Vaticano
La Corte de Apelación del Vaticano ha fijado del 26 al 29 de enero de 2027 las sesiones para resolver las cuestiones preliminares del proceso contra el cardenal Angelo Becciu y otros acusados. Los abogados advierten de que el incumplimiento de una orden judicial para entregar íntegramente los documentos de la investigación podría impedir que la causa continúe.
30/10/26 | Javier Arias
- Cuatro días para resolver las cuestiones previas
- Los abogados exigen todos los documentos de la investigación
- La defensa reclama que se aplique el artículo 421
- La defensa sostiene que la condena puede quedar en cuestión
- Las conversaciones de Chaouqui y Perlasca, en el trasfondo
Cardenal Becciu.
La séptima audiencia del proceso de apelación, celebrada este jueves, ha concluido con un nuevo calendario judicial, pero sin resolver el principal enfrentamiento entre el tribunal y las defensas: la entrega completa de los documentos de la investigación. Según informa FarodiRoma, las sesiones de enero se dedicarán exclusivamente a las cuestiones preliminares y al cumplimiento de las resoluciones anteriores, sin entrar todavía en el fondo del caso.
Cuatro días para resolver las cuestiones previas
La Corte ha señalado las próximas sesiones entre el martes 26 y el viernes 29 de enero de 2027, en horario de mañana, de 9.00 a 13.30 horas. El objetivo será abordar las cuestiones previas a la apertura del juicio de segunda instancia y comprobar si se han cumplido las órdenes dictadas anteriormente por el tribunal.
En la audiencia estuvieron presentes, entre otros, el cardenal Angelo Becciu, Enrico Crasso y Raffaele Tirabassi. Al término de la sesión, el purpurado reconoció ante los periodistas que el ambiente era tenso: «Estamos nerviosos».
El nuevo calendario mantiene abierto el debate sobre la validez del procedimiento, que se remonta a una resolución del 17 de marzo. Entonces, la Corte de Apelación constató la nulidad de la citación a juicio por la falta de entrega íntegra de los documentos y dispositivos de la investigación por parte de la Oficina del Promotor de Justicia.
Los abogados exigen todos los documentos de la investigación
El principal reproche de las defensas es que, meses después de aquella resolución, la orden de entregar toda la documentación sigue sin cumplirse plenamente. Los abogados Fabio Viglione y Luigi Panella han vuelto a denunciar esta situación y han presentado escritos específicos para reclamar que se ejecute la resolución judicial.
Según la información de FarodiRoma, la acusación ha invocado motivos relacionados con el canon 1598 y la protección de los intereses del Estado para justificar las limitaciones en el acceso a determinados documentos. Las defensas sostienen, sin embargo, que corresponde al juez, y no a la acusación de manera unilateral, decidir sobre esas restricciones.
«Si los documentos no se han depositado, no existe un derecho pleno de defensa ni se respeta el código», ha señalado Viglione, según recoge el medio italiano. El abogado insiste en que el ejercicio efectivo del derecho de defensa exige que los acusados y sus representantes puedan acceder al conjunto de las actuaciones.
Panella, por su parte, ha calificado de «neutral» la decisión de la Corte sobre el calendario, aunque ha valorado positivamente la exigencia de que se cumplan sus propias resoluciones.
La defensa reclama que se aplique el artículo 421
La controversia podría tener consecuencias decisivas para la continuidad de la causa. Las defensas han vuelto a invocar el artículo 421 del Código de Procedimiento Penal del Vaticano, que contempla la posibilidad de dictar una sentencia absolutoria o de cierre cuando la acción penal no puede continuar válidamente por nulidades procesales insubsanables.
La aplicación de este precepto es una de las cuestiones que deberán examinarse en las sesiones de enero. No supone, por el momento, que el tribunal haya decidido archivar el procedimiento, sino que los abogados reclaman que se extraigan las consecuencias jurídicas de la falta de cumplimiento de la orden de entrega documental.
En una entrevista publicada el miércoles por Quotidiano Nazionale, Viglione ya había advertido de que la irregularidad detectada afecta al origen mismo del juicio y no constituye, a su juicio, un defecto formal menor. El letrado defendió que la Corte debe valorar las consecuencias de que su orden no se haya ejecutado íntegramente.
La defensa sostiene que la condena puede quedar en cuestión
En declaraciones al diario italiano, Viglione afirmó que la condena de primera instancia podría verse afectada por esta cuestión procesal. Según explicó, la Corte no se limitó a señalar una irregularidad, sino que identificó un defecto relacionado con la citación a juicio y con los documentos de la investigación.
El abogado también reiteró que la defensa impugna el contenido de la sentencia condenatoria. Según su versión, el tribunal de primera instancia ya había descartado que Becciu se apropiara de dinero o consiguiera beneficios personales, pese a condenarlo.
Viglione cuestionó, además, que la Oficina del Promotor de Justicia pretendiera decidir qué documentos podían conocer los abogados en función de su pertinencia para las acusaciones o de la protección del interés público. La defensa considera que esa selección unilateral fue precisamente uno de los aspectos censurados por la Corte en marzo.
Las conversaciones de Chaouqui y Perlasca, en el trasfondo
La entrevista de Quotidiano Nazionale abordó también las conversaciones entre Francesca Chaouqui y Genoveffa Ciferri, en las que, según el diario, aparece el mensaje: «Si sale a la luz que estábamos todos de acuerdo, se acabó».
Viglione interpreta esos intercambios como un elemento que, a su juicio, respalda la denuncia de Becciu de haber sido víctima de una «maquinación». El abogado sostiene que buena parte de esas conversaciones fueron ocultadas mediante tachaduras y no se utilizaron durante el juicio de primera instancia.
El letrado también cuestionó el tratamiento procesal de la posición de monseñor Alberto Perlasca, antiguo responsable de la oficina de la Secretaría de Estado encargada de las inversiones. En su opinión, si se consideró que Perlasca no estaba en condiciones de comprender las posibles consecuencias negativas de las operaciones, ese criterio debería haberse aplicado también al cardenal, que, según sostiene la defensa, actuó siguiendo las valoraciones de los departamentos competentes.
