Cáritas | Análisis y reflexión • 20/12/2019
Una COP desvinculada de las personas
Pocos días después del cierre de la Cumbre del Clima, Cáritas analiza las cuestiones tratadas e insta a incorporar los derechos humanos en la acción climática
Por Cristina Linaje, Incidencia Política de Cáritas Española
Esta ha sido la COP más larga de la historia y, tras casi dos semanas de negociación, sus resultados no han contentado a casi nadie. Inicialmente considerada una cumbre técnica de transición, lo cierto es que su importancia política fue ganando terreno en los meses previos. En septiembre el Secretario General de Naciones Unidas servía de altavoz de la comunidad científica y daba la voz de alarma. Con los planes de reducción de emisiones existentes, el planeta aumentará su temperatura hasta los 3,2 grados, lo que generará consecuencias catastróficas para el planeta y para la vida de millones de personas. También en septiembre salían a las calles en todo el mundo millones de personas, especialmente jóvenes, reclamando a los gobiernos más acción frente al cambio climático, en una movilización que volvió a repetirse masivamente este 6 de diciembre en Madrid. La señal era clara: hace falta hacer más y hacerlo más rápido.
Con esos antecedentes, se esperaba que la declaración final de la COP mostrara un compromiso más claro con el aumento de la ambición, es decir, una señal de que los gobiernos escuchan a la ciudadanía y a la comunidad científica. Sin embargo, el bloqueo ejercido por varios de los países más contaminantes ha resultado en un llamamiento muy descafeinado a reforzar la acción climática. Entre lo positivo, más gobiernos se han sumado en esta COP a la denominada ‘Coalición de Alta Ambición’ que aglutina ya a 84 países, entre los que se encuentra España, comprometidos a mejorar sus planes nacionales de lucha contra el cambio climático antes de 2020.
Más ambición en la acción climática y menos emisiones
La regulación de los mecanismos de intercambio de derechos de emisiones, vinculada al artículo 6 del Acuerdo de París (AP), ha sido otro de los temas importantes a debate. Estos mecanismos, que ya existían en el acuerdo previo, el Protocolo de Kioto, posibilitan el intercambio de derechos de emisión entre países y empresas. Tales derechos hacen referencia, por ejemplo, a unidades de CO2 que pueden ser emitidas a la atmósfera porque en otra parte del mundo se compensarían a través de una variedad de proyectos que van desde la conservación de un bosque hasta la puesta en marcha de iniciativas de energía renovable. Así, algunos países como Brasil, Australia o la India acumulan enormes cantidades de derechos de emisión y buscaban que el acuerdo final permitiese trasladar estos derechos a la nueva etapa que se abre en 2020 con la plena implementación del AP. Una posición que ha bloqueado las negociaciones y ha impedido alcanzar un acuerdo, por lo que deberá retomarse en la Cumbre que se celebrará el próximo noviembre en Glasgow.
No es una mala noticia. Para la mayoría de las organizaciones presentes en esta COP, incluida Cáritas, era mejor un no acuerdo que un mal acuerdo. Los riesgos son muchos. Por un lado, inundar el mercado con derechos de emisión antiguos puede desincentivar los esfuerzos de reducción de emisiones. Ya nos lo alertaba el Papa Francisco en la Laudato Sí: la estrategia de compraventa de “bonos de carbono” puede dar lugar a una nueva forma de especulación, y no servir para reducir la emisión global de gases contaminantes (LS, 171). No olvidemos que la concentración de dióxido de carbono alcanzó un nivel record en 2018 y continuó aumentando en 2019. Por otro, este sistema ha dado lugar a proyectos que han perjudicado enormemente a las comunidades locales y a los pueblos indígenas, socavando sus derechos. Un ejemplo de ello es la hidroeléctrica de El Quimbo, en Colombia, que se benefició de los mercados de carbono, gracias a su supuesta producción limpia de energía, mientras generaba el desplazamiento y la pérdida de los medios de vida de miles de personas, que en su gran mayoría no han sido aún compensadas o lo han sido de forma insuficiente. Por ello, el desarrollo de estos mecanismos bajo el paraguas de los Acuerdos de París sólo tendrá sentido si se definen reglas robustas y claras que eviten que esas situaciones se vuelvan a producir y que sean capaces de salvaguardar los derechos humanos de las personas y comunidades donde se desarrollan tales proyectos.
Medidas específicas para los países más empobrecidos
El último aspecto en la mesa de negociación de esta Cumbre ha sido la revisión del Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños. Este instrumento, establecido en la Cumbre de 2013 partía del reconocimiento de que el cambio climático afecta especialmente a los países empobrecidos y a los pequeños estados insulares generando daños y pérdidas irrecuperables que deben ser de alguna manera compensados por quienes tienen más responsabilidad en haber causado el problema. Así, este mecanismo se vincula con la deuda ecológica de la que nos habla la Laudato Si’ cuando pone de manifiesto la injusticia de los efectos que el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente por algunos países (LS, 51).
Sin embargo, los resultados de la cumbre de Madrid nos muestran la falta de voluntad de los países enriquecidos de reconocer esta responsabilidad histórica y compensarla suficientemente abriendo una línea de financiación específica para los países más afectados. El acuerdo final, sólo hace un llamamiento muy tibio a aumentar el apoyo y el fortalecimiento de las capacidades de quienes ya están sufriendo esas pérdidas y daños, pero sin establecer un mecanismo de financiación adicional a los ya existentes.
Soluciones basadas en la naturaleza: El Sínodo de la Amazonía como clave del aumento de la temperatura media mundial
Con este panorama, parece difícil cerrar esta valoración con una nota de esperanza, pero lo cierto es que de esta Cumbre también han salido algunas decisiones positivas que nos animan a seguir trabajando en los próximos años. La declaración final reconoce el papel de la naturaleza y la necesidad de abordar la pérdida de la biodiversidad para hacer frente al cambio climático y sus impactos. Esto abre la puerta un papel mayor de las denominadas soluciones basadas en la naturaleza que, como el Sínodo de la Amazonía puso de manifiesto, resultan clave para mantener el aumento de la temperatura media mundial dentro de los límites del 1.5ºC al que aspira el AP. También se ha adoptado el Plan de Acción de las Comunidades Locales y las Plataformas Indígenas, que abre la puerta a poner en valor el conocimiento tradicional de las poblaciones indígenas en la acción climática. Por último, el testimonio y ejemplo de todas aquellas personas que día a día arriesgan sus vidas para defender el medio ambiente y los derechos de sus comunidades ha estado en todo momento presente en las intervenciones y acciones de la sociedad civil presente en la COP.
Cierro esta valoración haciéndome eco de la llamada del Sínodo para la Amazonía para una acción climática urgente. La inacción es un crimen contra la humanidad y la naturaleza. Que los gobiernos y las empresas escuchen este clamor y actúen en consecuencia.
