Cáritas | Acción social • 18/12/2020
Fronteras invisibles
Desde Cáritas Diocesana de Barcelona denunciamos las barreras impuestas por la normativa de extranjería
Por Cáritas Diocesana de Barcelona
El pasado 19 de noviembre desde Cáritas Diocesana de Barcelona presentamos el informe “Fronteras In-visibles”, haciéndonos eco de las situaciones que detectamos en la diócesis, pero que pueden extrapolarse al resto de cáritas diocesanas y parroquiales del territorio español, pues las barreras impuestas por la normativa de extranjería son las mismas, y la invisibilidad que provoca en las personas en situación de irregularidad administrativa es global.
A través de grupos de discusión, las personas que acompañamos desde Cáritas nos explicaban cómo son sus vivencias cuando existe una frontera invisible, una barrera administrativa que les impide acceder a los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.
Desde el momento en el que salen de su país de origen (movilidad forzosa) empiezan una carrera de obstáculos para conseguir ser consideradas ciudadanas de nuestro país. Una carrera larga y desgastante, que muchas veces hacen solas, dejando a su familia y sin redes sociales de apoyo, y otras veces con niños y niñas que no tienen las mismas oportunidades que los demás. Comienza por la búsqueda de un hogar digno, que resulta prácticamente imposible en ciudades donde exigen garantías imposibles de cumplir, por ejemplo, y donde las personas suelen acabar subarrendando habitaciones, viviendo situaciones de hacinamiento con la falta de intimidad, de espacio o condiciones de insalubridad que comporta. Y siempre con la inseguridad de que puedan echarlas a la calle en cualquier momento.
La carrera continúa con la búsqueda de empleo. La ley de extranjería las empuja a buscar trabajo en la economía informal, sin ningún tipo de protección frente a la enfermedad, situaciones de abuso o el despido. Y luego, en la mayoría de situaciones, a encontrar un contrato de un año para regularizar su situación administrativa al llegar a los tres años de estancia en España. Trabajo, ¿cómo conseguirlo en un mercado laboral como el nuestro, donde la temporalidad y la parcialidad involuntaria están a la orden del día? El “corsé” jurídico de la ley de extranjería las obliga a vivir en la precariedad, y las invisibiliza.
Y uno a uno se van vulnerando todos los derechos, con barreras al empadronamiento, a la apertura de cuentas bancarias, al acceso a servicios sociales…es decir, la condición de irregularidad administrativa limita sus oportunidades y las ubica en los márgenes del sistema.
En el informe, planteamos una serie de constataciones y propuestas políticas, de las que destacamos:
–Vías legales y seguras. Es necesario que la ley de extranjería se adecue a la necesidad de movilidad forzosa de las personas. No hacerlo implica riesgo en las vidas, endeudarse y permanecer en España en situación irregular un mínimo de tres años.
–Protección del derecho a vivir en familia y de los derechos de la infancia. Es necesario garantizar que los menores de edad puedan vivir con sus familias y garantizar el acceso a la residencia. De ello, nos jugamos el tipo de sociedad futura que queremos construir.
–Garantizar los derechos de los menores sin referentes y su acceso con plenas garantías a la mayoría de edad. Las Administraciones Públicas deben garantizar el acceso a una autorización de residencia de todo menor, sin referente adulto, que se encuentre en España, tal y como establece la normativa de extranjería. Asimismo, es necesaria una reforma del Reglamento de Extranjería que garantice, al igual que pasa con los menores Reagrupados, que al llegar a la mayoría de edad esa autorización incorpore también la autorización a trabajar. De no ser así, esa autorización no podrá ser renovada y caerán en irregularidad sobrevenida, destinados a vivir al margen de la sociedad.
–Garantizar el empadronamiento de las personas extranjeras en situación administrativa irregular, tal y como establece la normativa.
–Facilitar el acceso al mercado laboral de las personas Migrantes con plenas garantías. En un entorno tan excepcional como el actual, con cierre de fronteras desde hace varios meses, y con personas en situación administrativa irregular que se sustentan con trabajos en la economía informal existentes (cuidadores, restauración, etc.) es necesario flexibilizar los requisitos de acceso a la obtención de la autorización de residencia y trabajo.
Nos queda camino aún para hacer realidad los cuatro verbos de los que nos habla el Papa Francisco en su cuarta encíclica, Fratelli Tutti: acoger, proteger, promover e integrar. Es importante, como Caritas, seguir acogiendo y acompañando a estas personas, y ser su voz de denuncia pública cuando sea necesario.