Iglesia-Estado
La Unidad de Víctimas ha analizado 450 solicitudes desde su puesta en marcha
04/08/26 | Marta Santín, X
Apenas cuatro meses después de la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de reconocimiento y reparación para las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, el Defensor del Pueblo ha ofrecido el primer balance de su actividad.
- Priva no ha recibido ningún expediente
- ¿Quiénes son esas 450 personas?
- Qué significan los 149 expedientes en tramitación
- La Iglesia deberá realizar su propia investigación
- Un procedimiento que apenas comienza
Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.
La institución que dirige Ángel Gabilondo ha informado de que la Unidad de Víctimas ha analizado ya 450 expedientes, de los cuales 149 permanecen en fase de tramitación.
Priva no ha recibido ningún expediente
Se trata de unas cifras relevantes porque reflejan el volumen de personas que han decidido acudir al mecanismo independiente creado tras el acuerdo firmado el pasado mes de marzo entre el Gobierno, el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la CONFER. Sin embargo, estos datos no significan que la Iglesia haya comenzado ya a estudiar esos expedientes.
De hecho, según ha podido confirmar Religión Confidencial a fuentes conocedoras del funcionamiento del sistema, la comisión asesora del Plan PRIVA de la Iglesia todavía no ha recibido ninguno de esos expedientes.
Es decir, aunque el Defensor del Pueblo ya ha realizado una primera valoración de centenares de solicitudes, el procedimiento aún no ha alcanzado la fase en la que la Iglesia debe intervenir emitiendo el informe preceptivo previsto en el protocolo.
Esta circunstancia explica por qué los datos ofrecidos este lunes por el Defensor del Pueblo no se traducen todavía en expedientes abiertos dentro del Plan PRIVA. La propia arquitectura del nuevo sistema establece varias fases sucesivas antes de que la Iglesia conozca oficialmente cada caso.
¿Quiénes son esas 450 personas?
Las 450 solicitudes corresponden a personas que han acudido al nuevo mecanismo extrajudicial habilitado para los casos en los que ya no es posible la vía penal por prescripción de los delitos o fallecimiento del presunto agresor.
No todas esas personas son necesariamente víctimas que nunca hayan acudido a la Iglesia. En muchos casos pueden ser personas que prefirieron dirigirse directamente al Defensor del Pueblo, al considerar que se trata de un órgano independiente, en virtud del protocolo firmado entre las partes.
Pero también es posible que algunas de ellas ya hubieran iniciado previamente un procedimiento eclesial o incluso hubieran solicitado algún tipo de reparación mediante el Plan PRIVA y deseen ahora que su caso sea examinado igualmente por la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, tal y como permite el nuevo sistema.
Qué significan los 149 expedientes en tramitación
El dato verdaderamente relevante es el de los 149 expedientes que continúan en tramitación.
Son estos casos los que siguen siendo objeto de evaluación individualizada por parte de la Unidad de Víctimas integrada por especialistas en victimología, psicología, criminología y distintas disciplinas jurídicas. Su misión consiste en determinar si concurren los requisitos para reconocer la condición de víctima y proponer las correspondientes medidas de reparación.
Sin embargo, tampoco estos 149 expedientes han llegado todavía a la Iglesia.
Una vez que la Unidad del Defensor concluya el estudio de cada caso y formule una propuesta de reconocimiento y reparación, será entonces cuando la documentación se remitirá a la comisión asesora del Plan PRIVA, integrada por representantes de la Conferencia Episcopal y de la CONFER.
Ese informe de la Iglesia es preceptivo, aunque no vinculante, dentro del procedimiento establecido en el protocolo.
La Iglesia deberá realizar su propia investigación
La intervención de la Iglesia no consistirá en una mera validación administrativa.
Si el Defensor del Pueblo considera acreditados los hechos y propone reconocer a una persona como víctima, la Iglesia deberá llevar a cabo su propia investigación canónica y documental para emitir el informe motivado que exige el protocolo.
Ese análisis permitirá contrastar la información disponible en archivos diocesanos, congregaciones religiosas u otras instituciones eclesiales, además de examinar las circunstancias concretas de cada caso.
Solo después de ese estudio la comisión asesora del PRIVA emitirá su dictamen.
Si existiera conformidad entre ambas partes, el procedimiento continuará hasta concretar las medidas de reparación —económicas, restaurativas, simbólicas o espirituales— previstas para cada víctima.
Si surgieran discrepancias, el protocolo prevé la intervención de una comisión mixta integrada por representantes del Defensor del Pueblo, el Gobierno, la Iglesia y la CONFER para intentar alcanzar un acuerdo. En última instancia, corresponde al Defensor del Pueblo adoptar la decisión final sobre el reconocimiento de la víctima.
Un procedimiento que apenas comienza
Los datos presentados ahora constituyen, por tanto, una fotografía del funcionamiento inicial del nuevo mecanismo, pero no del número de casos que ya están siendo valorados por la Iglesia.
La mayor parte de las solicitudes todavía se encuentra en las fases previas del procedimiento, y únicamente cuando la Unidad de Víctimas concluya sus evaluaciones comenzarán a llegar los primeros expedientes al Plan PRIVA.
Será entonces cuando la Iglesia deba pronunciarse caso por caso y realizar sus propias investigaciones antes de asumir, en su caso, las medidas de reparación contempladas en el acuerdo alcanzado con el Gobierno y el Defensor del Pueblo.
De momento, pese a los 450 expedientes ya analizados y a los 149 que siguen vivos en el procedimiento, la comisión asesora del PRIVA continúa sin haber recibido oficialmente ninguno de ellos, por lo que la fase eclesial del nuevo sistema aún no ha comenzado.
