Colaboraciones
Monopolio educativo o escolar
25 diciembre, 2024 | Javier Úbeda Ibáñez
Todo monopolio educativo o escolar que fuerce física o moralmente a las familias para acudir a las escuelas del Estado contra los deberes de la conciencia, o aun contra sus legítimas preferencias, es injusto e ilícito.
El Estado debe excluir cualquier monopolio escolar, pues es contrario a los derechos de la persona humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica de los ciudadanos, y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades. En consecuencia, el Estado debe proteger, en materia educativa, los derechos de la familia anteriores al suyo.
El monopolio educativo va en contra de una sociedad libre y democrática, y da al poder político la tentación de un totalitarismo ideológico. Por eso, el Estado debe respetar la libertad de las conciencias, reconociendo al individuo el acceso a una cultura conforme a sus convicciones, y en consecuencia facilitar los recursos económicos para que este hecho sea factible.
Los regímenes totalitarios pretenden el control de la enseñanza; los democráticos y libres se refuerzan por la libertad de enseñanza. Por eso, la libertad de enseñanza es la piedra de toque de la verdadera democracia.
El liberalismo que dio paso a la posibilidad de la libertad de empresa (y, por tanto, a la educativa) fue seguido en Estados Unidos, pero, paradójicamente, no lo fue en Europa. Y ello se debió a posturas agnósticas y anticristianas que intentaban evitar el influjo de los católicos en la sociedad. Para evitar el totalitarismo estatal (comunista, fascista y nazi) se redactaron varios tratados de los que conviene destacar el Art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando dice que «los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
No obstante, se tendría una visión parcial si se redujese el problema a una oposición laicismo-confesionalismo. La libertad de enseñanza es un principio tanto para la confesionalidad como para instituciones no confesionales. Por lo tanto, no es un problema religioso sino civil. Pero eso no lo entienden los que mantienen una mentalidad fascista o marxista.
