Política
Socialista, cristiano y ex-Fiscal General del Estado: “No hay elección libre a morir sin cuidados paliativos”
Eligio Hernández se opone en un artículo a la nueva ley y recuerda que no hay nada más progresista que defender la vida
21 enero, 2021 | ForumLibertas.com
Eligio Hernández es un destacado militante del partido socialista y, al mismo tiempo, ha sido fiscal General del Estado durante la última legislatura de Felipe González, entre 1990 y 1992. Sin embargo, lejos de alinearse con la actual deriva del PSOE y su Ley de eutanasia, es un firme defensor de los cuidados paliativos.
El jurista ha publicado un artículo titulado “La falta de garantías constitucionales en la Ley de Eutanasia” en el que se opone a la nueva ley y recuerda que no hay nada más progresista que defender la vida.
“Una de las contradicciones que sufrimos los veteranos socialistas disidentes de algunas políticas, no de todas, del gobierno de coalición y de la dirección del PSOE-explica Hernández-, se producen cuando nuestras críticas concretas coinciden, como en el caso de la eutanasia, con las de los partidos conservadores, aunque por razones y fundamentos diferentes, en cuyo caso nos tachan de ser de derechas, cuando no de fascistas”.
El ex político considera que no hay valor más progresista “que la protección de la vida”, y que, para un creyente cristiano militante, “que se considera cristiano antes que socialista”, “no puede ser sacrificada ni por la propia voluntad humana por muy libre que se manifieste”.
El artículo aboga por “una muerte digna para los enfermos terminales, a través de crear las condiciones sociales y económicas objetivas que permitan que estos enfermos puedan acceder a los cuidados paliativos dispensados por el sector sanitario público mediante una Ley de Cuidados Paliativos”.
“Para eliminar el sufrimiento y no tener que eliminar al que sufre, destinando más medios a la dependencia para que funcione con eficacia la Ley de Dependencia procurando una mayor celeridad en la tramitación y cumplimiento de la misma. Se equivocan los que creen que el apoyo a la Ley de Eutanasia es propio de la izquierda política, pues la conservación de la vida y las ayudas para una muerte digna para los enfermos incurables, es progresista“, explica.
Hernández cita al Partido Comunista Portugués, que dice que el derecho a matar o suicidarse no es señal de progreso sino un paso hacia la regresión civilizatoria, añadiendo que la idea de que la dignidad de la vida está garantizada por la consagración legal del derecho a la muerte prematura merece el rechazo de este Partido Comunista.
Según el artículo la laguna principal que tiene la Ley de Eutanasia “es la marginación en la aplicación de la Ley, de los Jueces y del Ministerio Fiscal, que, precisamente, tienen como funciones principales la garantía de los derechos (artículo 117.4 de la Constitución), y la promoción de la justicia en defensa de los derechos (artículo 124.1 de la Constitución), sobre todo del derecho a la vida (artículo 15 de la Constitución). Esta laguna puede ocasionar la inconstitucionalidad de dicha Ley al excluir la resolución judicial de incapacitación”.
“Especialmente -prosigue- plantea un problema de interpretación y aplicación el artículo 9 en relación con el artículo 5.2 de la Ley que habla del procedimiento a seguir cuando se aprecie si existe incapacidad de hecho permanente certificada por un médico, en cuyo caso está obligado a aplicar lo previsto en las instrucciones previas o documento equivalente del paciente.
La declaración extrajudicial de la incapacidad de hecho carece de garantías, “puede producir abuso, y deja indefenso al paciente”. Las garantías que establece la ley para ayudar a morir al enfermo terminal “son importantes”, pero “no son las garantías constitucionales para la defensa y protección de los derechos fundamentales”.
Hernández sostiene que es dudoso que esta ley pueda beneficiar a los más débiles económicamente, “que no pueden acudir a los Cuidados Paliativos en sus domicilios o en residencias de pago, y que tienen que esperar mucho tiempo para tener una plaza en un centro asistencial o hospitalario público”. Y sentencia: “Antes que una muerte digna hay que garantizar una vida digna“.
“La preservación y dignificación de la vida “en la vida” debe ser el objetivo de una sociedad progresista y humanista”, concluye.