Cartas al Director
¿Arde España?
La quema de las naves institucionales antes de la retirada y el eclipse de la fe democrática
“Quien en la derrota destruye la casa común para que no la habite su vencedor,
confunde su propia sombra con el destino del mundo.”
Lucio Anneo Séneca
César Valdeolmillos Alonso | 06.10.2026
Existe una gramática del desaliento que la historia repite con pertinaz exactitud cuando el poder vislumbra su propio fin. Las civilizaciones y los regímenes no suelen perecer por asaltos repentinos, sino por el paulatino envenenamiento de sus manantiales morales. Guardando las oportunas y sagradas distancias que separan la barbarie del horror bélico de las contiendas de un Estado de derecho, la psicología del gobernante acorralado responde siempre a una misma pulsión: la incapacidad para concebir un mañana en el que sus manos no sostengan las riendas del destino colectivo.
I. El paralelismo
Corría el mes de agosto de 1944 cuando una voz quebrada por la ira resonó en los cables telefónicos que unían la guarida del lobo en Prusia Oriental con el cuartel general de la ocupación en la capital francesa. Adolf Hitler, atrapado en las redes de una derrota militar que se negaba a procesar en sus esquemas mentales, gritaba una pregunta convertida en icono de la desolación: «¿Arde París?». Aquella orden implacable exigía transformar los puentes, la arquitectura milenaria y el alma de la urbe en un páramo de escombros antes de que las tropas de la liberación izasen sus banderas. Aquel bramido no nacía de la estrategia, sino de la más pura patología del despecho.
No hablamos de bombas, ni tanques. La comparación no va de ver arder edificios, sino de la forma de actuar que tienen quienes mandan cuando sienten que el sillón se les tambalea.
Aquel dictador desesperado prefería ver París convertida en ruinas antes que entregarla intacta a sus rivales. De la misma manera, hoy aparece la injustificable inclinación de dejar el prestigio de las instituciones de todos hecho girones, con tal de que el gobernante que venga detrás se encuentre la casa patas arriba y no pueda levantar cabeza.
Pedro Sánchez, al enfrentar la fase más agónica de su andadura parlamentaria, evidencia los síntomas propios del mandatario acorralado. Cuando la permanencia en el sillón gubernamental deja de apoyarse en la razón de Estado y se convierte en el único fin de la existencia política, las instituciones democráticas pasan de ser templos de la convivencia a simples piezas de trinchera. El incendio que hoy nos amenaza no destruye piedras ni edificios; lo que realmente hará será quemar la confianza que nos une a todos los ciudadanos.
II. El rompecabezas de las conductas humanas
La gente no juzga a los gobernantes por lo que prometen en los mítines, sino por lo que hacen día a día. Al juntar las piezas de estos últimos movimientos —las votaciones perdidas en el Congreso, el abuso de la legislación de urgencia y el uso de los órganos de guardia para colar por la puerta de atrás lo que el Pleno tumbó—, se descubre el verdadero propósito: imponer la voluntad del Ejecutivo a cualquier precio y dejar encendida una mecha que incendie la calle en cuanto comience la campaña electoral.
Recurrir a la Diputación Permanente para resucitar los decretos que la mayoría de la Cámara rechazó a plena luz del día ya es, de por sí, un severo atropello a las normas de convivencia. Pero el verdadero agravante de esta maniobra es que el Ejecutivo conoce de sobra que a un Gobierno en funciones le está prohibido aprobar medidas que aten de pies y manos al equipo que vendrá después, salvo en casos de auténtica y demostrada emergencia, como una catástrofe natural. Usar un retén de guardia diseñado para salvar situaciones extremas como si fuera un pasadizo secreto para colgar un candado al futuro no solo burla la voluntad de la Cámara, sino que vulnera a sabiendas las reglas más elementales del juego democrático.
«Cuando las reglas del juego se retuercen para forzar la supervivencia del jugador,
el juego mismo pierde su sentido y el público abandona el estadio.»
Resulta fascinante comprobar el juego de palabras y de espejos al que nos aboca el vocabulario del poder. Se habla de la permanencia en la Diputación cuando lo que en verdad se busca es la diputación de la permanencia. Se enarbola el Decreto de la urgencia para ocultar la urgencia desesperada por el Decreto. En este laberinto de términos, el castellano auténtico y rotundo nos ayuda a llamar a las cosas por su nombre: la insistencia en gobernar a zarpazos mediante atajos normativos manifiesta una profunda quiebra de la lealtad institucional.
III. Las minas en los graneros del futuro
Imaginemos a un ejército en retirada que, antes de abandonar la plaza que ya no puede defender, vierte veneno en los pozos de agua potable y prende fuego a los graneros que alimentaban a la comarca. La historia militar abomina de tales prácticas; la ética política debería aborrecerlas con igual contundencia. Convalidar medidas de gasto inasumible o modificaciones estructurales en el último minuto del mandato no busca edificar el bien común del mañana, sino sembrar el terreno de minas de retardo que estallen bajo los pies del siguiente Gobierno.
Mecanismo de la celada política
Al aprobar por la puerta trasera decretos de alto impacto presupuestario, el Gobierno en funciones no busca consolidar su legado, sino trasladar al sucesor un dilema diabólico: anular las medidas y sufrir la agitación de la calle, o mantenerlas y arruinar las arcas del Estado.
La estratagema roza la perversidad táctica. Si el gobernante entrante respeta el decreto heredado, se encuentra con las manos atadas y los presupuestos quebrados antes de iniciar su andadura. Si, por el contrario, ejerciendo su legítimo mandato, procede a derogar el atropello, la maquinaria del Ejecutivo saliente activará los coros de la protesta social, acusándole de despojar de derechos a la ciudadanía. La calle deja así de ser el paseo libre de los hombres y mujeres de bien para convertirse en una extensión calculada de la trinchera parlamentaria.
No estamos ante un mero choque de pareceres partidistas; presenciamos la subversión de la función pública. Cuando el político concierta sus decisiones para hacer ingobernable la casa común que deja atrás, incurre en una suerte de nihilismo institucional donde el interés general queda supeditado a la revancha personal. Se hace arder el edificio para presentarse como el ángel salvador cuando ya está reducido a cenizas.
Así resulta más fácil construir uno nuevo a su medida.
IV. El ciudadano como supremo tribunal
Frente a la trampa de la tramoya narrativa que los gabinetes de propaganda construyen a diario, se alza la figura sobria y paciente del ciudadano. El hombre de la calle, que soporta la carga de la vida cotidiana con sus dificultades económicas, sus desvelos familiares y sus esperanzas sencillas, no necesita haber cursado altos estudios en las facultades de Derecho para intuir cuando se le está engañando.
A quienes salen cada mañana a hacer España no se les puede embaucar con grandilocuentes discursos. La sabiduría popular tiene un olfato finísimo para ver, mejor diría sufrir la realidad y sabe de sobra que las grandes palabras son humo en boca de los oportunistas políticos. Al trabajador o ama de casa que se levanta a las seis de la mañana no se le puede engañar con sentenciosos discursos cuando siente el pellizco al pagar la factura de la luz, cuando ve lo que le cuesta llenar el depósito del coche o cuando comprueba que el carrito de la compra sale cada vez más vacío por el mismo dinero. Cuando una familia tiene que hacer encaje de bolillos y recortar de donde no hay para poder llegar a final de mes, las promesas se yerguen como gigantescas mentiras y los hechos quedan grabados a fuego en la vida diaria. Cuando un gobierno busca mediante triquiñuelas lo que la razón legislativa le ha negado, el ciudadano ordinario percibe el tufo de la impostura. La democracia descansa sobre un pacto silencioso: los gobernados ceden parte de su libertad y acatan las leyes a cambio de que los gobernantes respeten las reglas y no jueguen con las cartas marcadas.
Si el ciudadano observa que quienes custodian las normas son los primeros en burlarlas para su provecho personal, la armadura de la fe pública se agrieta. El voto en la urna deja de ser un trámite para transformarse en una sentencia contundente contra el engaño. El máximo juez de esta comedia no son los estrados ni las comisiones; es el pueblo español cuando deposita su papeleta en la urna movido no por los infantiles lemas de los carteles, sino por la memoria viva de los agravios recibidos en su dignidad.
V. Entre las cenizas de la soberbia y la luz de la esperanza
Volvamos a la pregunta que resonaba en la capital de Francia hace ocho décadas:
¿Arde París?
En España, los capiteles del Congreso de los Diputados siguen en su sitio, los leones de bronce, fundidos con los cañones arrebatados al sultanato de Marruecos tras su ataque a la ciudad de Ceuta en 1860, no solo custodian con su centenaria serenidad las puertas del templo de la palabra, el diálogo y el entendimiento, sino la sagrada autoridad, fuerza y poder de la Ley.
Y, sin embargo, en un sentido más profundo y simbólico, el fuego fatuo de la arbitrariedad amenaza con convertir en cenizas el activo más valioso de la nación: la autoridad moral de sus instituciones.
Incurren en un trágico error quienes piensan que gobernando contra el espíritu de las leyes mantendrán la llama de su proyecto. La política de la tierra quemada solo produce desierto, y en el desierto nadie puede erigir un hogar duradero. Quien quema las naves de la convivencia institucional para dificultar el viaje de sus oponentes termina ahogándose en las mismas aguas que pretendía envenenar.
Advertencia histórica y constitucional
Las democracias no se desploman por la fuerza de sus enemigos exteriores, sino por la erosión interna que provoca el cinismo de sus administradores. Restaurar el prestigio de las reglas comunes requerirá un esfuerzo heroico de madurez por parte del pueblo soberano.
Pese al alarmante panorama que dibujan estas maniobras de última hora, no hay lugar para la desesperación moral. Nuestra historia nos enseña que España ha sobrevivido a validos soberbios, a monarcas de triste memoria y a gobernantes empeñados en hacer de su propia causa la medida de todas las cosas. La sociedad española ha demostrado en el último medio siglo un sentido común muy superior al de sus élites políticas.
Frente al conato de incendio institucional, frente al intento de que arda España, la respuesta de la ciudadanía debe ser la serenidad exigente. A pesar de los que ya están intentando que la barbarie se apodere de las calles —como anoche en Barcelona— el nuevo escenario que surja de las urnas no solo tendrá la tarea de gestionar el presupuesto o reformar las leyes; asumirá el deber sagrado de reconstruir los puentes quemados y limpiar las minas dejadas en los caminos del Estado. París no ardió porque hubo hombres rectos que desoyeron los mandatos de la locura en el último minuto. España tampoco arderá, porque la fe democrática de sus ciudadanos prevalecerá por encima del efímero y desesperado atrincheramiento de sus gobernantes.
César Valdeolmillos Alonso