Cáritas | Cooperación internacional • 30/09/2020
La violencia continúa en la República Democrática del Congo
Cáritas Española trabaja por prevenir la ocurrencia de los actos violentos en colaboración con Cáritas Bukavu a través del Proyecto contra la Tortura
El este del Congo, y más concreto la zona de los Kivus, se ve afectado por un alto nivel de violencia derivada del enfrentamiento armado entre los numerosos grupos armados que operan en su territorio y el ejército. Pero dicha violencia no se limita a los “efectos colaterales” de estos enfrentamientos, sino que, además, se ceba directamente con las poblaciones en forma de importantes abusos y graves violaciones de derechos humanos hacia la población. La importante incidencia de la violencia sexual en la zona es más o menos conocida por todos en Occidente: la concesión del premio Nobel de la Paz al doctor congoleño Denis Mukgwewe, cuya clínica en la capital de Kivu del Sur, Bukavu, atiende cada año a miles de víctimas de estas violencias ha constituido un espaldarazo para las organizaciones que trabajan en este ámbito.
Sin embargo, otras violaciones muy graves de los derechos de los congoleños permanecen invisibilizadas: una de ellas es la tortura, practicada con un alto grado de impunidad por parte de funcionarios públicos y de miembros de grupos armados dentro y fuera de cárceles y lugares de detención informales, ya sea para conseguir auto-inculpaciones de delitos, para chantajear a las personas. Esto ocurre, a pesar de haberse aprobado en 2011 una ley que establece la prohibición absoluta de la tortura en República Democrática del Congo, en línea con la Convención Internacional contra la Tortura ratificada por el país. Como señala el En 2017 Cáritas realizó en la zona un estudio sobre la incidencia de la tortura que arrojó algunos resultados preocupantes: sólo en un mes se habían documentado en la zona de actuación de Cáritas Española 286 actos de tortura y otras penas y tratamientos crueles, inhumanos y degradantes. Sin embargo, la documentación de estos actos no es frecuente, debido al miedo de las víctimas a represalias, y al acceso muy limitado a la justicia por lo que los casos documentados constituyen la punta de un enorme iceberg.
Durante el último año, 20% de los encuestados declararon haber sido arrestados, interpelados y torturados por la policía o por el Ejército. Según el profesor en Derecho y analista político Arnold Nyaluma, de la Universidad de Bukavu, “prácticas como confinar a presos en celdas demasiado pequeñas o jaulas, golpes con la culata de los fusiles, negación del alimento o el sueño, etc. son moneda frecuente en las prisiones congoleñas y poco o muy poco se hace para evitarlo”. Pero, además, en las zonas rurales, las personas son sometidas a torturas por negarse a pagar impuestos ilegales, u otro tipo de extorsiones. Un 90% de los sanitarios de la zona declaran haber recibido pacientes que habían sido víctimas de este tipo de actos. La mayoría de ellos, afirman que las víctimas tienen miedo de denunciar muchas veces, los miembros de las autoridades locales y de las fuerzas de seguridad desconocen la existencia de esta ley. En una formación realizada sobre el tema a miembros de las fuerzas de seguridad, uno de los participantes declaró: “creíamos que estábamos haciendo el bien, porque estábamos librando al país de criminales. Ahora entendemos que todo ser humano tiene que ser tratado dignamente, y que, incluso, mediante la tortura hemos podido condenar a personas inocentes”.
La incidencia de la tortura ha aumentado sensiblemente en el país debido a la incidencia de la COVID-19. En muchas ocasiones, los vigilantes de las prisiones han multiplicado los actos de tortura, con el fin de hacer respetar las medidas de prevención en vista de la alta incidencia de la enfermedad en las prisiones. El Estado congoleño ha llegado a liberar una cantidad importante de presos, en vista del hacinamiento existente en las cárceles y el riesgo de propagación de la epidemia que ello implicaba, lo cual ha sido positivo para visibilizar la situación de estas personas.
Pero, además, también fuera de los lugares de detención los miembros de las fuerzas de seguridad se han aprovechado de la preocupación colectiva para cometer este tipo de actos contra poblaciones no presas que presuntamente no estaban respetando las medidas anti-propagación de la COVID-19.
Aprovechando esta visibilidad acrecentada de la realidad de la tortura en Kivu del Sur, Cáritas Bukavu ha celebrado dos mesas redondas durante la primera quincena de septiembre en la ciudad de Bukavu. Dichas mesas contaban con la presencia de responsables políticos y militares del más alto rango y su finalidad ha sido trabajar en medidas y acciones que completen la mencionada ley y que la desarrollen y conseguir el compromiso de las autoridades con dichas medidas. Cáritas va a iniciar en colaboración con estas autoridades visitas a los lugares de detención con abogados y magistrados para ilustrar sus demandas con hechos y una serie de mesas redondas en las zonas rurales para conocer la realidad desde su perspectiva.
Estas acciones se enmarcan en el Proyecto contra la Tortura que Cáritas Española, en colaboración con Cáritas Bukavu y financiación de la Unión Europea, ejecuta la Diócesis de Bukavu, dirigido fundamentalmente a prevenir la ocurrencia de estos actos y disminuir su incidencia a través de la formación de los habitantes de estas zonas y de las autoridades locales, que son los principales responsables; crear un ambiente propicio para la denuncia por las víctimas y la obtención de asistencia por las mismas; incidir ante los responsables públicos para que vigilen la observancia de la ley y desarrollen la legislación / medidas complementarias necesarias para su efectivo cumplimiento.