El Ayuntamiento de Madrid inspeccionará los negocios de esoterismo y santería
El Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo una campaña de control e inspección de comercios esotéricos y de santería con objeto de asegurar y promover el adecuado cumplimiento de la legislación de consumo por parte de estos establecimientos, garantizando con ello a sus usuarios el respeto de sus derechos, seguridad e intereses económicos, según escribe Julián de Domingo en ABC.En esta campaña, que se realiza por primera vez en la capital española, nueve inspectores técnicos de Calidad y Consumo tienen previsto visitar 30 establecimientos madrileños, con un total de 300 productos esotéricos y de santería a controlar.
Con la presente campaña se pretende verificar el cumplimiento de las obligaciones documentales de los comercios; aspectos generales de su publicidad; comprobar que se respeta la normativa en cuanto a la exhibición de precios, medios de pago y hojas de reclamaciones; y asegurar a los clientes la entrega de un documento justificativo de la transacción efectuada y, en su caso, que se facilite la información precontractual obligatoria.
Seguridad y salud, la prioridad
Se está haciendo un especial hincapié en la verificación de la seguridad de los productos puestos a la venta, con el fin de detectar y retirar todos aquellos artículos considerados peligrosos, ya sea por estar incluidos en el sistema de red de alerta por dicha contingencia o porque en el momento de la inspección presenten riesgo para la salud o seguridad del consumidor incompatibles con las exigencias legalmente establecidas.
La agencia Efe informa también de que en los productos de santería y esotéricos se comprueba si disponen de etiquetado y que éste es correcto: que se exprese al menos en castellano; que sea visible y legible; que incorpore la identificación del artículo y la identificación del responsable de la puesta en el mercado del mismo; que incluya el registro sanitario, y que no induzca a engaño al consumidor.
Los inspectores comprueban durante la visita, en primer lugar, si el establecimiento dispone de documento acreditativo que faculte para el ejercicio de su actividad; y después miran, entre otros aspectos, la adecuada exhibición de los precios de los productos puestos a la venta en el interior del establecimiento y, en su caso, en el escaparate, así como que está a disposición del público la relación de todos los servicios ofertados y su precio completo.
Además, se verifica que la publicidad y las cláusulas expuestas al público respetan los derechos de los consumidores y no dan lugar a error; así como que se acepta el pago con tarjetas -si se anuncia esta posibilidad- y que, si el comercio admite cambios y devoluciones, indica claramente este hecho y sus condiciones en el establecimiento y en el documento justificativo de la compra.
Finalmente, los inspectores comprueban si se hace entrega del documento justificativo de la compra, en el que debe constar, como mínimo, la identidad del proveedor, la cantidad abonada, el concepto y la fecha; y, también verifican si el comerciante tiene a disposición del público las hojas de reclamaciones y anuncia su existencia, mediante cartel ajustado al modelo oficial, de modo permanente y visible al público.
¿Quién mete mano a lo verdaderamente importante?
Como puede observarse en lo publicado por los medios de comunicación, la Administración local madrileña sólo se ocupará de hacer una revisión superficial, cumpliendo con los ciudadanos al comprobar que no se incumplan las normas generales sobre el consumo. Sin embargo, algunos de los principales problemas para la sociedad de este tipo de comercio, como las estafas generalizadas jugando con las necesidades e ilusiones de la gente y las relaciones de dependencia que habitualmente se establecen con los responsables de estos negocios, no se tocan.
