa».

«Es nuestro deseo que la Argentina se comprometa efectivamente en esa tarea, a cuyo efecto podrían ser promovidas ante el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, actuaciones que contribuyan a proteger efectivamente los derechos de las poblaciones afectadas», sostiene.

Argentina es mayoritariamente cristiana

Asimismo, consideró oportuno que «habida cuenta de la predominante composición cristiana de la población argentina, que incluye católicos de rito oriental, las autoridades nacionales ofrezcan asilo en el territorio nacional a familias cristianas afectadas por dichas persecuciones, arbitrando los medios necesarios para su transporte, instalación y protección en nuestro país».

El organismo eclesial consideró que su propuesta es «congruente con cuanto ha propuesto la delegación argentina que preside el Consejo de Seguridad durante el mes de octubre, en el sentido de que el plan de trabajo del Consejo contemple la cuestión de las mujeres refugiadas y desplazadas».

También le transmitió el deseo de que «estas inquietudes» en materia de derechos humanos, dada su naturaleza, sean objeto de un «tratamiento urgente».