Cartas al Director
La brújula que apunta hacia sí misma
Cuando gobernar se convierte en permanecer, la democracia empieza a respirar con dificultad
“La experiencia demuestra que quien ostenta el poder tiende a abusar de él;
llega hasta donde encuentra límites.”
Montesquieu
César Valdeolmillos Alonso | 29.06.2026
Hay enfermedades que no duelen. Avanzan despacio, sin fiebre ni alarmas, hasta que un día el cuerpo ya no responde. Algo parecido puede ocurrirle a una democracia: no muere de un infarto súbito, sino de una lenta pérdida de oxígeno que nadie supo —o quiso— diagnosticar a tiempo.
La situación que hoy atraviesa España no es una pelea entre izquierdas y derechas, ni un ajuste de cuentas contra un presidente concreto. Es algo más hondo, más preocupante, y por eso muchos prefieren no mirarlo de frente: ¿gobiernan nuestros gobernantes para nosotros, o gobiernan sobre todo para seguir gobernando?
No hace falta ser jurista ni politólogo para intuir la respuesta. Basta con observar la brújula del poder y preguntarse si su aguja señala al ciudadano o si, en algún momento del camino, empezó a girar exclusivamente hacia sí misma.
Legalidad y legitimidad: dos palabras que no significan lo mismo
En política conviven dos hermanas que a menudo se confunden: la legalidad —que dictan los tribunales— y la legitimidad —que otorgan los ciudadanos—. Un gobierno puede conservar la primera intacta mientras la segunda se le escurre entre los dedos como agua en un colador.
La legitimidad no se pierde por una sentencia judicial. Se pierde cuando la gente deja de reconocerse en las decisiones de quien manda. Cuando siente que el interés general ha pasado a un segundo plano. Cuando las explicaciones suenan a excusa y las promesas al cuento de la lechera.
Por eso las democracias maduras no esperan siempre a que hablen los jueces para exigir responsabilidades. Existe la dimisión, el cese, la cuestión de confianza, la convocatoria de elecciones. Herramientas pensadas para que la credibilidad institucional no se desangre antes de que llegue la ambulancia. La responsabilidad política nunca ha necesitado una condena penal para existir; le basta con la pérdida de confianza.
La nuez vacía
Digámoslo con claridad: lo que estamos viviendo no es una legislatura complicada. Es una legislatura excepcional, sin presupuestos; con mayorías que cambian de humor cada semana; recurriendo a los Decretos-ley como forma habitual de legislar —cuando es una fórmula pensada para casos de urgencia, no para utilizarla de forma recurrente—. Y una confrontación institucional que recuerda más a una trinchera que a un parlamento.
Lo singular, sin embargo, no está solo en los problemas. Está en la respuesta. En cualquier democracia pueden aparecer casos de corrupción, investigaciones incómodas, sombras sobre personas cercanas al poder. Lo que distingue a unas democracias de otras es cómo reaccionan sus gobernantes: hay quien asume responsabilidades antes de que lo obliguen, quien comparece, pide perdón, cesa a los implicados o devuelve la palabra a los ciudadanos. Y hay quien niega sistemáticamente toda evidencia, atribuye cada crítica a una conspiración y sigue adelante como si el problema lo tuvieran los demás.
Ahí es donde la política enferma.
La confianza no se decreta
¿Qué ocurre cuando una parte significativa de la ciudadanía percibe que las explicaciones del Gobierno consisten siempre en lo mismo? Negar cualquier responsabilidad, hablar de campañas de desprestigio, denunciar conspiraciones mediáticas. No es una pregunta para los tribunales; es una pregunta para todos nosotros. Porque la confianza pública es el verdadero patrimonio de una democracia. Y ese patrimonio no se protege con silencios ni con descalificaciones.
La política vive de los hechos, y de cómo esos hechos son percibidos. Y cuando la percepción empieza a deteriorarse, ignorarla no la hace desaparecer; solo la enquista.
Surgen entonces preguntas que no podemos eludir:
• ¿Es suficiente la mera posibilidad jurídica de continuar para justificar políticamente esa continuidad?
• ¿Debe considerarse normal que los propios socios parlamentarios expresen públicamente dudas sobre la viabilidad de la legislatura?
• ¿Puede mantenerse indefinidamente un gobierno que no logra sacar adelante sus principales iniciativas?
• ¿O ha llegado un momento en el que ya no es la legislatura la que sostiene determinadas políticas, sino ciertas políticas las que necesitan sostener, a toda costa, la legislatura?
Cada cual responderá según su criterio. Pero ninguna democracia sana debería dejar de formularse estas preguntas.
Las casualidades también tienen fecha de caducidad
Toda decisión pública admite varias lecturas. La ampliación del cuerpo electoral, el reconocimiento de nuevos derechos de sufragio, los procesos extraordinarios de regularización… pueden justificarse desde la justicia histórica, la integración o la cohesión social. Es una explicación plausible.
Pero también es legítimo que muchos ciudadanos se pregunten otras cosas:
• ¿Es pura coincidencia que medidas de semejante trascendencia demográfica y electoral se adopten precisamente cuando el Gobierno atraviesa su mayor debilidad?
• ¿Por qué no se impulsaron durante las tres décadas en que gabinetes sustentados por el mismo partido político gobernaron con amplias mayorías?
• ¿Qué ha cambiado ahora para que reformas que podían haberse aprobado en cualquier momento de los últimos cuarenta y ocho años se conviertan hoy en prioridad urgente?
Las leyes pueden aprobarse cuando se quiera. Pero cuando una ley que altera significativamente quién puede votar aparece justo en el momento de máxima fragilidad de quien la impulsa, no resulta extraño que muchos sospechen que el calendario obedece a algo más que al interés general.
La confianza no se impone: se gana. Y cuando la desconfianza empieza a instalarse, la carga de disiparla corresponde, en primer lugar, al propio poder. No a los ciudadanos que preguntan, sino a los gobernantes que deben responder.
El problema de fondo
Quizá el problema ya no sea una ley concreta ni una decisión aislada. Ni siquiera una legislatura especialmente convulsa. El problema de fondo aparece cuando decisiones muy distintas parecen apuntar siempre en la misma dirección. Cuando todas las brújulas señalan el mismo norte. Cuando cualquier crítica se interpreta como agresión. Cuando toda responsabilidad se desplaza hacia terceros. Cuando la alternancia —eso que en democracia debería ser tan normal como el cambio de estaciones— empieza a percibirse como una amenaza que hay que evitar a toda costa.
Entonces la interrogante deja de ser quién gobierna, si no qué clase de cultura política está construyendo el Gobierno.
La advertencia que no admite aplazamiento
Es necesario recordar una escena reciente, increíble de imaginar en una democracia. Una mayoría del Parlamento —la representación de la soberanía nacional— instó políticamente al presidente del Gobierno a presentar una cuestión de confianza o a dimitir y convocar elecciones. La respuesta del jefe del Ejecutivo consistió en levantarse, aplaudir el resultado junto a su grupo parlamentario y recibirlo con un aparente y visible regocijo.
Es cierto que el mandato del parlamento no es vinculante y por tanto el presidente puede hacer caso omiso del mismo.
Pero políticamente, aquella imagen proyectó algo más inquietante: la certeza de que, para cierta forma de entender el poder, el Parlamento no es un límite sino un obstáculo, y la voluntad ciudadana expresada a través de sus representantes, recibida entre aplausos y carcajadas, con la altivez de quien sabe que su poder empieza donde termina la opinión de los demás.
Pensemos cómo era nuestra vida institucional hace apenas dos décadas. Pensemos cómo es hoy. Y preguntémonos, con serenidad y honestidad, hacia dónde puede conducirnos una forma de ejercer el poder en la que la permanencia se convierte, de forma contumaz, en el único objetivo que importa.
Las democracias no suelen morir de un solo golpe. No hay tanques en la calle ni generales con gafas de sol. Las democracias enferman de otra manera: cuando los límites al poder dejan de considerarse una garantía y pasan a verse como un estorbo. Entonces conservan sus instituciones, sus leyes, sus elecciones… pero el espíritu que las animaba empieza a vaciarse, como un árbol que sigue en pie aunque por dentro esté hueco.
Pensemos cómo era nuestra democracia antes del 11 de marzo de 2004. Pensemos cómo es hoy. Y pensemos, sobre todo, cuál puede llegar a ser si la brújula continúa señalando obstinadamente hacia sí misma.
César Valdeolmillos Alonso