Colaboraciones
Corrupción política (II)
09 noviembre, 2024 | Javier Úbeda Ibáñez
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia
Según el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, «la corrupción distorsiona de raíz el papel de las instituciones representativas, porque las usa como terreno de intercambio político entre peticiones clientelistas y prestaciones de los gobernantes. De este modo, las opciones políticas favorecen los objetivos limitados de quienes poseen los medios para influenciarlas e impiden la realización del bien común de todos los ciudadanos» (n. 411). La corrupción se enumera «entre las causas que en mayor medida concurren a determinar el subdesarrollo y la pobreza» (n. 447) y, en ocasiones, está presente también al interno de los procesos mismos de ayuda a los países pobres.
«La corrupción, dice el Compendio, priva a los pueblos de un bien común fundamental, el de la legalidad: respeto de las reglas, funcionamiento correcto de las instituciones económicas y políticas, transparencia. La legalidad es un verdadero bien común con destino universal. En efecto, la legalidad es una de las claves para el desarrollo, en cuanto que permite establecer relaciones correctas entre sociedad, economía y política, y predispone el marco de confianza en el que se inscribe la actividad económica. Siendo un «bien común», se le debe promover adecuadamente por parte de todos: todos los pueblos tienen derecho a la legalidad. Entre las cosas que se deben al hombre en cuanto hombre está precisamente también la legalidad. La práctica y la cultura de la corrupción deben ser sustituidas por la práctica y la cultura de la legalidad».
Para evitar estos peligros, la Doctrina Social de la Iglesia propone el concepto de «ecología humana» (Centesimus annus, 38), «apto también para orientar la lucha contra la corrupción. Los comportamientos corruptos pueden ser comprendidos adecuadamente sólo si son vistos como el fruto de laceraciones en la ecología humana. Si la familia no es capaz de cumplir con su tarea educativa, si leyes contrarias al auténtico bien del hombre —como aquellas contra la vida— deseducan a los ciudadanos sobre el bien, si la justicia procede con lentitud excesiva, si la moralidad de base se debilita por la trasgresión tolerada, si se degradan las condiciones de vida, si la escuela no acoge y emancipa, no es posible garantizar la «ecología humana», cuya ausencia abona el terreno para que el fenómeno de la corrupción eche sus raíces. En efecto, no se debe olvidar que la corrupción implica un conjunto de relaciones de complicidad, oscurecimiento de las conciencias, extorsiones y amenazas, pactos no escritos y connivencias que llaman en causa, antes que, a las estructuras, a las personas y su conciencia moral. Se colocan aquí, con su enorme importancia, la educación, la formación moral de los ciudadanos y la tarea de la Iglesia que, presente con sus comunidades, instituciones, movimientos, asociaciones y cada uno de sus fieles en todos los ángulos de la sociedad de hoy, puede desarrollar una función cada vez más relevante en la prevención de la corrupción. La Iglesia puede cultivar y promover los recursos morales que ayudan a construir una «ecología humana» en la que la corrupción no encuentre un hábitat favorable».
«La Doctrina Social de la Iglesia empeña todos sus principios orientadores fundamentales en el frente de la lucha contra la corrupción, los cuales propone como guías para el comportamiento personal y colectivo. Estos principios son la dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad, la subsidiaridad, la opción preferencial por los pobres, el destino universal de los bienes. La corrupción contrasta radicalmente con todos estos principios, ya que instrumentaliza a la persona humana utilizándola con desprecio para conseguir intereses egoístas. Impide la consecución del bien común porque se le opone con criterios individualistas, de cinismo egoísta y de ilícitos intereses de parte. Contradice la solidaridad, porque produce injusticia y pobreza, y la subsidiaridad porque no respeta los diversos roles sociales e institucionales, sino que más bien los corrompe. Va también contra la opción preferencial por los pobres porque impide que los recursos destinados a ellos lleguen correctamente. En fin, la corrupción es contraria al destino universal de los bienes porque se opone también a la legalidad, que como hemos ya visto, es un bien del hombre y para el hombre, destinado a todos.
»La corrupción en beneficio personal de un político, siéndolo mucho, es menos grave que la que beneficia a un partido para su sostenimiento y expansión y sobre todo para influir en los procesos electorales.
»Fijémonos brevemente en algunos «requisitos» para que la corrupción sea tal. En primer lugar, el alto grado de impunidad y el manejo discrecional de la cosa pública; en segundo, la carencia de reglas claras de competencia en licitaciones, con la inveterada pobreza de información por parte del gobierno, que genera una cultura de la sospecha y el engaño; finalmente, el uso de los recursos públicos con fines estrictamente privados, particulares».
