Colaboraciones
A los diputados del Congreso
21 febrero, 2020 | por Josep Miró i Ardèvol
Señoras y señores diputados y diputadas. Han iniciado el debate sobre la eutanasia. Se ha hecho con un discurso que presenta la legalización del homicidio a manos del médico como una cuestión asumida por la inmensa mayoría, tanto, que en realidad se trataría de un nuevo derecho universal. Por esto, es necesario aclarar de buen principio que tal pretensión es falsa.
En el ámbito de las encuestas –que nunca deberían suplir la razón parlamentaria–, menos del 60% de los ciudadanos de este país está enteramente de acuerdo con la utilización de la muerte como solución a la vida. El resto de la población se divide entre apoyos dubitativos o condicionales y negativa rotunda.
Primero, cumplamos con el derecho a recibir cuidados paliativos y, luego, tratemos sobre la eutanasia
Todavía es más importante observar lo que sucede en el mundo. Y es que la eutanasia no es una iniciativa reciente. Su reivindicación política puede situarse en 1920, cuando Karl Binding y Alfred Hoche utilizaron el término para proponer la muerte de personas social y económicamente inadaptadas, como los enfermos mentales o discapacitados. Pero sólo prosperó con la Alemania nazi. En 1939 Hitler dictó las normas legales que legitimaron la eutanasia, lo cual ciertamente no ayudó a su prestigio. Desde aquella fecha hay que esperar hasta el siglo XXI, en abril del 2002, cuando los Países Bajos la introdujeron en su legislación. A este primer país sólo lo siguieron los otros dos del Benelux, Bélgica y Luxemburgo. Después, nada, porque el reciente intento portugués del 2018 no prosperó, por la oposición de los católicos y del Partido Comunista, que consideró la medida clasista y discriminatoria para los más pobres. Este es el escenario europeo. ¿Acaso la inmensa mayoría de los europeos se equivocan, son reaccionarios, insensibles al sufrimiento, o el error está en los países que la han aprobado? La respuesta europea ha discurrido por otro camino: el de los cuidados paliativos, con la singular excepción española, que presenta una situación trágica:
Cada año mueren en España 80.000 personas que no pueden recibir al final de la vida las atenciones paliativas necesarias. Lo afirma la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal). Estamos situados al mismo nivel que Georgia o Moldavia. ¿Es por esta razón que el Gobierno Sánchez otorga prioridad a la eutanasia?
En el XVI congreso mundial EAPC 2019 en Berlín, se presentó el Atlas de los Cuidados Paliativos en Europa. Describe a las claras el desastre español. Sólo se dispone de 0,6 servicios especializados por cada 100.000 habitantes, cuando la cifra razonable debería más que triplicarse, hasta los dos servicios. España cuenta con 260 recursos específicos, por los 570 de Italia, o los 587 de Polonia, con menor población
y PIB.Diputados y diputadas, en la próxima década cerca de un millón de compatriotas morirán sin cuidados para paliar su dolor. ¿Les parece que es humano sustraerles este derecho a no sufrir por falta de una ley que garantice su asistencia? ¿Les parece humano ofrecerles como solución al sufrimiento el que un médico los mate? Esto no es libertad sino coacción. Primero, cumplamos con el derecho a no sufrir, y luego, tratemos sobre la eutanasia. En 1990 la Organización Mundial de la Salud lo afirmó con claridad: la respuesta son los cuidados paliativos.
Diputados y diputadas, lo saben mejor que nadie. No se puede legislar desde los casos extremos, desde las emociones más intensas de las víctimas, desde casos individuales. Se requiere ponderación de las consecuencias sociales. Y en esto ustedes deben considerar las razones de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 26 de junio de 1997, con mayoría designada por el Partido Demócrata, que afirmó que la eutanasia es una vía para coaccionar a los más débiles y dependientes. La idea de que la petición de morir será lúcida y responsable, cuando el sujeto es susceptible de situaciones de desamparo, dolor físico y psíquico, es una patraña, porque objetivamente ningún acto acometido bajo aquellas condiciones sería aceptado como una decisión libre y autónoma por un juez o un jurado. ¿Por qué quieren revestirla ahora de legalidad? Por eso son tan decisivos los cuidados paliativos y el acompañamiento para toda la población como condición previa. Para restituir la libertad de elección y la autonomía personal, y evitar la imposición del Estado.
Termino porque el espacio no da para más: van a abrir la puerta a la muerte como solución social. No duerman tranquilos bajo esta responsabilidad. Piensen en la razón de por qué sólo tres países europeos lo han aprobado. Consideren que no se trata tanto de rechazarla como de posponer su debate hasta disponer de las curas paliativas para toda la población, porque si no es así, la sospecha de que es una manera de reducir el gasto público será demagógica, sí, pero responderá a la demagogia de los hechos.
Un país que sólo puede ofrecer sufrimiento como alternativa a la muerte es indigno. No sean cómplices de ello.
Publicado en La Vanguardia el 21 de febrero de 2020