Colaboraciones

 

Laico, laicidad y laicismo

 

 

 

17 octubre, 2026 | Javier Úbeda Ibáñez


 

 

 

 

 

Laico, laicidad y laicismo... tres palabras, un mismo origen, diferentes significados.

La raíz común a estas palabras nos viene del latín laĭcus, y este del griego λαϊκός (laïkós), que significa «del pueblo». Conocer esta raíz nos permite arribar al sentido exacto de las palabras que ahora nos ocupan.

Con frecuencia, entre nosotros, figuras (o figurones) de la Política o de la Cultura, «intelectuales» y famosos «enteradillos» tercian en determinadas polémicas con la inicial y enfática declaración de que el «Estado español es laico». Algunas veces, alguien puntualiza: «El Estado español no es laico, sino aconfesional». Y pocos advertirán que ni el término laico ni el de aconfesional aparecen como calificativos del Estado en la Constitución, aunque el segundo —aconfesional— tiene un claro e inmediato soporte literal en el artículo 16.3 de esta, donde se establece: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal». Con lo cual, podemos, a la inversa, afirmar que, según la Constitución, «el Estado no tendrá carácter confesional» o, más sencillamente, que es aconfesional. Advertir que el Estado es aconfesional y no laico resultará pertinente frente a quien, como ocurre en la mayoría de los casos a los que aludimos, por «laico» se entiende «laicista», que no es lo mismo.

 

Laico

Por laico en derecho canónico se entiende a la persona que vive en medio del mundo, y ejerce su vocación de santidad en las circunstancias ordinarias de la sociedad. La doctrina canonista antigua contrapone laico a clérigo o sacerdote. Naturalmente, la aplicación de este sentido de laico al Estado no tiene sentido.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRALE) define laico, en su segunda acepción, como «relativo a la escuela o enseñanza en que se prescinde de la instrucción religiosa». Por laicismo entiende la Real Academia la «doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, de toda influencia eclesiástica o religiosa». Parece que quienes aplican el adjetivo de laico al Estado tienen en la mente esta última definición. El concepto de Estado laico se refiere, de modo propio, al Estado en que se prescinde de la enseñanza religiosa y, por extensión, al Estado independiente de toda influencia religiosa, tanto en su constitución como en sus individuos. Este uso extendido de la expresión Estado laico parece que es el que se suele emplear.

El laicismo, por su parte, se define como una «doctrina que se contrapone a las doctrinas que defienden la influencia de la religión en los individuos, y también a la influencia de la religión en la vida de las sociedades». En cuanto tal debe considerarse una doctrina que no es religiosa porque se basa precisamente en la negación a la religión de su posibilidad de influir en la sociedad.

Por lo tanto, la cuestión es la posibilidad de que el Estado sea verdaderamente independiente de cualquier influencia religiosa. Consecuentemente, si es posible, los límites de la actuación del Estado en su relación con los individuos.

Esta palabra —laico— es bastante socorrida tanto en el argot religioso como en el político y social. La Iglesia nos habla de ella en numerosos documentos; en tanto que en lo político y social la encontramos frecuentemente como una de las características del Estado. No obstante, la realidad es que pocos conocen su real significado y, por ello, la usan de manera apropiada.

Para empezar, se suele definir en términos negativos: «el laico es el que NO es sacerdote». Incluso la Real Academia Española define esta palabra, desafortunadamente, en este mismo sentido negativo al señalar que el laico es el «que no tiene órdenes clericales». La Iglesia ha reflexionado al respecto y su magisterio se ha desarrollado sin ruptura alguna hasta llegar a una definición en sentido positivo:

«Con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso sancionado por la Iglesia; es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el Bautismo, integrados al Pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos» (constitución dogmática Lumen gentium, 31).

En efecto, la constitución apostólica Lumen gentium sitúa la cuestión en el sentido gramatical, teológico y pastoral exacto: Los fieles laicos somos el Pueblo de Dios al que nos hemos incorporado por el sacramento del Bautismo para el cumplimiento de la misión que nos corresponde en el ámbito secular; es decir: «Buscar el Reino de Dios tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios» (Lumen gentium, 31).

En este sentido, los sacerdotes también son parte del Pueblo de Dios toda vez que han recibido el Bautismo, pero no son laicos pues su misión no está en la secularidad, sino en la celebración (liturgia), en la docencia y en el gobierno de la Iglesia.

San Juan Pablo II, escuchado el sentir de los padres sinodales, acogió la necesidad de profundizar en el alcance teológico del término «índole secular» y por ello nos dejó en su magisterio la preciosa exhortación apostólica post sinodal Christifideles laici en la que afirma:

«[...] En realidad el Concilio describe la condición secular de los fieles laicos indicándola, primero, como el lugar en que les es dirigida la llamada de Dios: “Allí son llamados por Dios”. Se trata de un “lugar” que viene presentado en términos dinámicos: los fieles laicos “viven en el mundo, esto es, implicados en todas y cada una de las ocupaciones y trabajos del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, de la que su existencia se encuentra como entretejida”. Ellos son personas que viven la vida normal en el mundo, estudian, trabajan, entablan relaciones de amistad, sociales, profesionales, culturales, etc.».

«El Concilio considera su condición no como un dato exterior y ambiental, sino como una realidad destinada a obtener en Jesucristo la plenitud de su significado. Es más, afirma que “el mismo Verbo encarnado quiso participar de la convivencia humana [...]. Santificó los vínculos humanos, en primer lugar, los familiares, donde tienen su origen las relaciones sociales, sometiéndose voluntariamente a las leyes de su patria. Quiso llevar la vida de un trabajador de su tiempo y de su región”» (constitución pastoral Gaudium et spes, 32).

«De este modo, el “mundo” se convierte en el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos, porque él mismo está destinado a dar gloria a Dios Padre en Cristo [...]. No han sido llamados a abandonar el lugar que ocupan en el mundo».

Laico es lo autónomo respecto de la esfera religiosa y eclesiástica. Laico, en este sentido, puede y debe predicarse del Estado y, en general, del entero orden temporal (entendida su autonomía según el Concilio Vaticano 11, Gaudíum et spes, n. 36). Laicidad es la condición de laico, es, pues, la autonomía antes señalada. La laicidad del Estado, que es entitativa neutridad religiosa, lleva consigo la exigencia de neutralidad del poder público respecto de las opciones particulares ante lo religioso que, en uso de su libertad religiosa, adopten los ciudadanos. Y esa neutralidad religiosa del poder público exige la aconfesionalidad, condición y garantía del ejercicio de la libertad religiosa por parte de todos en pie de igualdad. Laicismo es la doctrina que defiende, así como la actitud de quien defiende y propugna, la total independencia de todo lo público respecto de lo religioso y la reclusión de todo lo religioso en la esfera de lo privado o, en la versión más suave, la consideración de todo lo religioso como opción particular que puede legítimamente hacerse presente en el espacio público-social, excluido el escolar (que de este modo aparece como ámbito de excepción en el que no es posible el ejercicio de la libertad y/o que se integra —¿en razón de qué?—, en el espacio público-estatal). Laicista será el defensor del laicismo en el sentido inmediatamente antes dicho. Pero laicismo todavía, en español, se utiliza con frecuencia en un sentido contextualmente positivo que sería el propio, si existiera, del término laicidadismo. Laicidadista sería el defensor del laicidadismo.

 

Laicidad y Estado laico

La laicidad señala la característica de su naturaleza laical, señalando la distinción entre la esfera política y la religiosa. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (CDSI) abunda al respecto señalando que la distinción entre ambas esferas «es un valor adquirido y reconocido por la Iglesia, y pertenece al patrimonio de civilización alcanzado» y precisa que:

«Cuando el Magisterio de la Iglesia interviene en cuestiones inherentes a la vida social y política, no atenta contra las exigencias de una correcta interpretación de la laicidad, porque “no quiere ejercer un poder político ni eliminar la libertad de opinión de los católicos sobre cuestiones contingentes. Busca, en cambio —en cumplimiento de su deber— instruir e iluminar la conciencia de los fieles, sobre todo de los que están comprometidos en la vida política, para que su acción esté siempre al servicio de la promoción integral de la persona y del bien común. La enseñanza social de la Iglesia no es una intromisión en el gobierno de los diferentes países. Plantea ciertamente, en la conciencia única y unitaria de los fieles laicos, un deber moral de coherencia”» (CDSI, n. 571).

Por laicidad entendemos la autonomía de la esfera civil y política respecto de la esfera religiosa y eclesiástica —nunca de la esfera moral—. Es esta la concepción de la laicidad que la Iglesia misma reconoce como «un valor adquirido» que «pertenece al patrimonio de civilización alcanzado».

Es importante advertir que, en efecto, la laicidad no es autonomía respecto del orden moral. Para determinados medios que en muy amplia medida parecen señorear el espacio público español —el carácter laico o aconfesional— del Estado situaría el entero orden estatal o, más ampliamente, civil al margen de exigencias morales que, en cuanto proclamadas también desde instancias religiosas, eclesiales, quedarían, solo por eso, marcadas como específica y exclusivamente religiosas, de tal modo que la pretensión de hacerlas valer y aun el mero proclamarlas públicamente constituiría una falta de respeto, cuando no un grave atentado a la laicidad del Estado. Pero el que también las iglesias hagan objeto de su enseñanza exigencias morales que de suyo son válidas para todos no las convierte en exigencias religiosas que fueran válidas solo para los creyentes (no debiera resultar difícil entender esto).

La laicidad es una nota esencial al Estado. Adviértase que, en efecto, el Estado es «entitativamente laico», en cuanto, por exigencia de su propia naturaleza, la cosa-Estado no es sujeto posible de acto religioso alguno, es incompetente en cuestiones formalmente religiosas; y es laico también, por eso, en el sentido de «lego», que ni entiende de, ni está, por lo mismo, legitimado para entender en asuntos (doctrinales, institucionales, etc.) específicamente religiosos. El Estado es religiosamente neutro, como lo es cromáticamente el agua. Cabría hablar antes y más radicalmente de neutridad que de neutralidad religiosa.

Pero esto no quiere decir que el Estado haya de desentenderse de lo religioso por completo. Al Estado le corresponde una indiscutible competencia sobre las manifestaciones sociales, en cuanto tales, de lo religioso en atención a las exigencias del orden público y, en general, del bien común. Sobre todo, incumbe al Estado garantizar la libertad religiosa y, en general, la de conciencia. Hasta tal punto es esto así que, en efecto, la laicidad ha de entenderse ante todo como condición y garantía del efectivo ejercicio de la libertad religiosa por parte de todos los ciudadanos en pie de igualdad. Para asegurar esta igualdad, la laicidad, que es respeto a la pluralidad de opciones ante lo religioso, se traduce necesariamente en neutralidad (de cuantos ejercen el poder público) respecto de todas ellas, neutralidad que, a su vez, exige y supone la aconfesionalidad. La neutralidad religiosa del Estado supone una negatividad por abstención ante cualquier opción particular respecto de lo religioso. La negatividad propia de la opción laicista es, en cambio, la negatividad por positiva negación de cualquier opción religiosa positiva. El sofisma o, como se ha dicho, el «truco» del laicista supone presentar la negatividad propia de su particular opción —negación, en todo caso, de la legitimidad de la presencia pública de todas las opciones religiosamente positivas— como si fuera la propia de la actitud general de neutralidad religiosa que debe guardar el Estado. Pero, evidentemente, no es lo mismo abstenerse de asumir como propia cualquiera de las opciones particulares ante lo religioso que estar contra todas las religiosamente positivas. No es lo mismo no-profesar-religión-alguna que profesar-el-no-a-la-religión. Un Estado que asuma como propia la opción particular laicista, la convierte en confesión estatal, con lo cual pierde su aconfesionalidad, su neutralidad y su laicidad. Paradójicamente el Estado laicista no es un Estado laico, puesto que no sería aconfesional, no sería religiosamente neutral.

Los dos términos —laicidad y laicismo—, habrán de entenderse como complementarios: laicidad, para el ideal ya realizado; laicismo, para la movilización militante y la conquista histórica de la emancipación laica.

Los borrosos y permeables contornos significativos de laicidad y laicismo los exponen a unos usos pegajosamente sinonímicos, fuente de equívocos y alimento de sofismas. Se explica así, por una parte, la habilidad con que unos trasladan a laicismo (como si este fuera el único que le correspondiera) el sentido positivo que puede y debe atribuirse a laicidad y la facilidad con que otros transfieran al término laicidad las connotaciones negativas de las que laicismo no consigue desprenderse.

En el mundo de hoy la laicidad se entiende de varias maneras: no existe una sola laicidad, sino diversas, o, mejor dicho, existen múltiples maneras de entender y vivir la laicidad, maneras a veces opuestas e incluso contradictorias entre sí.

Para comprender el significado auténtico de la laicidad y explicar sus acepciones actuales, es preciso tener en cuenta el desarrollo histórico que ha tenido el concepto. La laicidad, nacida como indicación de la condición del simple fiel cristiano, no perteneciente ni al clero ni al estado religioso, durante la Edad Media revistió el significado de oposición entre los poderes civiles y las jerarquías eclesiásticas, y en los tiempos modernos ha asumido el de exclusión de la religión y de sus símbolos de la vida pública mediante su confinamiento al ámbito privado y a la conciencia individual. Así, ha sucedido que al término «laicidad» se le ha atribuido una acepción ideológica opuesta a la que tenía en su origen.

En realidad, hoy la laicidad se entiende por lo común como exclusión de la religión de los diversos ámbitos de la sociedad y como su confín en el ámbito de la conciencia individual. La laicidad se manifestaría en la total separación entre el Estado y la Iglesia, no teniendo esta última título alguno para intervenir sobre temas relativos a la vida y al comportamiento de los ciudadanos; la laicidad comportaría incluso la exclusión de los símbolos religiosos de los lugares públicos destinados al desempeño de las funciones propias de la comunidad política: oficinas, escuelas, tribunales, hospitales, cárceles, etc.

Basándose en estas múltiples maneras de concebir la laicidad, se habla hoy de pensamiento laico, de moral laica, de ciencia laica, de política laica. En efecto, en la base de esta concepción hay una visión areligiosa de la vida, del pensamiento y de la moral, es decir, una visión en la que no hay lugar para Dios, para un Misterio que trascienda la pura razón, para una ley moral de valor absoluto, vigente en todo tiempo y en toda situación. Solamente dándose cuenta de esto se puede medir el peso de los problemas que entraña un término como laicidad, que parece haberse convertido en el emblema fundamental de la posmodernidad, en especial de la democracia moderna.

 

Laicismo

El sufijo griego «ismo» se utiliza en numerosas palabras, con diferentes significados. En la práctica —aunque no de manera general— se utiliza en sentido peyorativo para señalar una desviación. Por ejemplo, el feminismo de la feminidad, o el populismo de la popularidad. Sin embargo, hay «ismos» no peyorativos sino descriptivos; por ejemplo: impresionismo (estilo pictórico) o capitalismo (sistema político y económico). Esto es así, ya que el sufijo, en estricto sentido, señala un sistema, doctrina o modo de ser.

En el DRAE, laicismo (de laico) aparece definido como «doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa».

Cuando la Iglesia habla del laicismo lo hace para describir la desviación de la laicidad. En este sentido, el laicismo señala la errónea concepción acerca de la fe como enemiga del Estado y de la política. Por ello es común encontrar posturas torpes e inmorales como el pretender destruir la civilización cristiana en aras del Estado laico:

«Esta negación, que deja prever una condición de anarquía moral, cuya consecuencia obvia es la opresión del más fuerte sobre el débil, no puede ser acogida por ninguna forma de pluralismo legítimo, porque mina las bases mismas de la convivencia humana» (CDSI, n. 572).

No parece que sea laicidad el término positivo que hubiera de contraponerse a laicismo. Si laicismo, conforme a su estructura, designa una doctrina y una actitud, laicidad, conforme a la suya, al igual que otros términos semejantes, designará la cualidad o condición de laico. Esa habría de ser la primera acepción que el Diccionario le reconociera a laicidad: «Cualidad o condición de laico». Esa condición, la laicidad, será, en el sentido positivo que aquí le damos, la de «autónomo respecto de la esfera religiosa y eclesiástica», en tanto que, según la definición de laico en el DRAE, consistirá en la «independencia de cualquier organización o confesión religiosa». Ahora bien: la condición de laico —la laicidad (cualquiera sea la definición que de ella se dé)— es la realidad misma, la cosa, a la que se referirá la doctrina y/o actitud que la enseña y defiende. Y el nombre que se designara esa doctrina y/o actitud —sobre y en defensa de la laicidad— habría de ser, si hubiéramos de construirlo ahora, de acuerdo con reglas puramente formales, el de laicidadismo (sit venia verbo). Pero en este momento, ya lo sabemos, es laicismo el sustantivo al que los más acuden para designar tanto la doctrina y actitud que ya hemos caracterizado, como la cosa misma, a la que esa doctrina y esa actitud se refieren, esto es, la condición de laico.

Una vez que se establezca una definición adecuada de laicídad, este sería el término que designara la cosa a la que laicismo se refiriera. Y laicismo podría entonces decirse que es la que defiende la laicidad (con independencia, ahora, de cómo se la entienda), así como la posición de quien sostiene tal doctrina. El término laicismo nos valdría en ese caso para esa doctrina y posición de defensa de la laicidad, en cuanto, aunque no derivado de este mismo término, sí del correspondiente concreto: laico.

 

Dos tentaciones a evitar

El Papa san Juan Pablo II alerta sobre dos tentaciones típicas del laicado: «[...] la tentación de reservar un interés tan marcado por los servicios y las tareas eclesiales, de tal modo que frecuentemente se ha llegado a una práctica dejación de sus responsabilidades específicas en el mundo profesional, social, económico, cultural y político; y la tentación de legitimar la indebida separación entre fe y vida, entre la acogida del Evangelio y la acción concreta en las más diversas realidades temporales y terrenas» (Christifideles laici, n.2). Tomar conciencia de estas tentaciones es principio seguro para evitarlas, permaneciendo fieles a la condición secular del estado de vida de los laicos y de su índole secular en su vocación y misión particulares.

 

La Declaración de los Derechos Humanos

Naturalmente, la independencia del Estado de cualquier influencia religiosa se debe entender en el contexto del derecho a la libertad religiosa. La Declaración de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 2, 1 establece que «toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración sin distinción alguna de (...) religión». El artículo 18, además, indica que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia». El artículo 30, que cierra la Declaración de Derechos Humanos, prohíbe que se interpreten estos derechos en el sentido de que se confiera derecho al Estado para realizar actividades o actos que tiendan a suprimir cualquiera de los derechos proclamados por la misma Declaración.

 

El límite del orden público

Los constitucionalistas contemporáneos suelen poner el límite del orden público en el ejercicio de la libertad religiosa, y así ha sido recogido en la mayoría de las Constituciones en vigor. El orden público como límite al ejercicio del derecho a la libertad de religión —y de otros derechos— se puede interpretar como la garantía del respeto a los derechos humanos por parte de los fieles de una confesión religiosa. El límite del orden público no viene recogido en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero no parece razonable constituir el derecho a la libertad religiosa como absoluto, sin los límites siquiera de los demás derechos humanos. Fuera de los casos en que el ejercicio de la libertad religiosa atente al orden público, el Estado debe garantizar el libre ejercicio del derecho a manifestar la propia creencia religiosa.

 

La Iglesia católica reconoce el derecho a la libertad religiosa

La Iglesia católica, por su parte, reconoce el derecho a la libertad religiosa en la Declaración Dignitatis humanae, del Concilio Vaticano II, en su número 2:

«Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, sea por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana; y esto, de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos».

 

El papel del Estado en la libertad religiosa

Por ambas fuentes —la eclesiástica y la civil— vemos que el papel del Estado en la libertad religiosa consiste en garantizar su ejercicio por parte de los ciudadanos. La libertad religiosa puede tener los límites del orden público, pero nunca se pueden interpretar en el sentido de obligar a nadie a obrar en contra de su conciencia.

Ya se ve que el Estado debe garantizar, no reprimir ni menos aún obligar a recluir la religión al ámbito de lo privado. Cualquier prohibición —de hecho, o de derecho— de las manifestaciones externas de la religión se debe considerar contraria a la letra de la Declaración de los Derechos Humanos. Como se ve, difícilmente se pueden justificar a la luz de la Declaración de los Derechos Humanos una actitud del Estado en que se prohíba el uso de signos distintivos de una religión, como el crucifijo o el velo en las mujeres musulmanas. También se pueden considerar protegidas por el derecho a la libertad religiosa otras manifestaciones, como la difusión de la propia religión ante otras personas, la propaganda siempre que sea respetuosa, o las manifestaciones colectivas como las procesiones, peregrinaciones y similares. El Estado que garantice a sus ciudadanos el ejercicio de la religión en todas sus manifestaciones sigue siendo, por ello, plenamente independiente de la influencia religiosa.

En cuanto al laicismo, dado que se ha de considerar una doctrina más, sería ilegítimo por parte del Estado su promoción indiscriminada. Ante el laicismo, como ante las diversas confesiones religiosas, la actitud del Estado ha de ser la de respeto e independencia. No puede el Estado asumir la defensa del laicismo de la sociedad como fin objetivo, ni en nombre del laicismo se puede reprimir el ejercicio de la religión.

Se puede admitir que el Estado sea laico —en sentido extenso, como hemos visto, se quiere decir que ese Estado es independiente de las confesiones religiosas— pero dado que se puede entender como que en ese Estado no es posible proceder a la instrucción religiosa —lo cual corresponde con la acepción propia de laico—, se ve que el uso del adjetivo laico aplicado al Estado es cuanto menos equívoco. Parece preferible usar otra expresión.

Y desde luego, a la luz de las fuentes citadas, no parece legítimo usar el carácter de laico del Estado —es decir, la independencia del Estado— para prohibir las manifestaciones religiosas. La única excepción son las manifestaciones religiosas contrarias al orden público, pero el orden público no se puede interpretar en sentido de restringir la libertad de los ciudadanos de manifestar su propia religión.

Igualmente, quien defiende posturas laicistas, por el respeto que todos los ciudadanos debemos a la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha de respetar las manifestaciones religiosas de los ciudadanos que sí profesen creencias religiosas. Sería contrario a la Declaración de Derechos Humanos prohibir tales manifestaciones, y demostraría ser un intolerante quien se extrañara de la creencia religiosa de otros. Peores actitudes demostraría quien insultara a un creyente por serlo, o ironizara sobre una doctrina religiosa. Entre estas actitudes tan innobles estaría quien manifestara incomodo porque otra persona llevara un signo religioso o una vestidura religiosa, o acudiera a convocatorias de contenido religioso. Los ciudadanos con creencias religiosas tienen el derecho a que se les garantice el ejercicio de su creencia.

El Papa Pío XII habló positivamente de la «legítima sana laicidad del Estado» (Alocución del 23 de marzo de 1958). En la literatura teológica inmediatamente previa al Concilio Vaticano II y sobre todo después del mencionado Concilio es frecuente emplear el término «laico» como equivalente a «seglar» (= no perteneciente al estado eclesiástico) y en el campo político en el sentido de «autonomía» del poder político respecto a toda posible ingerencia indebida de la religión en la política. La palabra «laico» deriva del latín «laicus» y del griego «laos» (= pueblo, gente del pueblo, etc.). En la Constitución española, al describir las relaciones entre la religión y el poder político, se evitó la palabra «laico».

 

La Constitución española

El artículo 16 de la Constitución española, n. 3, dice: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». Respecto a la enseñanza, la misma Constitución dice en el artículo 27, n. 5 «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Estos dos artículos están situados dentro de la sección 1ª del capítulo 2º que trata de «Derechos y libertades» «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas».

Estos textos constitucionales demuestran que el Estado español no es «laico» en el sentido de hostilidad contra la religión. Al contrario, se deduce de estos textos que la Constitución considera a la Iglesia y a la religión como bienes sociales que el Estado debe proteger, defender, e incluso promover. En el área del valor libertad que el Estado propugna, está la libertad religiosa (Cf. Const. Española, art. 1). En cambio, expresa nítidamente lo que se ha denominado la neutralidad o aconfesionalidad del Estado ante la religión: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal». En el artículo 16, n. 1, de la Constitución se habla de los límites de la libertad religiosa: «Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley».

 

A modo de conclusión

Laicidad: mutuo respeto entre Iglesia y Estado fundamentado en la autonomía de cada parte.

Laicismo: hostilidad o indiferencia contra la religión.

Es el laicismo quien haciendo desaparecer toda otra razón convierte al Estado en la única razón.

La Revolución Francesa trasforma el ejército hasta convertirlo en la gran baza política. El bonapartismo —una obviedad olvidada— es el estadio superior de la versión ilustrada del laicismo de Estado. Es su fase imperialista.

La laicidad del Estado se fundamenta en la distinción entre los planos de lo secular y de lo religioso. Entre el Estado y la Iglesia debe existir, según el Concilio Vaticano II, un mutuo respeto a la autonomía de cada parte.

¡La laicidad no es el laicismo!

La laicidad del estado no debe equivaler a hostilidad o indiferencia contra la religión o contra la Iglesia. Mas bien dicha laicidad debería ser compatible con la cooperación con todas las confesiones religiosas dentro de los principios de libertad religiosa y neutralidad del Estado.

La base de la cooperación está en que ejercer la religión es un derecho constitucional y beneficioso para la sociedad.

Vivimos en un período histórico admirable por los progresos que la humanidad ha realizado en muchos campos del derecho, de la cultura, de la comunicación, de la ciencia y de la tecnología. Pero en este mismo tiempo algunos intentan excluir a Dios de todos los ámbitos de la vida, presentándolo como antagonista del hombre. A los cristianos nos corresponde mostrar que Dios, en cambio, es amor y quiere el bien y la felicidad de todos los hombres. Tenemos el deber de hacer comprender que la ley moral que nos ha dado, y que se nos manifiesta con la voz de la conciencia, no tiene como finalidad oprimirnos, sino librarnos del mal y hacernos felices. Se trata de mostrar que sin Dios el hombre está perdido y que excluir la religión de la vida social, en particular la marginación del cristianismo, socava las bases mismas de la convivencia humana, pues antes de ser de orden social y político, estas bases son de orden moral.

La laicidad del estado no debe confundirse con el laicismo que es incompatible con la libertad religiosa.

«La ideología laicista es incompatible con la libertad religiosa» (san Juan Pablo II, 24 enero, 2005).

La Iglesia apoya el principio de laicidad según el cual hay separación de los papeles de la Iglesia y el Estado, siguiendo la prescripción de Cristo, «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios» (Lucas 20:25). De hecho, el Concilio Vaticano II explicaba que la Iglesia no se identifica con ninguna comunidad política ni está limitada por lazos con ningún sistema político. Al mismo tiempo, tanto la comunidad política como la Iglesia sirven a las necesidades de las mismas personas y este servicio se llevará a cabo de modo más efectivo si hay cooperación entre ambas instituciones.

Pero la justa separación entre Iglesia y Estado no significa que el Estado niegue a la Iglesia su lugar en la sociedad o que se les niegue a los católicos cumplir su responsabilidad y derecho de participar en la vida pública. Un Estado que no da espacio a la Iglesia en la sociedad cae en sectarismo. Esto podría conducir a un aumento de la intolerancia y a dañar la coexistencia de los grupos que forman la nación.

Con este fin se debe permitir a los cristianos hablar en público y expresar sus convicciones durante los debates democráticos, «desafiando al Estado y a sus compañeros ciudadanos sobre sus responsabilidades como hombres y mujeres, especialmente en el campo de los derechos humanos fundamentales y del respeto por la dignidad humana, por el progreso de la humanidad, pero no a cualquier precio, por la justicia y la equidad, así como por la protección de nuestro planeta.