Reiteradas veces ha aparecido estos días la cuestión de los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado, los primeros sentenciados en la nueva situación política; las primeras víctimas de la nueva política. No dudo de la validez como instrumento jurídico de los Acuerdos, doctrina común de varias de las Escuelas entre quienes se dedican al Derecho Público Eclesiástico y Concordatario. Creo que existe un problema de pedagogía social respecto a la naturaleza del instrumento jurídico, la naturaleza de los Acuerdos, de lo que significan los Acuerdos en sí, y en concreto de estos Acuerdos.

Las causas son múltiples, enumero algunas:

La percepción social respecto a los Acuerdos es la de que nos encontramos ante un instrumento jurídico, apósito de la Constitución de 1978, que se pide reformar en uno de los artículos claves, el referido a la clásica “cuestión religiosa”, artículo 16, en concreto el punto 3., que supone un privilegio para la Iglesia, es más, que legitima ese privilegio.

Lo que nos conduce a plantear si la cuestión de la validez social, y en la opinión pública como medio para la invalidez social, en la percepción, no habría que abordarla antes por elevación. Es decir, plantear hasta qué medida lo que está en juego es el ejercicio real de libertad religiosa y la actuación como presencia y como palabra de la Iglesia en la sociedad actual.

La alternativa que se plantea, al menos por el Partido Socialista, es la de dar protagonismo a una ley de libertad religiosa que, al margen de los problemas de técnica jurídica, se pretende ocupe el espacio social de los Acuerdos.
De hecho, si se percibe socialmente, por una parte que no voy a cuantificar, que los Acuerdos no son válidos, -y no voy a entrar ahora en la relación entre sociología y derecho, entre valores, ideas y corrientes sociales y norma jurídica o ley positiva promulgada por el parlamento-, lo que se ha venido haciendo hasta el momento es vaciar socialmente de contenido los Acuerdos en la medida en que se han problematizado socialmente los núcleos de contenidos a los que se refieren esos Acuerdos, incluso desarrollado leyes; o se han propuesto temáticas e ideas sobre los aspectos de los Acuerdos que han tenido como fin modificar el contenido de la percepción social de lo que está estipulado en los Acuerdos.

Estamos ante un caso ejemplar de ingeniería social. Un caso en el que por cierto da la impresión de que la Iglesia, podemos encontrara dos niveles: Uno, la Santa Sede, que desde la perspectiva general de la validez del instrumento, mostrada por la cantidad del número de ellos –más de 60 según los estudios del P. Carlos Corral-, se reafirma en la necesidad de contar con un medio de esta naturaleza.

Y otra, digamos, los actores eclesiales en España, varios y variados, que siguen manteniendo la tesis de la validez de los Acuerdos pero que son conscientes de que las circunstancias históricas han cambiado. Su perspectiva ahora es menos doctrinal y jurídica y más pastoral. Puede ser que hayan aceptado el mantra –por utilizar este concepto en el sentido en el que lo hace Charles Taylor- de que la sociedad ha mutado y de que el cambio social está afectando decisivamente a estas cuestiones.

Por otra parte, me gustaría poner sobre la mesa la cuestión del interlocutor en este proceso, que es la política, los políticos y los partidos políticos, como magna básico del Estado. Y preguntarme en voz alta si el interlocutor de la Iglesia en este proceso, de cara a la imagen del proceso en la opinión pública, ha hecho un esfuerzo para comprender adecuadamente el contexto de la materia que nos ocupa, o nos estamos encontrando ante el caso de una materia que es instrumentalizada políticamente y usada para agitar conciencias y movilizar socialmente.

Podemos comprobar cómo con el gobierno del PP la cuestión de los Acuerdos no lo es, y representa, en sí misma, una línea roja: con un gobierno del PSOE, esta cuestión es punta de lanza simbólica, y me temo que real, de una propuesta política de laicismo que traspasa las fronteras de la laicidad. Y con otras fuerzas políticas emergentes, es un bastión que van a derruir. De Ciudadanos no sabemos; como en muchas materias. Quizá porque no se hayan pronunciado aún los del Ibex-35.