Tribunas
30/03/2026
Pero si la Iglesia lleva años indemnizando económicamente
José Francisco Serrano Oceja
Luis Argüello, Félix Bolaños y Jesús Díaz Sariego, durante el acuerdo.
Foto: ministerio de presidencia.
Cuando escribo estas líneas no se ha hecho público el convenio que desarrollará el acuerdo firmado por los obispos con el Gobierno el pasado 8 de enero. Un convenio que ha costado prácticamente cuatro meses de trabajo y veremos cuánta sangre, sudor y lágrimas…
No descartemos, una vez más, escuchar al ministro Bolaños decir barbaridades como que ya podemos mirar a las víctimas a los ojos. Será él, porque la Iglesia lleva muchos años mirando a la cara a las víctimas, indemnizando económicamente a las víctimas, aunque parezca que no es así y se quiera vender el relato de que ahora ya, por fin, definitivamente, se va a realizar ese proceso en justicia.
Dos datos para que quede claro que la Iglesia lleva ya muchos años. Dos, que se han hecho públicos últimamente. Porque no sabemos, ni sabremos, la verdad de las cuantías que algunas congregaciones religiosas o institutos religiosos o diócesis han pagado, desde hace mucho tiempo, que no fue cuando se elaboró el informe del Defensor del Pueblo.
No hay que olvidar, por cierto, que estamos hablando de indemnizaciones, reparaciones monetarias, fruto de acuerdos extrajudiciales por causa de la prescripción o del fallecimiento del victimario.
Por lo tanto, hablamos de un necesario sistema de justicia paralela a la justicia ordinaria, lo que trae también su reflexión y sus consecuencias.
Resulta paradójico que el Gobierno, que en principio debiera ser garante de la justicia ordinaria, del imperio de la ley, se empeñe en otro sistema de justicia paralelo, de carácter administrativo, por las deficiencias del sistema ordinario.
Si en las manos del Gobierno está el legislar, ¿por qué no se dedica a legislar para todos y no a potenciar sistemas paralelos? Ah, y sólo para las víctimas de la Iglesia. ¿Dónde queda la justicia para las víctimas de la pederastia que no son de la Iglesia? ¿Acaso el Gobierno no debiera preocuparse de esas víctimas?
Ya que estamos haciendo preguntas en voz alta acerca de los sistemas de justicia y retribución, planteo una más. ¿Qué pasaría si las indemnizaciones que hoy se han aprobado son superiores a las de los tribunales ordinarios de justicia? ¿Cabría la posibilidad de que una víctima esperara a que prescribiera su delito para plantear su caso en esta nueva vía y obtener una mayor cuantía?
Pero vayamos a los hechos.
El PRIVA, el mecanismo que la Iglesia instituyó, y que ahora da la impresión que queda bastante tocado por la vía de los hechos, ha hecho público que el importe total de las reparaciones propuestas alcanzaba los 1.562.880 euros, lo que sitúa la indemnización media en 30.644,7 euros, desde su constitución.
Hoy domingo hemos leído un reportaje en un medio de comunicación nacional sobre una asociación de acogida y acompañamiento de las víctimas, llamada Betania, que trabaja desde 2023, que ha facilitado alrededor de 40 procesos de reparación y que dice que hecho posibles acuerdos económicos por valor de 1.300.000 euros.
Nadie podrá decir que la Iglesia no estaba afrontando los acuerdos económicos con las víctimas antes, mucho antes, de que llegara Bolaños.
José Francisco Serrano Oceja