13/11/2025 | por Grupo Areópago
Estos días ha saltado a los medios de comunicación la noticia sobre los abusos infringidos a menores en un campamento en Barnedo (Álava) en 2024, donde los menores eran obligados a realizar actividades desnudos o participar en tocamientos eróticos con los monitores. Y no acaba ahí el escándalo, los hechos ya fueron denunciados a las autoridades responsables, dependientes de Diputación de Guipúzcoa (PNV), que minimizaron al máximo la gravedad de los hechos. Fue necesaria una denuncia particular para que la policía comenzara una investigación identificando a las víctimas y a los agresores y abriendo un caso sobre lo ocurrido en el campamento.
Según informa la prensa, la investigación ha suscitado numerosas denuncias de agresión sexual, exhibicionismo o coacción.
Los organizadores de la actividad han reconocido los hechos defendiendo su forma de actuar: «una oportunidad para romper estigmas y liberarnos de la vergüenza y la sexualización». Lo más sorprendente de todo es que un grupo numeroso de padres han dado por buenas las explicaciones, agradeciendo la utilización «del cuerpo de cada persona como instrumento político» (sic.).
Estas tristes noticias dejan la sensación de que, para los menores de edad, vivimos en un estado fallido, donde las autoridades no defienden el bienestar y la justicia, sino el abuso y la ley del más fuerte.
Hace unos meses, se publicaba en España el libro «La pederastia en la Iglesia y la sociedad. El gran chivo expiatorio», de Josep Miró i Ardèvol, donde se aportan datos contundentes sobre los abusos sexuales a menores. En España, del total de los casos de abuso sexual denunciados, entre un 40% y un 50% de las víctimas son menores (que son menos del 18% de la población). Según las encuestas más fiables, los perfiles de los abusadores son: padres (23,3%), otros familiares (20,5%), compañeros (8,7%), amigos (5,7%), pareja de la madre (5,4%), vecino o amigo de la familia (4,3%), profesor (3,7%), monitor extraescolar (1,0%), sacerdote (0,2%).
Sin embargo, la máxima preocupación del gobierno de España son los abusos producidos en torno a la Iglesia Católica, dedicando la atención especial del Defensor del Pueblo y con el apoyo incondicional del grupo Prisa desde sus distintas plataformas mediáticas.
Según Miró, el objetivo del gobernante es poner toda la atención en la Iglesia católica para que pasen desapercibidos la mayoría de los casos, dejando desamparados a los menores frente a una creciente tendencia en la «normalización» de las relaciones sexuales con menores. Si todos los focos están apuntando al 0,2% de los casos, quedan a oscuras el 99,8% restantes.
Esta tendencia no es nueva, ya desde Sartre y Simone de Beauvoir se intenta legitimar las relaciones sexuales con menores si hay consentimiento, condición especialmente frágil entendiendo que hablamos de menores de edad fácilmente manipulables. También da que pensar en el continuo retorno de canciones como «Carolina» de M-Clan o la novela «Lolita» de Nabokov, repetidamente versionada en cine. En el otro sentido, valoren los vetos y dificultades para la distribución de la película «El sonido de la libertad», producida por Eduardo Verástegui.
Los menores se están convirtiendo en objetivos de un proceso de sexualización en el que nuestras autoridades han decidido cumplir el papel de espectadores pasivos o incluso cómplices. El caso de Barnedo parece apuntar en esa dirección.
GRUPO AREÓPAGO