Perspectiva de Género

 

El Parlamento lituano declara la maternidad subrogada contraria a la dignidad de las mujeres y los niños

 

Por abrumadora mayoría de votos

 

 

23 julio, 2020 | Infogender


 

 

 

 

 

El Parlamento lituano aprobó el pasado 25 de junio por abrumadora mayoría de votos (54 contra 4 y 3 abstenciones) una “Resolución que condena todas las formas de maternidad sustitutiva“. Presentada por diputados democratacristianos, el texto fue apoyado por miembros de otros partidos, en particular los verdes y los socialdemócratas.

La resolución señala en primer lugar que la práctica de los vientres de alquiler es contraria a muchos tratados internacionales: los que prohíben la venta de niños, la trata y la esclavitud, los que garantizan los derechos de la mujer, en particular contra la explotación de sus órganos reproductivos, los que protegen los derechos del niño o rigen la filiación, la adopción o incluso la biomedicina. También recuerda una serie de resoluciones del Parlamento Europeo e informes internacionales que ponen de relieve la violación de la dignidad de las mujeres y los niños afectados, que son tratados como mercancías, y los altos riesgos de trata de personas asociados a esta práctica. Por último, el Parlamento lituano pide que se prohíba la gestación subrogada en la legislación lituana.

El Parlamento hace hincapié en la diferencia entre la adopción, que se practica en interés del niño y tiene por objeto poner remedio a una situación dolorosa existente, y la gestación subrogada, que se centra en el deseo de los adultos de “tener” un hijo concebido con ese fin, y que supone poner fin deliberadamente a una relación familiar. Observa que la disociación de la maternidad entre sus dimensiones genéticas, biológicas y sociales y la multiplicación de las reivindicaciones sobre el niño que provoca, conducen al desorden y a la inseguridad jurídica.

El Parlamento observa además que todos los intentos de regular la maternidad sustitutiva sólo han fomentado el turismo reproductivo y la explotación de las mujeres en los países pobres. También subraya que esta práctica -ya sea abiertamente comercial o supuestamente altruista- es una forma moderna de esclavitud y trata de personas y no puede justificarse ni legal ni éticamente.

El Parlamento llega a la conclusión de que sólo la condena completa y definitiva de todas las formas de maternidad subrogada puede eliminar esta práctica, que viola los derechos y la dignidad del ser humano. Por lo tanto, pide al Presidente de la República, al Gobierno y al Ministro de Relaciones Exteriores que condenen todas las formas de maternidad sustitutiva. Además, les pide que adopten medidas eficaces a nivel europeo, del Consejo de Europa y de la Unión Europea, para garantizar que esta práctica esté prohibida como forma de trata de mujeres y niños, y que los Estados sean libres de negarse a reconocer las falsas filiaciones establecidas en el extranjero sobre la base de la subrogación. Asimismo pide que se impongan fuertes multas a quienes participen en contratos internacionales de subrogación, incluidos los organismos médicos y jurídicos y los intermediarios.

En el plano internacional, el Parlamento lituano está haciendo propuestas muy concretas. Aboga por presentar dos enmiendas a los tratados existentes al Secretario General de las Naciones Unidas. En el primero, el Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía reconocería expresamente la maternidad sustitutiva como un caso de venta de niños. La segunda incorporaría a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para prohibir esta práctica. Por último, los diputados piden al Consejo de Europa que inicie una investigación sobre la violación por parte de los Estados miembros de sus compromisos en virtud del Convenio europeo sobre el estatuto jurídico de los niños nacidos fuera del matrimonio.

Es la primera vez que un parlamento nacional europeo se ha dado cuenta de la gravedad de las violaciones no sólo del derecho internacional sino, aún más, de los derechos y la dignidad de las mujeres y los niños causados por la subrogación y ha propuesto medidas concretas para prohibir esta práctica.

A diferencia de la Conferencia de La Haya, que trata de lograr la aceptación de la subrogación afirmando que la regula, el Parlamento lituano ha entendido que no hay diferencia de naturaleza según los métodos adoptados y que la regulación sólo agrava el problema en los países pobres.

Parece que ha llegado el momento de que la comunidad internacional prohíba la maternidad subrogada. Varios organismos internacionales ya han advertido de las violaciones que comporta. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la venta y la explotación sexual de niños, Sra. de Boer-Buquicchio, ha dedicado su informe de 2018 a la venta de niños en el contexto de la subrogación. El Parlamento Europeo ya había planteado la cuestión en 2011 y ha condenado esta práctica, que constituye una explotación de los cuerpos y órganos reproductivos de las mujeres, varias veces desde entonces. Por su parte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a pesar de las intensas presiones y después de largos debates, rechazó en 2016 un proyecto de informe y recomendación que habría tenido el efecto de admitirlo.

Las preocupaciones de los parlamentarios lituanos también convergen con las de sus homólogos de otros países europeos. Así pues, tras el escándalo de los “bebés subrogados” bloqueados en Ucrania, el diputado sueco Alexander Christiansson presentó a finales de junio al Comité de Ministros del Consejo de Europa una pregunta escrita basada en el Convenio europeo sobre el estatuto jurídico de los niños nacidos fuera del matrimonio, que establece que “la filiación materna de todo niño nacido fuera del matrimonio se establecerá por el solo hecho de su nacimiento”, al igual que en el caso de los hijos de una mujer casada, pero Ucrania registra a la mujer que ha pagado por el bebé como madre en el certificado de nacimiento, en violación de la legislación europea.

 

Publicado en Le Figaro por Claire de la Hougue.