Colaboraciones
Comunidad política e Iglesia
22 febrero, 2026 | Javier Úbeda Ibáñez
Hay que decir que por mucho que critiquemos a los políticos, si no queremos que el mundo sea un caos, debemos reconocer que alguien tiene que gobernar. Es muy cierto aquello de que «donde todos mandan nadie manda y donde nadie manda todos mandan». Por eso es necesario que haya quien haga las leyes y exija que se cumplan. Como dice el Concilio Vaticano II, «la comunidad política nace para buscar el bien común, que abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección» (constitución pastoral Gaudium et spes, Iglesia en el mundo actual, Gs 74). Y como en esta comunidad es normal que hay variedad de opiniones e intereses tiene que haber una autoridad. Ahora bien, esta autoridad debe ser elegida libremente por los ciudadanos. Lo que no quiere decir que los gobernantes elegidos puedan luego hacer lo que les dé la gana, pues ha de haber siempre unos límites, como es el bien común, el orden moral, el orden jurídico legítimamente establecido... Supongamos que democráticamente se decide que es buena la tortura o el terrorismo o la droga... Ninguna autoridad ni ninguna decisión democrática puede legitimar semejantes acciones, que van en contra del orden previsto por Dios.
Tampoco puede ninguna autoridad atentar contra los derechos de la persona (derecho a la vida, a reunirse, asociarse, profesar públicamente y privadamente la religión, etc.).
«Es inhumano que la autoridad política caiga en formas totalitarias o en formas dictatoriales que lesionen los derechos de la persona o de los grupos sociales» (Gs 75). No se puede, pues, decir que la Iglesia se mete donde no debe cuando defiende estos derechos. Por eso el Papa no se sale de su competencia cuando recuerda a los dictadores que dejen de violar los derechos humanos, sino que está cumpliendo con su deber.
La Iglesia está inequívocamente a favor de la democracia y recuerda a todos los ciudadanos el derecho y el deber de votar con libertad. Pero el papel de los ciudadanos no se reduce a emitir un voto y luego dejar que los políticos lo hagan todo ellos solos, sino que han de seguir cooperando. En este sentido es muy importante la acción de las llamadas instituciones intermedias, de las asociaciones familiares, culturales, sociales... El Estado no ha de hacerlo todo, sino que las personas, las familias y agrupaciones tienen también mucha responsabilidad. Todos conocemos casos en los que el pueblo ha influido para que el Estado haya hecho cosas que no tenían pensado hacer o haya dejado de hacer otras.
En todo caso los cristianos, reconociendo la legítima pluralidad de opiniones y respetando a los que piensen de otra manera, deben participar con responsabilidad y espíritu de servicio al buen funcionamiento de la comunidad política.
La Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política ni está ligada a sistema político alguno, es a la vez signo y salvaguardia del carácter transcendente de la persona humana.
La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Este servicio lo realizarán con tanta o mayor eficacia, para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas, habida cuenta de las circunstancias de lugar y tiempo.
