El blog de Josep Miró

 

El estado policial rosa que crece en España

 

Es evidente que quieren impedir la práctica de lo que son derechos fundamentales contemplados por la Constitución, el de la libertad de expresión, manifestación y reunión, que no tienen otro límite que el orden público.

 

 

01 octubre, 2021 | por Josep Miró i Ardèvol

 

 

 

 

 

 

En el Congreso de los Diputados ha iniciado su camino la propuesta de ley del PSOE que pretende modificar el Código Penal, que es una ley orgánica. Concretamente el art. 172.4, sancionando con hasta con un 1 año de prisión a quienes en las “inmediaciones” de lugares establecidos para interrumpir embarazos puedan “intimidar” a las mujeres.

La iniciativa es una aberración democrática que confirma el avance del estado policial rosa. Primero porque, como ya es habitual, practica una tramitación fraudulenta, porque es una iniciativa del gobierno que no presenta como proyecto de ley, sino que se la traspasa al partido para que la tramite como propuesta. La diferencia no es menor. De esta manera se simplifica la tramitación en detrimento del debate parlamentario, se hurta la participación y comparecencias, y desaparece la obligación del informe del Consejo de Estado, que pondría de manifiesto la inconstitucionalidad de la ley que lesiona gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Es evidente que quieren impedir la práctica de lo que son derechos fundamentales contemplados por la Constitución, el de la libertad de expresión, manifestación y reunión, que no tienen otro límite que el orden público.

Pero, los gobiernos de Cataluña y España están tomando una peligrosa deriva en la que se toman derechos según quién sea el sujeto: muy favorable para los amigos del gobierno hasta alcanzar el privilegio, y absolutamente represiva para quienes mantienen puntos de vista que no se ajustan a los suyos, como es el caso de quienes creen que el aborto no es una solución, sino un grave problema.

Hace unos meses, por aquellas razones de prevalencia de derechos fundamentales, se derogó la figura delictiva que existía en el Código Penal para los piquetes de huelga en aquellos casos que violentaran o intimidaran a terceros, impidiendo el acceso al trabajo u obligando a cerrar tiendas. Qué marcado contraste con lo que les sucede a los jóvenes que oran en los entornos de las clínicas de aborto.

Y un ejemplo concreto de la intimidación del estado policial rosa se dio este domingo en Barcelona. No es el primero en España, ni el único; en Madrid han abundado, pero este caso revela el extremo de la intransigencia y la utilización de la policía contra los derechos.

Sucedió frente a la clínica EMECE en la calle Anglí el domingo pasado. Escenario, la acera de enfrente a la clínica, dos chicos y una chica rezaban Lo hacían de una manera tan discreta que apenas se percibía su actividad, pero en un momento dado se presentó un coche de los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, indagando qué hacían allí. Por supuesto, la pregunta ya es desproporcionada, porque tres personas en una acera pueden estar hablando, rezando o haciendo lo que quieran y la policía no tiene ninguna razón para intervenir. Respondieron: oramos.

Los Mossos d’Esquadra quedaron satisfechos y se fueron, pero no había pasado media hora cuando regresaron y como ya no podían preguntar qué estaban haciendo, les pidieron la identificación. Pedir una identificación en la calle por parte de la policía si no hay una causa bien determinada, también es un acto coercitivo. No lo habrían hecho si no hubiera habido la intervención de la clínica EMECE de por medio. Es decir, la policía, que tiene tanta dificultad para impedir los botellones, está a la orden de una clínica de abortos para presionar e intimidar a las personas que no hacen absolutamente nada que pueda ser incívico, a menos que ya se considere una provocación rezar en la vía pública.

Los jóvenes permanecieron en el lugar, no los asustaron. Y luego, poco tiempo después, apareció un hombre que les gritó, les insultó, les amenazó, con una actitud que, esa sí era sancionable, pero mira por donde la policía ya no estaba allí y ya no volvió.

Este hecho no es una anécdota, forma parte de una campaña gubernamental, tanto en España como en Cataluña, que busca intimidar a aquellas personas que, en los entornos de las clínicas del aborto, rezan, como es el caso, o que reparten folletos a quienes quieran llevárselos. Quieren acusarlos de intimidar a las mujeres que van a la clínica.

¿Es intimidante orar? ¿Es intimidante repartir folletos que uno coge, o no, o tira al suelo?

Aquella modificación del Código Penal, en el caso de que se apruebe, es poco probable que pase el cribado del Tribunal Constitucional, pero como es tan lento, pasarán años en los que estará plenamente vigente la nueva regulación. Y, mientras la policía, la fiscalía dirigida por una exministra de Sánchez, intimidará, arrestará e intentará reprimir a estas personas.

El objetivo de la ley no es que se asiente en la legislación española. Se trata simplemente de que sea una amenaza  que dé más cobertura a la policía durante unos años. Eso justificará que en lugar de pedir su identificación, puedan arrestar a las personas que oran. Realmente, si no lo detenemos terminaremos viviendo en un estado policial rosa de apariencia liberal.

Y para afrontar esta situación necesitamos ganar en fuerza y actividad. Para ello debemos impulsar respuestas que nos agrupen, que actúen donde es más necesario ahora: el espacio público-político. Dos buenas opciones son:

Y para ganar fuerza te invito a participar en una cita clave el 11 de diciembre por la mañana: la Asamblea Abierta de e-Cristians en Barcelona para (1) contribuir a la evangelización desde el espacio público, (2) promover la alternativa cultural cristiana, y (3) reflexionar sobre cómo debemos intervenir en la política en nuestras condiciones específicas. Puedes participar presencial o telemáticamente si te inscribes AQUÍ.