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03/05/26 | Zenón de Elea
Noelia Castillo y su madre, durante la entrevista
que concedió a Antena 3. (Y ahora Sonsoles).
El título es tan aterrador que no he cambiado ni una coma. He respetado la voluntad de su autora, la doctora Grazie Pozo Christie en su artículo publicado en Ángelus News, el medio de la archidiócesis de los Ángeles (Estados Unidos).
El encabezamiento de su artículo no puede ser más incisivo y acusador contra el Gobierno español que es a quien responsabiliza en última instancia, independientemente de la voluntad de Noelia.
Aunque no hace falta recordar quién es Noelia, porque su caso ha dado la vuelta al mundo, es mi deber: la joven española de 25 años que solicitó la eutanasia por un sufrimiento psíquico que para ella era insoportable después de haberse intentado suicidar y años luchando en terapias, y que finalmente aprobó la Comisión de Garantía y Evaluación, un órgano colegiado con perfiles médicos y jurídicos.
Así comienza la doctora Grazie Pozo en su artículo: "Durante algunas semanas a principios de este año, el mundo estuvo conmocionado por la historia de Noelia Castillo Ramos, de 25 años, y su muerte a manos del gobierno español. No, no fue ejecutada por ser una asesina atroz...... Noelia era una joven en silla de ruedas con un pasado problemático y que sufría de depresión. Debido a estas discapacidades, fue ejecutada mediante inyección letal".
Ejecutada por el Gobierno español. En España pocos se atreven a tamaña denuncia. Su artículo no tiene desperdicio.
Grazie Pozo es radióloga en el área de Mami y miembro de la Junta Estatal de Educación de Florida nombrada por el Gobernador Ron DeSantis. Tiene 25 años de experiencia en radiología y diagnóstico. También es investigadora principal en la Asociación Católica, donde se centra en temas que afectan a las familias. Escribe en USA TODAY, National Review, The Washington Post y The New York Times. Está casada y tiene cinco hijos.
Pozo Christie advierte además de que España no es un caso aislado. En su artículo menciona explícitamente la evolución de la eutanasia en Canadá, "donde una de cada veinte personas es asesinada por el Estado y el costo de eliminar a una persona es de aproximadamente 2300 dólares canadienses. En 2022, se conoció el caso de una atleta paralímpica en Quebec que luchó infructuosamente durante cinco años para que le instalaran una rampa para silla de ruedas en su casa. Finalmente, el Estado, con gran generosidad, le ofreció la muerte como alternativa", denuncia la doctora.
El caso Noelia, convertido ya en símbolo internacional, ha abierto una grieta en la percepción exterior de España. Lo que dentro se ha defendido como un derecho, fuera es interpretado por algunos como una renuncia a proteger la vida, un fracaso colectivo propio de un estado economicista que se resiste a destinar recursos económicos para paliar el dolor ajeno. Y esa crítica no procede solo de activistas, sino también de profesionales sanitarios con décadas de experiencia.
Mientras tanto, la historia sigue viva en España. La madre de Noelia ha pedido ahora la derogación de la ley de eutanasia, asegurando que su hija “no tenía ninguna enfermedad terminal” y denunciando que no se hizo todo lo posible por ayudarla.
Sus palabras son esperanzadoras. Sin embargo, me sorprende que en la entrevista que ofreció en el programa Ahora Sonsoles, en donde vimos a las dos, madre e hija, Noelia y su madre, no se mostró tan contundente. ¿Por que no vociferó alto y claro contra esta barbaridad antes de morir su hija?
Yo hubiera gritado: ¡¡Mi hija no tiene ninguna enfermedad terminal, el Estado no está haciendo todo lo posible por ayudarla!! ¡¡Ayúdennos!! No juzgo, solo reflexiono reconociendo que me falta información.
El debate está lejos de cerrarse. Pero una pregunta queda en el aire que nos interpele a todos: ¿hemos confundido compasión con rendición, derechos individuales con hipocresía?
