Cartas al Director

 

Predicar en el barro y gobernar tras la ventanilla

 

Ocho años de promesas solemnes, crisis sin amparo y la distancia creciente entre el atril oficial y la vida cotidiana.

 

 

“El poder no corrompe a los hombres; los tontos, si llegan al poder, corrompen el poder.”
George Bernard Shaw

 

 

 

 

 

 

César Valdeolmillos Alonso | 20.11.2026


 

 

 

Administrar un país consiste muchas veces en cuadrar balances, engrasar engranajes y sostener los servicios ordinarios. Gobernar exige algo mayor: prevenir los riesgos antes de que estallen, proteger a los ciudadanos y estar a su lado cuando llega la desgracia. En los últimos años, una sucesión de crisis —sanitarias, climáticas, ferroviarias y fronterizas— ha puesto a prueba esa tarea y ha dejado al descubierto la distancia entre el discurso oficial y los hechos.

 

 

El 29 de noviembre los españoles volvemos a las urnas. Esa papeleta no es un trámite menor: resume la dignidad cívica de un país, el recuerdo de quienes no se sintieron acompañados, la exigencia de justicia y el deseo de que la verdad y la ley valgan por sí mismas. Ningún gobierno, por convencido que esté de su propia necesidad, debería defraudar ese depósito.

Ha llegado el momento de rendir cuentas y de hacer balance.

El presidente del Gobierno sostiene haber logrado «los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que ha tenido un gobierno democrático en nuestro país. Los mejores». Admite fallos en vivienda, desigualdad o servicios públicos, pero culpa de buena parte de ellos a la oposición, a los bloqueos parlamentarios y a ciertas élites. Frente a ese balance, conviene repasar cómo han sucedido y se han afrontado algunos de los grandes problemas recientes.

 

I. Del motor parado a la obsolescencia del Parlamento

Durante tres ejercicios seguidos, el Estado ha funcionado con presupuestos prorrogados, eludiendo el control fiscal ordinario y relegando a las Cortes a un papel secundario. En lugar de someter sus cuentas al debate parlamentario, el Ejecutivo ha hecho de la prórroga una costumbre.

Pedro Sánchez es un hombre de palabra y, con la paciencia de quien cuida un principio, ha ido dejando huella de sus compromisos. El 20 de junio de 2018, en su primera sesión de control como presidente, afirmó: «Este Gobierno va a gobernar con el Parlamento, no contra el Parlamento». Coincidía con lo que sostenía en febrero de ese mismo año, cuando advertía que «un Gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina» y pedía la dimisión de quien no pudiera sacar adelante sus cuentas.

Con el tiempo, las circunstancias aconsejaron otros matices. El 7 de septiembre de 2024, ante el Comité Federal del PSOE, fijó el rumbo: «Vamos a avanzar con determinación en esa agenda. Con o sin apoyo de la oposición. Con o sin el concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo». El 6 de octubre de 2026, tras el rechazo del Congreso a sus decretos de vivienda, añadió: «Tengo la convicción de que si la mayoría del Congreso da la espalda a la ciudadanía, la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento». Y tres días después completó el cuadro: «Es hora de que el Parlamento se parezca a la calle y no a quienes viven en aticazos».

Resulta admirable esa clarividencia que permite prescindir de mayorías y presupuestos. Si un solo dirigente acierta a interpretar sin intermediarios lo que necesita el país, es comprensible que el ciudadano de a pie se pregunte para qué sirve un Parlamento —palabra que viene de parlar, de hablar y debatir entre distintos— o incluso para qué molestarse en votar cuando basta con la lucidez de quien manda.

 

II. Corrupción y mascarillas

Mientras miles de familias despedían a los suyos en soledad y sanitarios y fuerzas de seguridad trabajaban sin material básico de protección, en el entorno de la Administración se urdió una trama de comisionistas para lucrarse con la compra de mascarillas en plena emergencia. Los tribunales han ido señalando a quienes hicieron negocio de la angustia colectiva.

El contraste resulta llamativo cuando se repasan las promesas de limpieza ética con las que Sánchez llegó a la presidencia. El 13 de julio de 2014, al ser elegido secretario general del PSOE, proclamó: «Voy a defender que el PSOE es el partido de la honradez intransigente». El 27 de julio de 2014, en el Congreso Federal del partido, añadió: «A mí no me va a temblar el pulso en echar a ningún corrupto del PSOE, a ninguno». El 21 de octubre de 2015, en el Congreso de los Diputados, reclamó a Mariano Rajoy «un presidente del Gobierno [...] honrado; honrado también en no mentir a los españoles». Y el 31 de mayo de 2018, víspera de la moción de censura —apoyada en un párrafo de la sentencia del caso Gürtel sobre la financiación del PP que el Tribunal Supremo ordenaría suprimir después por improcedencia procesal—, dijo en la tribuna: «La corrupción merma la fe en la vigencia del Estado de derecho».

Aquel discurso cumplió su función política. Llama la atención comprobar qué elástica resultó luego aquella honradez intransigente frente a los comisionistas que medraron a la sombra del Estado. Cualquier mal pensado —que los hay— podría imaginar que aquel solemne compromiso era apenas un decorado de quita y pon, útil para llegar al poder y cómodo para aposentarse en él.

 

III. Del abandono en el fango al rigor de ventanilla

Cuando la DANA golpeó Valencia y Castilla-La Mancha, el barro y la búsqueda de desaparecidos chocaron con una respuesta fría y administrativa: «Si necesita más recursos, que los pida». En el Parlamento, el mismo día en que se dimensionaba la tragedia, mientras se pedía suspender la actividad parlamentaria para centrarse en la emergencia, la mayoría mantuvo el pleno para consumar el control político de Radiotelevisión Española. Parecía más urgente asegurar los informativos públicos que atender de inmediato a la desolación y muerte que se estaba produciendo. Semanas después, en Paiporta, el Ejecutivo fue evacuado mientras los Reyes permanecían sobre el barro escuchando los reproches de los vecinos.

A la luz de esos hechos, llama la atención cómo cambian las exigencias según el puesto que se ocupe. En marzo de 2015, durante las crecidas del Ebro, Sánchez recorría localidades afectadas como Pradilla de Ebro y Boquiñeni exigiendo otro nivel de entrega al Gobierno. El 3 de marzo preguntaba en Pradilla: «¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro?». El 9 de marzo, en Boquiñeni, pedía que el presidente tomara «los mandos de una crisis que no ha acabado» al frente de una comisión interministerial y recordaba que «el Gobierno está para amparar los problemas que puedan sufrir los vecinos». Y el 11 de marzo, en el Congreso, afirmaba: «El problema es que tenemos un presidente que no empatiza con el sufrimiento de la gente», reprochándole además fallos de prevención y mantenimiento.

Exigir presencia y cercanía cuando manda otro para luego despachar la desgracia propia con un «que lo pidan» no es un matiz de gestión: es el retrato exacto de quien gobierna.

 

IV. De la estela de los muertos a la quimera de los trescientos cincuenta kilómetros por hora

Los accidentes ferroviarios de Adamuz (46 fallecidos en enero de 2026) y Urda (69 muertos en octubre de 2026) dejaron 115 víctimas y decenas de familias rotas, mutiladas. Frente a un golpe de esa magnitud, el entonces ministro socialista  Óscar Puente respondía a las peticiones de dimisión asegurando que a sus críticos les molestaba porque hacía su trabajo «muy bien».

Cuesta imaginar qué habría ocurrido si lo hubiera hecho mal.

El contraste con el discurso oficial de los meses previos es notable: mientras se anunciaba con entusiasmo que la alta velocidad alcanzaría los 350 kilómetros por hora, los usuarios sufrían averías, incidencias y retrasos constantes en cercanías y larga distancia. Resulta difícil no preguntarse si tanto anuncio de trenes futuristas no sirvió, en parte, para tapar carencias cotidianas en el mantenimiento y la seguridad de las vías.

 

V. Del pánico a dar la cara al culto de la empatía de atril

Ante las grandes tragedias recientes —la DANA, Adamuz y Urda—, la pauta institucional del presidente del Gobierno ha seguido un esquema invariable: acudir en primera instancia a la zona del siniestro para prometer investigaciones y asumir en abstracto el mando —llegando a declarar tras el accidente de Urda que «la responsabilidad siempre es mía»—, para ausentarse después en la hora del duelo colectivo. Ni estuvo en el funeral de Huelva por las víctimas de Adamuz ni acudió a la catedral de Toledo por los fallecidos de Urda, delegando en otros miembros del Ejecutivo la representación oficial ante las familias. Para justificar estas ausencias, desde el ámbito gubernamental se ha invocado la aconfesionalidad del Estado y el respeto a la laicidad frente a las ceremonias religiosas.

Ese argumentario queda en entredicho al observar las propias incoherencias del protocolo oficial. En primer lugar, quien preside el Gobierno representa a todos los españoles, profesen o no una fe, y asistir a unas exequias de Estado constituye un gesto elemental de humanidad y respeto hacia los allegados, no un acto de adhesión confesional. En segundo término, la supuesta rigidez laica se desvanece por completo cuando las circunstancias políticas aconsejan lo contrario: esa misma aconfesionalidad no supuso obstáculo alguno para asistir el 6 de octubre de 2025 al funeral religioso de su compañero socialista Guillermo Fernández Vara, celebrado en la iglesia de Santa María Magdalena de Olivenza, estar en primera fila en los actos litúrgicos celebrados durante la visita papal, dirigir un afectuoso mensaje a la comunidad musulmana con motivo del Ramadán o, en junio de 2018, felicitar expresamente el Eid al-Fitr, en la festividad que señala el final de aquel mes sagrado. Más que una convicción constitucional, la ausencia en los templos parece responder a una prudente gestión del riesgo público: el temor a que el silencio de las naves vuelva a quebrarse con el rechazo ciudadano vivido en Paiporta.

Resulta llamativo comprobar cómo quien en marzo de 2015, durante las inundaciones del Ebro, exigía desde la oposición «dar la cara ante los vecinos» y censuraba severamente que el Ejecutivo de entonces enviara a ministros en lugar de acudir el propio presidente, ha terminado por preferir el atril oficial y la distancia del despacho antes que sostener la mirada directa del luto nacional.

 

VI. Del Estrecho desguarnecido a las lecciones estivales de descanso

En julio de 2026, la crisis en la frontera de Ceuta volvió a mostrar vulnerabilidades pese a las alertas previas, con un alto coste humano en las aguas del Estrecho. La visita del presidente duró apenas tres horas, sin apenas contacto con los vecinos, y fue seguida de un agradecimiento público a Marruecos y de la afirmación de que no había pruebas de que Rabat hubiera estado detrás del asalto, antes de marcharse de vacaciones a La Mareta y difundir listas de canciones y lecturas. Semanas después, la visita de los Reyes aportó la esperada cercanía institucional allí donde el Gobierno había pasado de puntillas.

Quien en enero de 2018 reprochaba al Ejecutivo anterior permanecer «impasible» ante las fronteras y pedía más efectivos, o quien proclamó en octubre de 2022 que «Ceuta y Melilla son España, punto», ofrece ahora una explicación difícil de digerir. El razonamiento oficial sigue un hilo curioso:

1. Se afirma que no hay pruebas de que Marruecos haya inducido la entrada.

2. Se sabe que Marruecos controla en su territorio los accesos y salidas hacia la frontera.

3. Se comprueba que no impidió el paso de la avalancha.

4. Entonces, ¿miles de personas se coordinaron por arte de magia o brotaron por generación espontánea, como flores en primavera, sin que nadie al otro lado moviera un dedo?

Agradecer la colaboración mientras se pasa por alto el control efectivo de la frontera es situar al ciudadano ante el dilema inmortal de Chico Marx: «Bueno, ¿a quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?».

 

VII. De los informes de la UCO a la palabra empeñada

Un país no se resiente solo por los fallos técnicos o las malas decisiones puntuales; se resiente sobre todo cuando la mentira se instala como soporte de la permanencia en el poder. Una cadena sin fin de casos de corrupción vinculados al entorno del partido, del Ejecutivo, e incluso familiar —con algunas condenas ya incluidas— y que invariablemente se han negado rotundamente. Durante años se negó conocer o haber tenido vinculación alguna con el conductor de las primarias hasta que los informes de la UCO contradijeron esa versión. Cuando la palabra oficial pierde credibilidad, se debilita algo más que un gobierno: se erosiona la confianza en las instituciones y en el valor mismo de la verdad en la vida pública.

 

Conclusión

Al final, la política se mide por sus consecuencias. Si no se previene a tiempo, llegan los golpes; si se responde con altivez, se rompe el puente con los ciudadanos; si falta cercanía en el dolor, se vacía de autoridad moral el cargo.

Los gobiernos pasan, pero las consecuencias de sus hechos quedan. En una democracia, la última palabra no la escriben los gabinetes ni los comunicados, sino los ciudadanos. El 29 de noviembre, cada uno, en base a su memoria, su experiencia vital y sus sentimientos más profundos, dictará la sentencia definitiva ante la urna electoral, en la más estricta intimidad de su conciencia cívica. Cada ciudadano tendrá la palabra para juzgar si quienes debían proteger el timón de la nación estuvieron a la altura de la dignidad política y humana, y del juramento prestado.

 

 

César Valdeolmillos Alonso