Colaboraciones

 

A los políticos y electores católicos

 

 

 

 

16 septiembre, 2022 | Javier Úbeda Ibáñez


 

 

 

 

 

A los políticos católicos les recordamos el deber moral que tienen en su actuación pública, especialmente a los legisladores, de mantenerse fieles a la doctrina del evangelio, conservando su compromiso claro con la fe católica y no apoyando leyes contrarias a los principios morales y éticos como son los que atentan contra el derecho a la vida o en contra de las instituciones de la familia y el matrimonio. Solo la adhesión a convicciones éticas profundas y una actuación coherente pueden garantizar una acción pública, honesta y desinteresada, de los legisladores y gobernantes.

Todo aquel que ha proclamado que quiere prestar un servicio, un servicio a nuestra patria en funciones muy diversas, tiene que mostrar en la práctica que en realidad ha llegado a ese puesto para servir y no para servirse, no para enriquecerse; sino para dar lo mejor que tiene en favor del pueblo que tanto lo necesita.

El criterio fundamental para configurar la propia conciencia es la obligación de evitar el mal y de favorecer el bien. En temas que afectan a la vida y los derechos de la persona, el criterio básico es el de aceptar y favorecer lo que esté conforme con la ley natural, según una valoración moral apoyada en la misma naturaleza humana que favorece el desarrollo de las potencialidades humanas de acuerdo con el bien de la persona, en verdad y justicia. Según este criterio difícilmente discutible, los católicos tenemos claro que no podemos apoyar programas o proyectos políticos que amenazan el derecho a la vida de los seres humanos desde su concepción hasta la muerte natural, alteran esencialmente la concepción del matrimonio desprotegiendo la realidad de la familia, debilitan las bases de la convivencia. En el caso, nada infrecuente, de que ninguna opción política satisfaga las exigencias morales de nuestra conciencia, la recta conciencia nos induce a votar aquella alternativa que nos parezca menos contraria a la ley natural, más apta para proteger los derechos de la persona y de la familia, más adecuada para favorecer la estabilidad social y la convivencia, y mejor dispuesta para respetar la ley moral en sus actividades legislativas, judiciales y administrativas.

Para votar responsablemente, es preciso anteponer los criterios morales a las cuestiones y preferencias opinables y contingentes de orden estrictamente político. Habrá cuestiones secundarias que tengamos que dejar en un segundo plano para atender en primer lugar a los aspectos y consecuencias de orden moral de nuestro voto. Esto ocurre siempre que las propuestas de los partidos desbordan sus legítimas competencias y afectan a cuestiones de orden moral que tienen que estar por encima de los avatares políticos.