Cáritas | Cooperación internacional • 07/04/2020
La situación de los migrantes venezolanos en Colombia y el coronavirus
A la grave exclusión y vulneración de derechos se suman las consecuencias del confinamiento
La crisis sanitaria llega a América Latina, la región del mundo con mayor desigualdad de ingresos, según el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), divulgado en diciembre. Una región golpeada además por la falta de garantía de derechos como la salud, el agua o la vivienda y por la exclusión de un parte de la sociedad que sobrevive del “rebusque” diario en negocios informales. El confinamiento para ellos y ellas es una amenaza igual o mayor que el virus, y las medidas de protección, una ilusión.
Entre la población en una situación de mayor vulnerabilidad se encuentran los y las migrantes venezolanos, que en el caso de Colombia ascienden al 1.7 millones de personas (solo las registradas). Desde que se decretó el pasado 23 de marzo el aislamiento social en todo el país, las alcaldías y el gobierno nacional se han apresurado a poner en marcha medidas tendentes a atender a los colombianos y colombianas con mayor necesidad. Un ejercicio loable, aunque insuficiente y discriminatorio, que solo a tiende a esta parte de la ciudadanía del país.
Mientras, los actores políticos avivan el archiconocido enfrentamiento de pobres contra pobres, para correr una cortina de humo y desenfocar el verdadero problema ahora. Así abocan a la sociedad a discutir sobre si los recursos (que dicen que son insuficientes) se gastan en unos u en otros, y no en cuestionar que sean insuficientes. En esta línea recomendamos sobre de dónde deben salir los fondos para atender la pandemia.
La peor cara del virus
Miles de venezolanos/ y venezolanas en Bogotá han sido desahuciados de su pagadiario (pensiones en las que pernoctan quienes viven al día) porque no tenían los recursos para hacer frente a este gasto. Su fuente de ingresos es la venta de alimentos u otros productos en la calle, pero está prohibido durante estos días. Expulsados de las pensiones se encuentran ahora sin el escudo protector fundamental contra el virus (un alojamiento no son solo cuatro paredes, también agua potable y saneamiento), expuestos a la enfermedad, abandonados del sistema y estigmatizados como potenciales vectores de contagio. Una dimensión nueva de la aporofobia: miedo no solo a que nos llegue la pobreza del pobre sino también la enfermedad del pobre. En algunas ciudades ya ha habido deportaciones encubiertas.
Rosa Coromoto es madre desempleada
“A mí esta enfermedad me ha afectado todo. Uno no puede salir a la calle a buscar trabajo. Yo me siento como ahogada, encerrada, preocupada. ¡Necesito mantener a mis hijos!”, Rosa tiene bajo su responsabilidad a dos gemelos de un año y medio, uno de 9, y dos adolescentes de 13 y 16 años.
Rosa y sus hijos no tienen casa propia. Viven con su madre, una mujer que sobrepasa los 50 años y trabaja para sostener a una familia de seis como camarera en un ambulatorio local de salud. No tiene más opción que salir a la calle todos los días, con gran temor de contagiarse y de contagiar al resto de su familia. Ellas mismas han hecho sus propias mascarillas y siguen las medidas de protección que han visto por los medios. Pero hasta ahora la familia de Rosa no ha recibido ningún implemento de protección.
«Ni nos informan ni nos han dado nada. Además de cuidarse, uno no sabe que más puede hacer, con la comida, el trabajo o si alguien se enferma». La ayuda que más necesita Rosa y su familia para estar segura en medio de esta emergencia es la provisión de alimentos. «Necesitamos comida para poder estar en casa tranquilos».
La Iglesia con las personas venezolanas, allá donde estén
La Pastoral Social de Riohacha, en el Departamento de La Guajira, visita los asentamientos, informa sobre la ruta de acceso a los permisos de residencia en Colombia, organiza campañas de salud y ofrece apoyo psicosocial. En esta nueva coyuntura está ofreciendo además kits de higiene y haciendo incidencia para que el gobierno de la región instale la infraestructura de saneamiento urgentemente. Estas mismas líneas de trabajo las desarrolla en los dos Centros de Atención a migrantes que tiene en la ciudad de Riohacha y en Maicao, actualmente en cuarentena con 18 y 43 personas respectivamente, sin poder aceptar nuevas entradas.
La Pastoral está además habilitando nuevos espacios para albergar a la población migrante que se ubica en calles, plazas y playas (porque el clima allí es benevolente) y hacerlo con los estándares de aislamiento social. Un esfuerzo titánico que hace patente la incapacidad del Estado para garantizar los derechos de todas las personas que se encuentran en su territorio, independientemente de su nacionalidad, raza, etnia, religión o condición social.
