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La persecución católica en China empeora tras el acuerdo con el Vaticano

 

Un nuevo informe del gobierno de EE. UU. señala que la persecución religiosa en China durante el último año no se había visto desde la Revolución Cultural

 

 

09/01/20


 

 

 

Un nuevo informe del gobierno de EE. UU. dice que el abuso de los derechos humanos en China ha empeorado en el último año y destacó específicamente la creciente persecución de los católicos chinos a raíz del acuerdo entre el Vaticano y China de 2018.

Dicho informe afrma que "después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la RPC firmó un acuerdo con la Santa Sede en septiembre de 2018 allanando el camino para unificar las comunidades católicas autorizadas y clandestinas, las autoridades locales chinas sometieron a los creyentes católicos chinos a una creciente persecución por la demolición de iglesias, quitando cruces y continuando deteniendo al clero clandestino", informa la Agencia Católica de Noticias.

La investigación señala el surgimiento de campos de internamiento masivo en la provincia occidental de Xinjiang del país, la brutal persecución de cristianos, musulmanes y otras iglesias o grupos religiosos no registrados, y la represión de los manifestantes prodemocráticos en Hong Kong.

 

Desde la revolución cultural

El plan de cinco años del Partido Comunista Chino está en marcha para establecer el control estatal sobre la religión. "Los estudiosos y los grupos de derechos internacionales han descrito que la persecución religiosa en China durante el último año tuvo una intensidad que no se había visto desde la Revolución Cultural", dijo el informe.

El estudio concluye que China está aumentando los controles más estrictos sobre grupos y eventos religiosos en 2020. Las nuevas restricciones que se aplicarán en febrero incluyen los mandatos de que los grupos religiosos "se adhieran a las directivas sobre religiones en China, que implementen los valores del socialismo" y promuevan los "principios y políticas del Partido Comunista Chino".

Además, las autoridades gubernamentales se están involucrando en la selección de oficiales religiosos y quedan prohibidas las comunidades religiosas clandestinas o en el hogar.

 

Se intensifica la persecución contra la Iglesia clandestina

El acuerdo entre el Vaticano y China de 2018 sobre el nombramiento de obispos tenía como objetivo lograr la unificación de la Asociación Patriótica Católica China avalada por el Estado y la iglesia clandestina en comunión con Roma. En cambio, la persecución a la iglesia clandestina ha continuado y, según algunos, se ha intensificado.

El número de católicos en China se estima en más de 10 millones, de entre los cuales 6 millones forman parte de la iglesia aprobada por el Estado.

“Los observadores y los creyentes católicos expresaron su preocupación de que el acuerdo no brindara suficiente apoyo a la comunidad católica china, señalando que la persecución de las autoridades a las comunidades católicas clandestinas y oficiales se ha intensificado durante el último año bajo la campaña de 'sinicización' del gobierno chino", indica el informe.

Algunas de estas persecuciones: en la primavera de 2019, las autoridades detuvieron a tres sacerdotes clandestinos de la diócesis de Xuanhua en la provincia de Hebei. Así mismo, las autoridades chinas locales sometieron a los creyentes católicos a una creciente persecución para demoler iglesias, eliminar cruces y continuar deteniendo al clero clandestino", dijo el informe.

El informe recomienda a las autoridades internacionales que protegen los derechos humanos que aboguen por "el derecho de los católicos a ser dirigidos por clérigos que sean seleccionados y ejerzan su ministerio de acuerdo con el estándar exigido por las creencias religiosas católicas".

 

Contra musulmanes

El tratamiento del gobierno chino hacia otras comunidades religiosas también ha sido analizado por dicha investigación.

Así, en la región autónoma Uigur de Xinjiang, en el extremo oeste del país, "la comisión de derechos humanos que ha elaborado dicho informe cree que las autoridades chinas pueden estar cometiendo crímenes de lesa humanidad contra el pueblo uigur y otros musulmanes turcos", con estimaciones de "un millón o más uigures" detenidos en campos de detención y sometiéndoles a trabajos forzados.

“El personal de seguridad en los campos sometió a detenidos a tortura, incluida la ingestión forzada de drogas; castigo por comportamiento considerado religioso; trabajo forzado; superpoblación; privación de alimentos; y adoctrinamiento político ”, destaca el informe. Debido al hacinamiento, algunos detenidos fueron enviados a campamentos en otras partes de China y otros "habrían muerto en los campamentos debido a malas condiciones, negligencia médica u otras razones".

También podrían haber utilizado descargas eléctricas y encadenamientos en posiciones dolorosas en los campamentos.

En otras partes de la región, las autoridades han establecido "un sistema de vigilancia generalizado y de alta tecnología" con cámaras de reconocimiento facial y monitoreo de teléfonos celulares, así como la recolección de datos biométricos de miembros de minorías étnicas.

Si bien los musulmanes han estado sujetos a estrictos controles sobre la práctica religiosa en la región, las supuestas medidas "antiterroristas" del gobierno podrían usarse en otros lugares de la región Autónoma Hui de Ningxia (Ningxia) donde residen muchos musulmanes hui, señala el informe.