La Firma
Las (no) prioridades del Tribunal Constitucional
29/01/2018 | por Vicente Franco Gil
El junio de 2010, setenta y un diputados del Partido Popular (PP) presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar ciertos artículos de la Ley Aído (Ley 2/2010, de 3 de mayo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo), por entender que eran inconstitucionales. A tal efecto, el propio TC declaró que la resolución de dicho recurso era prioritaria, y que por ello la sentencia no se haría de esperar. Lo cierto es que tras más de siete años de expectación, el pronunciamiento parece estar en “standby”, durmiendo en el sueño de los justos.
Entre la argumentación que sostenían los firmantes, ponían de manifiesto que por “el evidente perjuicio irreparable” de los artículos impugnados en detrimento de las vidas humanas abortadas, se adoptara como medida cautelar la suspensión de la aplicación de la ley mientras el TC dictara sentencia. Así las cosas, y a través de un auto, en julio de 2010 el TC desestimó dicha solicitud, precisamente y entre otras cosas porque le iba a dar celeridad a la tramitación y a la resolución del conflicto suscitado. A día de hoy, nos encontramos con una (no) decisión inexplicable, luctuosa, y llena de inquietud.
Pero ante la pasividad constatada del TC frente a un tema de suma gravedad como es el del aborto, sí ha dado prioridad a otras cuestiones que, al entender de muchos mortales, nos parecen menos relevantes que el asedio al valor supremo de la vida humana. Sin embargo, y ante esta inacción del TC, el Gobierno de la nación ostentado también por el PP, no ha querido intervenir con el legítimo ejercicio de sus funciones, entre otras derogar la ley o en su caso reformarla en profundidad en sede parlamentaria, siempre en defensa de la vida humana, así como fomentar y proteger con ello la maternidad.
Hasta ahora no sabemos qué arcanas razones movieron a la entonces ejecutiva del PP para paralizar la presunta modificación que iba a llevar a cabo el exministro Ruiz Gallardón. ¿Fue debido a un oportunismo político coyuntural?, o ¿la traición a los valores que un día simbolizaron la esencia del PP?, o ¿por presiones internas del propio partido que hicieron desistir la argumentación inicial del recurso? Quién sabe.
Lo cierto es que casi 100.000 vidas al año son abortadas en España al amparo de un negocio legal que se nutre de parte del presupuesto del erario público. Cerca de 700.000 bebés sin voz desde la interposición del recurso reseñado. La insensibilidad política, la demora del TC y la confusión social, son parte de los agentes que hacen posible que la mencionada ley sea un “coladero” libre de trabas para acabar con la vida de miles de inocentes que, por ahora, están en la más absoluta indefensión.
No olvidemos que el primer derecho fundamental, sobre el que se apoyan los demás, es aquel que prescribe el artículo 15 de nuestra Constitución, el cual señala que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. En los abortorios sabido es que generalmente los fetos son troceados arrancándolos de los vientres maternos, e incluso se han encontrado trituradoras. Hace unos días, a nivel mundial, se hicieron marchas en favor la vida en manifestaciones multitudinarias, de las que tristemente poco eco se han hecho los medios de comunicación.
Cuando una sociedad aplaude la cultura de la muerte, dando un valor numérico y material al ser humano, cosificándole cual mercancía, y negándole la dignidad que le es inherente por el mero hecho de serlo, algo marcha mal. El Estado del bienestar está diseñado para auxiliar a los colectivos y personas más desfavorecidas excepto, al parecer, al concebido no nacido.
El aborto, bajo el eufemismo de la interrupción voluntaria del embarazo, es un atentado grave contra la vida humana que incide negativamente sobre la respetabilidad del ser humano. Apelar al aborto voluntario debe ser considerado, a todas luces, un fracaso social. Con todo, sea cual fuere la sentencia del TC, el mutismo del mismo ya no podrá corregir el deterioro de su imagen, ni devolver la vida a tantos inocentes como han sido abortados.
Respetuosamente, el TC como máximo intérprete de la Constitución, el cual ostenta el monopolio del enjuiciamiento de la conformidad de las leyes con aquella, da la sensación de estar condicionado, vigilado, y por qué no, muy temeroso y sin pulso jurídico ante temas espinosos como el del aborto. Todo ello nos podría llevar a no estimar el valor integrador de nuestra Carta Magna, generando incluso un conflicto entre la legitimidad y la representatividad de la Constitución del 78. Esperemos que con el tiempo, y no muy lejano, ningún no nacido sea eliminado jamás voluntariamente, porque de estos actos tan crueles, un día irremediablemente muchas personas tendrán que dar buena cuenta de la perpetración de aquellos.