Colaboraciones
Reflexiones (II)
14 noviembre, 2024 | Javier Úbeda Ibáñez
Desde hace décadas la enseñanza privada está siendo objeto de numerosos ataques por parte de diversos grupos de orientación marxista.
¿Por qué se oponen de modo tan tajante a la enseñanza privada? En primer lugar, porque es un campo de la cultura que no pueden permitirse el lujo de tolerar si quieren realizar la conquista del Estado y si no están dispuestos a admitir la oposición ideológica de quien no comparta su visión del hombre y del mundo.
Pero, además, desde un punto de vista marxista, la enseñanza privada aparece como una cuestión de principio, como un aspecto de la propiedad privada, origen para el marxista de todo mal social. Como es sabido, la propiedad privada constituye para el marxismo el origen de todas las alienaciones que sufriría el hombre en la sociedad burguesa. Si para los marxistas, la educación impartida en los países capitalistas aparece como un monopolio que ostenta la clase dominante y que asegura la explotación de los trabajadores a favor de la burguesía, la enseñanza privada representa la quintaesencia de dicho monopolio. Por esa razón debe desaparecer, ser destruida.
No tiene sentido para ellos abogar por una extensión de la enseñanza privada, facilitar el que pueda acceder a ella quien lo desee mediante un oportuno sistema de ayudas, etc., porque sería incurrir en el error del socialismo utópico de Proudhon, que pensaba que la situación se podía arreglar generalizando la propiedad privada. Proudhon, según el marxismo, era prisionero de la idea de igualdad y entendía el socialismo como «igual posesión», cuando de lo que se trataría es de eliminar toda posesión individual.
La enseñanza privada encuentra dificultades. Se produce así la curiosa situación de ser atacada por unos sin ser amparada por otros.
No hay sociedad libre si la cultura y su transmisión están en manos del poder. Si el Estado se convierte en el sujeto de la cultura y en sus manos está el medio de su transmisión, que es la enseñanza, no es posible el hombre libre. Para construir una sociedad verdaderamente libre es indispensable que la ciencia y la cultura estén en manos de la propia sociedad. No hay peor encadenamiento de la persona y de la sociedad que el dirigismo cultural, o sea atribuir al Estado la función de dirigir la cultura y su transmisión.
Si el sujeto y agente de la cultura, de la moralidad y de la religión es el hombre y no el Estado, el sujeto y agente de la enseñanza es la persona, no el Estado. La transformación del Estado en sujeto y agente de la enseñanza, tanto cercenará la libertad cuanto suponga hacerse sujeto y agente primero y principal de la cultura.
Y lo peor es que la víctima de todo es el niño, el joven.
La defensa del derecho de los padres a la educación de los hijos, la libertad para que puedan escoger las escuelas que en conciencia prefieran, es uno de los imperativos que el ciudadano ha de lograr que sean respetados en el presente y en el futuro de un país. La educación —conviene decirlo— no es un servicio público, si por tal se entiende un monopolio excluyente del Estado, como si los niños y jóvenes fueran bienes de dominio público. Ha de quedar bien claro —hay que repetirlo hasta la saciedad— que los hijos son de los padres, que los hijos no son del Estado. Donde son del Estado, no existe libertad ni democracia, sino tiránico y refinado totalitarismo. La educación es un servicio, sí, pero un servicio social, una gran empresa colectiva que la sociedad entera —padres de familia, instituciones, grupos de ciudadanos, etc.— tienen el derecho y a veces el deber cívico de promover. Y el Estado ha de reconocer que, cuando esos centros ofrecen las garantías que el bien común demanda, la función social que cumplen será, cuando menos, tan valiosa y respetable como la de las escuelas estatales.
La Declaración de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 2.1 establece que «toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración sin distinción alguna de […] religión». El artículo 18, además, indica que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia». El artículo 30, que cierra la Declaración de Derechos Humanos, prohíbe que se interpreten estos derechos en el sentido de que se confiera derecho al Estado para realizar actividades o actos que tiendan a suprimir cualquiera de los derechos proclamados por la misma Declaración.
No hay libertad que valga si no comienza por reconocer aquella que está más directamente relacionada con las primeras y últimas creencias del ser humano. Que naturalmente incluye la libertad del ateo o del agnóstico.
Como dijo el Papa Benedicto XVI en 2011, «la Iglesia no busca privilegios, ni pretende interferir en ámbitos que no son de su competencia. Todo lo que pedimos es desempeñar nuestra misión con libertad». En el fondo, en esto consiste la libertad religiosa.
Sin libertad de enseñanza no hay libertad de pensamiento y de conciencia; hay en cambio, dirigismo cultural, pretensión de imponer desde el Estado una determinada concepción del mundo, del hombre y de la sociedad. Sin libertad de enseñanza no hay verdadera democracia ni sociedad libre. Habrá votaciones y asambleas, pero no libertad.
La escuela no debe ser un órgano ejecutivo del Estado, ni un campo de experimentación política, ni un recinto de manipulación. La forja y el adoctrinamiento de niños por el Estado deben rechazarse, salvo que alguien los considere deseables para sus hijos.
Solamente un Estado proclive al totalitarismo puede arrogarse el derecho a decidir sobre la hechura espiritual de sus ciudadanos, sobre sus modos de sentir y pensar, sus conocimientos y sus convicciones. El Estado como institución se excede inevitablemente en sus atribuciones cuando pretende dar disposiciones y prohibiciones sobre dónde deben los niños recibir enseñanza y ser educados.
La escuela no debe ser degradada a la condición de instrumento político manejado por la mayoría parlamentaria de cada momento, pues ello constituiría una forma sutil de dictadura. Y por esto es necesario que deje de servir como fábrica de ideologías para los revolucionarios reprimidos.
La misión del Estado debería consistir en conciliar los diversos intereses de sus ciudadanos, ejerciendo una alta mediación, y en proteger la libertad de conciencia, exigir y controlar unos mínimos de conocimientos y procurar para todos las mismas oportunidades de educación y formación en un régimen de libre promoción de centros.
El monopolio estatal de la enseñanza se opone a los derechos natos de la persona humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica de los ciudadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades. Por ello, a toda persona de mentalidad auténticamente liberal debe parecer obvio que los padres, a quienes incumben con preferencia la misión y el derecho inalienables de educar a sus hijos, deben ser realmente libres para elegir escuela.
Todos tienen derecho a la educación, pero nadie está condenado a la uniformidad y al igualitarismo. Un pluralismo social sin un derecho libre a la educación es, si acaso, una broma de mal gusto: que el precio que se paga por la libertad sea la pérdida de la libertad.
Se acepta el pluralismo como un hecho político, pero se niega el pluralismo como característica fundamental de la comunidad.
