Colaboraciones

 

El límite de la neutralidad ideológica

 

 

05 octubre, 2021)| Javier Úbeda Ibáñez


 

 

 

 

 

A los padres que se quejan de que el Estado se entrometa en la educación moral de sus hijos, a menudo se les pone ante una disyuntiva: si no quieres ser formado en unos valores comunes, no envíes a tus hijos a un colegio sostenido con fondos públicos; y si les envías, no te quejes. ¿Estas son las reglas de juego previstas por la Constitución?

No, ni mucho menos. De otra manera, habría que concluir que solo gozan de libertad para elegir la formación moral y religiosa de sus hijos aquellos padres que quieran y puedan llevar a sus hijos a un centro privado. Como, a todas luces, esto es implanteable, debemos concluir que la escuela pública debe ser neutral.

Así lo ha establecido, de manera reiterada, el Tribunal Constitucional. Así, por ejemplo, en Sentencia 5/1981 de 13 de febrero, dice que «en un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes, han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales». Y en sentencia de 27 de junio de 1985, afirma que los centros docentes públicos «deben ser ideológicamente neutros… y esta neutralidad ideológica es una característica necesaria de cada uno de los puestos docentes (profesores) integrados en el centro».

Ya hemos visto que la neutralidad que se exige a la educación pública deja a salvo «los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales» (art. 27.2 de la Constitución). Este es el marco en el que se debe mover la escuela pública, ni más ni menos, pues de otra manera vulneraría el derecho de los padres a elegir la formación moral de sus hijos.